La banca andorrana se asfixia tras acabar el paraíso fiscal
El fin del secreto bancario supuso un antes y un después para la banca andorrana, que ha derivado en un "empeoramiento acelerado de la salud del sistema"
Ya esta semana se informó de que la captación y atracción de inversión extranjera en Andorra es «un fracaso absoluto«, según un análisis del Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. La misma institución avisa ahora que hay una batería de «puntos negros» que amenazan de plano el futuro de la banca andorrana.
Coordenadas creó un equipo de trabajo de cara a las elecciones andorradas del 7 de abril, el cual constató que la situación de la banca es compleja y supone incertidumbres que «amenazan su futuro», según un comunicado. Los «puntos negros» a los que se refiere derivan así en un «empeoramiento acelerado de la salud del sistema».
El vicepresidente ejecutivo del instituto, Jesús Sánchez Lambás, dice en el comunicado que la actuación de los poderes públicos andorranos en los últimos años no ha ayudado a la superación de retos planteados al sector bancario, y lo afirma con los resultados de la banca andorrana en 2017 a mano.
El conjunto de entidades logró entonces unos beneficios netos de 131 millones de euros, un 15,5% menos, y unos recursos gestionados de 46.201 millones de euros, un 1,5% más, aportando cerca del 21% al PIB y casi el 5% de empleos del Principado, según los datos que recoge Europa Press.
Los «puntos negros» amenazan el futuro de la banca andorrana
Las autoridades andorranas se han pasado la última década intentando homologar el sistema financiero a los estándares europeos para sacudirse de la etiqueta de paraíso fiscal que le ha acompañado durante años. Este ha sido un esfuerzo «considerable», afirma Coordenadas, aunque no exento de «puntos negros».
Pese a las campañas de imagen del actual gobierno tratando de explicar los éxitos de regulación y normativa llevados a cabo sobre la banca andorrana, la incertidumbre acecha. El fin del secreto bancario, por ejemplo, supuso un antes y un después para la banca, dice el informe del instituto, porque muchos inversores internacionales abandonaron sus depósitos antes de enero de 2017, cuando entraron en vigor los convenios de transparencia con más de 50 países.
Además, el caso BPA, que estalló en 2015, delata una «nefasta gestión política y administrativa», lee el documento de Coordenadas, que asegura que el gobierno de Antoni Martí (DA) no supo reconducir los problemas generados en el sector. Todo esto evidencia un «manifiesto sobredimensionamiento del sector».
El análisis advierte de las «disfunciones» de las autoridades bancarias y del poder político en estas cuestiones y echan de menos un apoyo más decidido y eficaz al conjunto del sector, compuesto por cuatro bancos tradicionales, más Vallblanc, heredero de los activos de BPA que pasó a manos privadas extranjeras (JC Flowers) después de haber sido gestionado temporalmente por la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries d’Andorra.
