La Caixa disuelve su fundación para cumplir con una ley cómoda para Fainé

La Fundación La Caixa, que administra la mayor obra social de España, ha activado su propia disolución para cumplir con una nueva ley aprobada en las Cortes este diciembre. La institución catalana dio el primer paso con la convocatoria extraordinaria del patronato, reunido este jueves.

El movimiento culminará con la integración en la actual caja de ahorros, que asumirá el rol de fundación bancaria, el nuevo actor financiero que crea la legislación, una vez la asamblea general se reúna este otoño. Resuelto el trámite, la actividad de La Caixa se centrará en la obra social y en la gestión de la participación en su banco, es decir Caixabank.

La norma que remueve el status quo del sistema financiero resulta cómoda para Isidro Fainé por dos motivos. En primer lugar, le permite continuar promoviendo la tarea benéfica, a la que destina 500 millones al año y un fuerte empeño personal; pero también le concede una prórroga hasta 2017 para compaginar la presidencia de La Caixa y de Caixabank.

El melón de la sucesión

El legislador le ahorra la elección entre una u otra institución y abrir a destiempo el melón de la sucesión. Fainé retendrá el mando hasta el último día que le permita la ley, según apuntan diversas fuentes a este diario. El banquero catalán cumplirá 75 años cuando finalice el máximo temporal, aunque ello no supondría ninguna obligación. Emilio Botín ya alcanza los 80 años y no muestra simpatía por la jubilación.

El Congreso estableció una serie de incompatibilidades más duras de las que finalmente han visto la luz para cargos ejecutivos en las fundaciones y en los bancos de los que son accionistas. Los presidentes de las cajas de ahorros tenían un año para ceder su parcela de poder.

Convergència i Unió transaccionó y amplió en 24 meses el periodo de adaptación. La estratagema promovida por el diputado Josep Sánchez-Llibre se interpretó en esferas políticas como una ayuda a La Caixa, la mayor superviviente –aunque no la única— de la reforma financiera emprendida por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2010.

¿Una ley para La Caixa?

El portavoz parlamentario de Esquerra, Alfred Bosch, trasladó a la opinión pública el runrún. “[La nueva ley] puede provocar fracasos todavía mayores por la concentración excesiva de poder”, según consta en el diario de sesiones. El político independentista también señaló ciertos ‘intereses’. Sólo el PP votó a favor; CiU cambió su voto negativo por la abstención al recibir garantías de que sus enmiendas quedaban incluidas.

El resto del arco parlamentario consideró un error adoptar la versión remitida por el Senado, donde extrañamente se modifican textos de calado, con los apuntes que dejaban la pista libre a las intenciones de los presidentes de cajas. El PNV logró la creación de un fondo de reserva para insolvencias, que se gestionará a gusto del presidente de la Kutxa.

Más obra social

Discusiones políticas al margen, La Caixa ha vuelto a adaptarse con celeridad a un marco legal cambiante. Esta vez tampoco agotará los plazos. Es el sello tradicional de la casa al que ni siquiera Josep Vilarasau renunció cuando intentó, de manera infructuosa, adaptarse a las novedades legislativas, pero en su favor y reteniendo el poder. El actual presidente catalán, Artur Mas (CiU), forzó como consejero de Economía la jubilación del ex presidente de La Caixa con el endurecimiento en 2003 de la ley financiera estatal.

Al emprender la nueva mutación, el grupo manda un mensaje de normalidad y que, a pesar de anuncios políticos sobre “el fin de la obra social”, el rol tradicional se reforzará. En 2013, apoyó a 42.000 iniciativas que beneficiaron a casi nueve millones de personas. La mayoría se destinaron a la lucha contra la pobreza en España. La nueva estructura permitirá reforzar esa “capacidad operativa”, informa la institución.