La banca sigue en desacuerdo sobre qué condiciones frenarán un desahucio

El drama de los desahucios en España ya ocupa páginas incluso en el New York Times y, en este caso, la imagen de la banca y la de la clase política del país sale igual de perjudicada por la situación. En un intento de lavar su imagen, las entidades han anunciado este lunes a bombo y platillo que paralizaban las ejecuciones en los casos más flagrantes. Pero han fracasado, de nuevo, en lo primordial de la medida: pactar qué condiciones concretas frenarán un desahucio.

Ni siquiera las dos patronales del sector han conseguido refrendar el texto con el que han comunicado el pacto. La Asociación Española de la Banca (AEB) habla de “paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad” y la Confederación Española de Cajas de Ahorras (CECA) de parar los desahucios en “aquellos colectivos especialmente vulnerables” mientras no se renueve la normativa vigente.

La hora de las entidades

La pelota está en el tejado de las entidades. Antes de que termine la semana, se espera que cada banco apruebe su propio protocolo de actuación para decidir en qué circunstancias se decide refinanciar el préstamo, cuándo se aplica la dación en pago voluntaria, los casos que podrán transformar el crédito en un alquiler social o los que no podrán beneficiarse de ninguna de las opciones anteriores y se les desahuciará.

“No hay nadie que quiera más inmuebles en sus balances”, defienden los portavoces de las patronales consultados por Economía Digital. Asimismo, señalan que se conocerán los criterios que cada entidad ha fijado “muy rápido” porque el contexto actual “no deja margen de tiempo”.

Una nueva cortina de humo

La respuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la entidad que ha movilizado a la población y ha provocado que políticos y bancos movieran ficha, no se ha hecho esperar: “Las decisiones de los bancos y los políticos son meras cortinas de humo”, afirma el portavoz de la organización en el Baix Penedés (Barcelona), Luís Martí.

Equipara la declaración actual con el pacto de buenas intenciones que la banca firmó anteriormente para dejar sin efecto los desahucios que afectaran a familias cuyos miembros estuvieran todos desocupados, no cobraran ninguna ayuda pública y tuvieran niños a su cargo. “Nadie ha cumplido con nada”, denuncia Martí.

Afectados, con voz

“¿Se puede decir que hay acuerdo? ¡Nadie ha hablado con los afectados!”, recuerda la portavoz de la PAH en Castellón (Valencia), María Jesús Garrido. Reclama que la asociación tenga voz en la futura normativa sobre las ejecuciones hipotecarias que pactan PP y PSOE en el Congreso y recuerda que ambos partidos “rechazaron aplicar la dación en pago hace tan sólo un año y medio”.

Garrido también asegura que “nadie” hubiera movido un dedo si la UE no hubiera declarado abusiva la legislación española actual. “No necesitamos un lavado de cara de la norma, queremos una legislación con carácter retroactivo que dignifique a quienes han sufrido una situación muy grave”, sentencia.