La banca abre el grifo del alquiler social como gesto de paz ante Carmena y Colau

Los grandes bancos españoles preparan el acercamiento hacia dos alcaldesas que vislumbran como hostiles. Los directivos de las grandes entidades financieras reconocen que es necesario facilitar un acercamiento con las futuras alcaldesas como gesto de buena voluntad ante la tormeta que se avecina.

Por ello, se ha acelerado la asignación de pisos desde los últimos meses. Salvo contadas excepciones, las entidades están lejos de cumplir con su cuota de alquileres sociales exigida por el Gobierno desde 2013: 1.000 para Bankia, 900 para BBVA, 850 para Caixabank, 441 para Banco Santander, 355 para Cataliunya Banc, y 336 para Banco Popular.

El ritmo de concesión de alquileres sociales, fijados entre 150 y 400 euros mensuales para familias afectadas por desahucios, se ha disparado los últimos meses, según los datos aportados por las propias entidades bancarias. Caixabank había asignado 1.362 viviendas hasta diciembre de 2014 y la bolsa de pisos casi se ha duplicado hasta superar las 2.100 viviendas hasta hoy, según las cifras aportadas por la entidad. El banco asegura que los alquileres sociales son una preocupación que no es nueva y por eso cuenta con 26.000 pisos de alquiler social en toda España.

Aceleración de adjudicaciones

Caixabank y las entidades que engulló han superado con creces los cupos asignados por el Ministerio de Economía (prácticamente lo ha duplicado) pero el resto de entidades se encuentran muy lejos de los objetivos marcados en 2013. Ahora, los bancos admiten que no sólo deben cumplir rápidamente con el cupo sino que también deben superarlo de cara a las exigencias de los partidos surgidos al calor del descontento social por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

Barcelona en Comú y Ahora Madrid señalan a los bancos como uno de los grandes responsables de la crisis y por ello exigen ahora su colaboración para atenuar las consecuencias sociales. En los primeros contactos con ambas aspirantes a las alcaldías, las entidades han sido claras: quieren retribuciones económicas acordes con los inmuebles que aportan para estos fines.  El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha sido aún más ambicioso: pidió a Manuela Carmena que el Ayuntamiento de Madrid compre los pisos vacíos, pero a precio de mercado. 

Un fondo poco creíble

Carmena y Colau proponen una nueva política de vivienda pública para alojar a quienes pierdan su casa. La solución ideada por el Gobierno en 2013 para aliviar el drama de los desahucios no ha cumplido los objetivos planteados. El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.

El despacho de Luis de Guindos admite subrepticiamente el fracaso. El año pasado tuvo que flexibilizar los requisitos para permitir un mayor acceso. Pero el mercado del alquiler social no parece levantar demasiados entusiasmos en la banca con un enorme parque inmobiliario sin uso. BBVA sigue anunciando en su web los 900 pisos que puso a disposición del fondo hace dos años.

«Es una medida cara a la galería a la que muchas familias afectadas no pueden acceder. El Gobierno quiere lucir con los números una política social que no se aplica en la práctica. También hay muchas barreras de acceso ¿Por qué sólo se crea un fondo social para familias desahuciadas por impago hipotecario y no se hace nada para quienes no pueden pagar el alquiler? ¿Esos sí pueden vivir bajo un puente?», se pregunta Chema Díaz, integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla.

El escaso éxito del Fondo de Vivienda tiene reflejo en las cifras contradictorias que presenta el propio Ministerio de Economía. El 4 de febrero el despacho de De Guindos informó que 1.464 familias habían sido beneficiadas por el plan hasta la fecha. Un mes después, aseguró que durante 2014 –un período menor– se habían adjudicado casi 2.000 viviendas. Las cifras desconciertan. Los resultados generan dudas.