La carta a los reyes de la patronal Seopan
Unas horas antes Seopan utilizaba el sistema de la filtración para enviar un mensaje al gobierno. Después ha sido la propia organización quien lo ha dicho. Se trata de conseguir que las empresas privadas que quieran optar a las grandes infraestructuras consigan fondos públicos para hacerlo.
La patronal que representa las grandes constructoras ha puesto, negro sobre blanco, parte de su programa sobre la mesa. Se trataría de conseguir que el Estado aporte un tercio de la inversión en infraestructuras que está prevista para los próximos dos años.
David Taguas, presidente de la patronal Seopan, reclamó a las administraciones públicas una inversión directa de 10.000 millones euros. Por su parte, las empresas privadas aportarían otros 20.000 millones.
En un encuentro para explicar la posición de la patronal sobre las perspectivas del sector, Taguas insistió en que la puesta en marcha de un plan extraordinario de inversión en obras públicas es “clave para estabilizar la economía e iniciar un nuevo periodo de crecimiento sostenido”. Concretamente consideró que este plan serviría para crear 185.000 nuevos puestos de trabajo sólo en su primer año de funcionamiento.
Hace unas semanas, el ministro de Fomento, José Blanco, dijo que el Gobierno central pretende movilizar recursos valorados en unos 15.000 millones para facilitar la puesta en marcha de las infraestructuras mientras estudia mecanismos que permitan llevar a la práctica las obras.
Seopan quiere que el Estado financie directamente el primer tercio de las obras, que ser realizarían entre los años 2010 y 2012. Una segunda etapa seria asumida por las empresas privadas a partir del llamado método alemán, es decir, las constructoras adelantarían los fondos necesarios para realizar las obras y luego recuperarían dichos fondos a partir de 2012. Para dichas operaciones Seopan quiere que el Estado aporte avales para que las entidades de crédito financien las obras.
El último tercio se podría en práctica mediante concesiones, lo que implica una financiación totalmente privada, que luego se recuperaría mediante el peaje directo o en sombra, es decir, cobrando directamente a los ususarios de la infraestructura o a la administración pública.
