La Generalitat admite que su fiscalidad verde daña la competitividad industrial en Cataluña
Empresas como Naturgy, Repsol, Celsa y Endesa advierten de que ya pagan a Europa por las emisiones y alertan de deslocalizaciones si se implementa el tributo
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al conseller de Economía, Jaume Giró (i). EFE/Andreu Dalmau
El nuevo impuesto a las emisiones de CO2 que la Generalitat de Catalunya plantea imponer a la industria puso en pie de guerra a las empresas. Desde las eléctricas a las grandes compañías manufactureras del territorio levantaron la voz ante un tributo que, aseguran, ya pagan a la Unión Europea y que para ellas solo traerá deslocalización de inversiones. El propio govern admite que es un punto a resolver, pues asume que la medida puede dañar la competitividad de las compañías de Cataluña.
Tras someter el anteproyecto de ley al periodo de consultas, el Departament d’Economia llegó a la conclusión de que el impuesto tiene un «potencial riesgo en el nivel de competitividad de los sectores afectados». La consejería encabezada por Jaume Giró realiza esta valoración después de que una treintena de empresas y patronales le hiciera llegar sus alegaciones a un proyecto de norma que la Generalitat tenía sobre la mesa desde 2017.
El frente empresarial contra la medida está formado por algunas de las principales empresas industriales del territorio —Celsa y Miquel y Costas–, cotizadas del IBEX —Naturgy, Repsol y Endesa— y grandes patronales —Foment del Treball, Ciment Català, Federación Española de Industrial de Alimentos y Bebidas (FIAB) o la Asociación Española de Fabricantes de Papel (Aspapel)–. En total, se recibieron 49 aportaciones.
Después de analizarlas, el govern asume que deberá hacer retoques para no golpear a la industria catalana. Más en un momento en el que los precios de la energía y las materias primas están disparados. Durante la segunda mitad de 2021 vivieron una escalada que se confirmó con la invasión rusa a Ucrania.
En el informe al que ha tenido acceso Economía Digital, la Dirección General de Impuestos y Juegos admite que «existen dos circunstancias que no se pueden obviar»: la primera es el impacto del tributo a la competitividad de los sectores económicos golpeados y la segunda es «la potencial fuga de carbono», por lo que además de segar la economía del territorio tampoco se conseguirían los objetivos medioambientales previstos con la normativa.
La fuga de carbono llegaría de la mano de la deslocalización de inversiones, tal y como amenazaron empresas como Naturgy. La cotizada avisó de que las emisiones de las centrales de ciclo combinado no desaparecerán; se mudarán a otras instalaciones de España. Por ello, el impuesto recaudará menos de lo previsto y supondrá «un riesgo para estas instalaciones, que podrían cerrar temporalmente al no poder cubrir costes».
Con el nuevo tributo, la amenaza para Cataluña no son ya territorios del norte de África, serán regiones de otros puntos de España o del resto de Europa. «Hay que abordar el asunto de las emisiones de manera colectiva, no individual», zanjan las empresas que pidieron modificaciones a la ley.
Además, la Generalitat sabe que nada tiene que ver la coyuntura de los derechos de emisión actual que con la existente en 2017, cuando la ley de cambio climático planteó el tributo. Cuando se diseñó el impuesto, el precio de la tonelada de CO2 rondaba los 5 euros de media. En lo que llevamos de 2022, la media anual supera los 82 euros por toneladas; un incremento del 1.300%. No se prevé una bajada del precio en los próximos años.
El govern admite que será necesario analizar la incidencia «en términos de carga económica» tienen ya los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. No cierra la puerta así a bonificaciones y otros beneficios fiscales complementarios al tributo.
Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios
Todavía en fase de tramitación, el nuevo impuesto puso en pie de guerra a los empresarios catalanes. La patronal Foment del Treball pidió en febrero una «rectificación urgente» a la Generalitat y lamentó que Cataluña es la comunidad autónoma española con más tributos propios. «Cataluña tiene 15 impuestos propios, la comunidad que más tiene», lamentó la organización presidida por Josep Sánchez Llibre.
La institución señaló que cinco de los tributos gravan directamente a la industria. «La conclusión es que la industria en Cataluña está maltratada en relación con otras comunidades», denunció. Por ello, presentó un manifiesto en favor de la industria catalana y centró sus críticas al nuevo tributo. Lo calificó de «inoportuno y desafortunado» al ser planteado en un momento de dificultades económicas para buena parte del sector.
Y no es que la política verde de la Generalitat haya dado muchos resultados. Como explicó este medio, en los últimos años solo se ha añadido 1MW de capacidad de origen renovable. Además, ya instauró otros dos tributos que ecologistas en los últimos ejercicios: el que afecta a las emisiones de CO2 de los vehículos y otro sobre la generación eléctrica.
Pero Cataluña lleva una década estancada a la hora de realizar la transición ecológica que pretende. Todo arranca en 2009 con la implementación del Decreto 147/2009, que a la práctica supuso la imposibilidad de implementar proyectos que terminaron por aterrizar en otros puntos del Estado. El freno dejó al territorio en la cola del país en energías renovables: en 2021 solo el 1,8% de la potencia total en tramitación activa de energías limpias era en la región.
