La inquietante convivencia del déficit con el coronavirus

El Gobierno de Pedro Sánchez dio este jueves un paso más en su carrera hacia la aprobación de los Presupuestos de 2020. El visto bueno del Congreso a la hoja de ruta que defiende el Ejecutivo ha elevado el techo de gasto y alargado el problema del déficit. La nueva senda ya ni contempla la posibilidad de que un empate entre ingresos y gastos para la economía española en los próximos tres años. Sí un déficit descendente, pero que en 2023 será del 0,9%; cinco décimas superior al que en octubre se comunicó a Bruselas para 2021.

Los socialistas llevaban muchos meses peleando para poder sacar adelante sus propios Presupuestos y dejar atrás los de Mariano Rajoy. Pero se han tomado una pequeña revancha y han salido este jueves con el techo de gasto aprobado para 2020 y también más allá.

Este paso también supone un cambio en la estrategia de cara a los inversores de los últimos gobiernos españoles desde la crisis, que habían ido basando su credibilidad en el control del déficit. Nadia Calviño también lo utilizó a lo largo de la pasada legislatura, aunque ha ido matizándolo para ya no hablar del déficit, sino de la deuda.

Es un cambio que se ha ido consolidando del verano a esta parte y que está muy en línea con la preocupación de las agencias de rating -también sobre la reforma laboral-, que no acaban de ver con buenos ojos que el endeudamiento de la economía española equivalga a casi una vez su PIB. En febrero, Moody’s y algunas otras agencias, como Scope Rating, advertían justo sobre este problema, pero recibieron pronto una respuesta.

De hecho, pocos días después, Calviño ponía sobre la mesa que España batía los objetivos de reducción de deuda en 2019. El Ministerio de Economía avanzó hace pocos días que el endeudamiento había caído al 95,5%, «mejorando holgadamente su objetivo previsto en el Plan Presupuestario», señalaba. En octubre, había remitido a Bruselas el compromiso de quedarse en el 95,9%.

No obstante, la mejoría tuvo un poco de truco, porque se construía sobre un cambio estadístico. El Banco de España, que es quien publica los datos de deuda pública según el protocolo de déficit excesivo, explicaba que se debía a una reclasificación que llegaba desde Bruselas. El ajuste reducía el importe de la deuda un 0,3% del PIB, en 3.798 millones.

Apalancándose en este nuevo objetivo y olvidando los del déficit, el Congreso ha dado el visto bueno este jueves a los nuevos objetivos de endeudamiento de España, que contemplan reducirla por debajo del 90% en 2023.

El siguiente reto del gobierno de coalición va a ser convencer a Bruselas de que abra la mano; algo que ya lleva haciendo varias semanas. Sin embargo, la digestión que va a necesitar la Comisión Europea va a ser importante. Porque el nuevo plan presupuestario ha dinamitado el Plan de Estabilidad presentado el año pasado. En él, España adelantaba un déficit del 1,1% para 2020, que se reducía a cero en 2020.

El coronavirus y la amenaza para la economía europea

La incertidumbre económica que está creando el coronavirus puede servir de argumentación ante Europa -y probablemente apoyado por otros países como Italia que ya llevan tiempo quejándose del corsé en gasto que les aplica Bruselas-, de que es necesaria más flexibilidad.

La banca de inversión comienza a a dar por descontado que el Banco Central Europeo (BCE) va a verse obligado a mantener los tipos negativos más tiempo, volver a bajarlos o bien incrementar el programa de compra de activos que tiene en marcha, mientras que van llegando revisiones a la baja para ciertas industrias y para la economía europea.

Así, si Moody’s reducía el miércoles las ventas de coches mundiales, el jueves Bank of America aplicaba la tijera sobre el crecimiento del conjunto de Europa y dos décimas en el caso de España. Y todo aderezado con advertencias de recesión en Italia y de parón completo en Alemania. Un escenario que puede ser un incentivo para que los socialistas sigan resistiéndose a reducir los desequilibrios y cronificando el déficit público.

Según un estudio de la CEOE, las medidas extraordinarias que en los últimos años ha implementado el BCE, han ayudado a que los estados se olvidaran de la consolidación fiscal. «Se observa que, en los países europeos con desequilibrios fiscales, el grueso del ajuste presupuestario realizado se localiza en la etapa anterior al inicio del Quantitative Easing (QE) (2010-2014), a pesar del ahorro vía pago de intereses y de que el crecimiento de la economía durante el QE ha sido sensiblemente superior», apunta.

«Esto es relativamente explicable para países como Irlanda, que ya han concluido su ajuste y presentan superávit, pero no se entiende para otros que aún siguen con recorrido por delante en la consolidación fiscal como España, Francia o Italia», valoraba en en diciembre, en su informe trimestral sobre la economía española. 

«Esto viene a ilustrar que, cuanto mayor es la reticencia inicial de un gobierno a utilizar la ortodoxia económica para contener el déficit público, mayor es también la posterior exigencia y sacrificio para recuperar la credibilidad fiscal», insistía la patronal de las granes empresas españolas. «Aplazar la necesidad de cuadrar las cuentas, solo pospone el problema a costa de hacerlo más grave, y ello, aunque el Banco Central apoye con su arsenal de medidas expansivas de política monetaria», reiteraba.