La cláusula de escape de Sánchez para perdonar la deuda autonómica la diseñó Rajoy

Toda vez que la abstención o el sí de Junts, el partido que lidera de facto el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, será necesaria para la potencial investidura de Pedro Sánchez para un nuevo mandato al frente del Gobierno, la posibilidad de una ‘quita’ de la deuda autonómica con el Estado es una posibilidad cada vez más factible encima de la mesa. Para Cataluña supondría pasar de adeudar 85.566 millones de euros, el 33% del PIB regional, a solo 13.500 millones de euros, apenas un 5% del total de la economía catalana. Más de 71.000 millones (y 27 puntos porcentuales de deuda sobre el PIB) se ‘volatilizarían’ asumidos por el Estado.

Durante la crisis de deuda de principios de la década pasada, el desequilibrio de las cuentas públicas en algunas comunidades autónomas impidió que estas pudieran acudir a financiarse en los mercados con normalidad, como había sucedido hasta entonces. Tal es así que el Gobierno que presidía Mariano Rajoy creó en 2012 el llamado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo para que las regiones pudieran conseguir financiación para el pago de sus facturas, ya que por sí mismas no podían.

Gran parte de esta deuda contraída desde entonces -y con otros mecanismos que, junto al FLA, se integraron en el Fondo de Financiación Autonómico- se ha convertido en una gran carga financiera para comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana, que con un 43,7% de su PIB es la región más endeudada. Es por eso que la posibilidad de una condonación, parcial o total, se ha puesto encima de la mesa para tratar de aliviar las cargas públicas. Sobre todo, porque en la Comunidad Valenciana alegan que este elevado endeudamiento parte de ser una de las comunidades más infrafinanciadas por el sistema de reparto autonómico.

Montoro diseñó el ‘truco’ para la deuda

La Ley de Estabilidad Presupuestaria que diseñó en 2012 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prohíbe explícitamente la posibilidad del perdón de esta deuda. Así, en el epígrafe 2 del artículo 8, se indica claramente que “el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta Ley vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos”.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Como señaló a través de Twitter (X) el profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, Diego Martínez López, la misma norma que prohíbe la asunción de esta deuda contempla la cláusula de escape a la que podría recurrir el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir la investidura.

Concretamente en la disposición transitoria cuarta, que detalla las razones para ‘evadir’ la prohibición que contempla el mencionado artículo. “Los mecanismos adicionales de financiación que se hayan habilitado o se habiliten por el Estado de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera con el fin de que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales hagan frente a las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, para financiar sus vencimientos de deuda o para dotar de liquidez a las Comunidades Autónomas, quedarán excluidos del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 8 de esta Ley”, detalla. Una definición en la que cabría perfectamente la deuda del FLA.

El Ejecutivo no ha acogido con agrado la posibilidad de condonar los 187.029 millones que adeudan las autonomías a través del FLA, aunque no lo ha descartado categóricamente. Encima de la mesa está la posibilidad de reformar el sistema de financiación autonómico, caducado desde 2014, aunque el mismo pack para equilibrar las cuentas podría ser la ‘amnistía’ de las obligaciones regionales con el Estado.