La Generalitat impone a Spanair la entrada en su consejo de administración

Spanair será semipública o no será. Ésa es la filosofía que ha presidido las negociaciones mantenidas en las últimas semanas entre el Govern de la Generalitat y la cúpula de la aerolínea catalana y que permitirá la recapitalización urgente de Spanair. El Ejecutivo catalán se ha negado sistemáticamente a facilitar capital y financiación al grupo que preside Ferran Soriano sin tener un mayor control de la gestión de la compañía. El estira y afloja entre los empresarios privados que forman parte del accionariado y la administración autonómica se ha cerrado en los últimos días con un principio de acuerdo que permitirá a la Generalitat disponer de representación directa en los órganos de gobierno de la empresa con base en el aeropuerto de El Prat, según ha podido confirmar esta publicación en medios empresariales.

Ahora, el capital de Spanair está distribuido entre el 80% que posee Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IEASA) y el 20% del grupo escandinavo de aviación SAS. A su vez, IEASA es el contenedor en el que se agrupan las participaciones accionariales catalanas. La Generalitat accederá al capital a través de IEASA, donde se reúnen el resto de participaciones de socios catalanes.

El preacuerdo negociado supone que el Ejecutivo catalán podrá nombrar a dos consejeros de IEASA. Esa posición le permitirá, asimismo, designar un representante en el consejo de administración de Spanair y, para tener un control más directo del capital público que aportará, tendrá derecho a que su representante forme parte del comité ejecutivo de la compañía.

La diferencia de opiniones entre el Govern y el equipo de Soriano ha sido cuál debía ser el perfil de los representantes del Ejecutivo en el consejo de administración. “No habrá ningún miembro directo del Govern en el consejo”, asegura a Economía Digital un portavoz de Spanair. Soriano y su vicepresidente, Miquel Martí, defienden que la Generalitat designe a algún empresario independiente para representar sus intereses. “Ellos están obsesionados con evitar que se amplifique la opinión de que Spanair es una aerolínea con fuerte presencia del capital público”, aseguran medios de la administración. Las personas que deberán representar a la Generalitat en los consejos de IEASA y Spanair están todavía por decidir, pero existe un consenso implícito en evitar designar a ningún alto cargo del Govern.

La realidad, sin embargo, es tozuda. Aunque desde Spanair y sus impulsores de Femcat (agrupados en la instrumental Volcat) se trasmite la idea de que es el capital público el verdadero impulsor de la iniciativa, en la práctica han sido entidades parapúblicas las que han conformado el núcleo accionarial que permite a la compañía mantener el proyecto vivo. Volcat reúne alrededor del 27% del capital de IEASA, mientras que con la ampliación de capital en curso la sociedad pública Avança dispondrá del 11%. Otras instituciones barcelonesas regidas por derecho público o con fuerte presencia de las administraciones (todas ellas ya presentes en el accionariado) también tendrán participaciones del orden del 15% una vez concluya la ampliación: Fira de Barcelona, Catalana d’Iniciatives y Turisme de Barcelona.