AIReF denuncia «falta de concreción» en las reformas del Gobierno

La fecha límite ‘tentativa’ marcada por la Comisión Europea para que los Estados miembros le remitan sus respectivos planes de Recuperación se acerca y en España cada vez son más los organismos e instituciones que denuncian la falta de concreción de las reformas contenidas en el plan de inversiones y reformas que permitirá canalizar los 140.000 millones de euros de fondos europeos que le corresponden a España hasta 2026.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lanzado también la voz de alarma al respecto denunciando que resulta «difícil» delimitar el impacto ex ante en las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal por la falta de concreción de algunos elementos como las reformas estructurales fundamentales, como pueden ser la laboral, la pensiones o la fiscal.

Herrero denuncia que la falta de detalle de estas reformas dificulta poder analizar el impacto que puede tener el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el crecimiento potencial, un «determinante esencial para reconducir los actuales niveles de deuda», según señaló en un seminario organizado por el Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (IEHPA) .

Pide coordinación entre administraciones y una evaluación integral

Herrero afirmó que se puede potenciar el impacto de los fondos europeos con una adecuada coordinación entre las AAPP y una evaluación integral y aseguró que la aprobación de los fondos Next Generation EU constituye el mayor paquete de estímulo de la UE hasta la fecha, con 750.000 millones (5% del PIB de la UE) destinados a mitigar los efectos de la crisis e impulsar la transformación estructural de la UE.

En concreto, España dispondrá en el periodo 2021-23 de una cuantía «sin precedentes», puesto que la combinación de fondos europeos – fondos estructurales y fondos Next Generation EU – disponible cada año en el periodo 2021- 2023 representará en promedio alrededor del 3% del PIB español de 2020, según apuntó Herrero.

Sin embargo, matizó que existen importantes interrogantes para estimar su impacto macroeconómico, ya que por el momento la AIReF ha realizado una estimación muy preliminar y sujeta a elevados riesgos, ante la falta de concreción de las reformas y del Plan por parte del Gobierno.. La institución hará una estimación más completa cuando conozca el detalle del contenido del Plan.

Programación presupuestaria más allá de 2021 y una estrategia fiscal «realista»

Para optimizar el uso de los recursos y el impacto del Plan, la presidenta de la institución consideró que se debe mejorar la coordinación con CCAA y corporaciones locales, realizar un esfuerzo de programación presupuestaria más allá de 2021 y fomentar una evaluación integral desde la especialización y la implicación de una pluralidad de agentes.

En concreto, resaltó la importancia de que el Plan Nacional de Recuperación se integre en el marco de una estrategia fiscal «creíble y realista» que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, tal y como ha recomendado AIReF en varias ocasiones.

Esta estrategia a su juicio debe contar con todos los niveles de la administración, considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos y servir de marco para los planes de reequilibrio de las administraciones públicas.

Para finalizar, Herrero resaltó el canal de financiación sin precedentes que suponen los fondos UE por su magnitud, sostenimiento en el tiempo y por permitir una respuesta sincronizada y simultanea de los países de la UE, al tiempo que resaltó el papel clave que van a desempeñar todos los actores en la selección y diseño de fondos, los proyectos y las reformas para optimizar su impacto.

Igualmente, subrayó la importancia de acompasar los posibles aumentos estructurarles de gasto que impliquen los proyectos con financiación también de carácter estructural, y la necesidad de incorporar y secuenciar los efectos fiscales de las reformas estructurales.

CEOE ve «bastante genérico» el plan: «Queda mucho trabajo»

En la misma línea, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, indicó el martes que tras “varios meses” trabajando con el Gobierno en el marco del diálogo social, el Ejecutivo les presentó el plan hace una semana y lo ve aún “bastante genérico”.

Garamendi cree que al Plan de Recuperación, basado en los pilares de la transición ecológica y digital, la igualdad y la cohesión social y territorial, aún le queda “mucho recorrido” y “mucho trabajo por delante”, puesto que “de momento es bastante genérico”, tras el documento presentado por Sánchez en el que se recogían de forma resumida algunas de las reformas e inversiones.

En este sentido, subrayó que los empresarios quieren ver cómo se van a plasmar estos planes en la iniciativa privada y ha hecho especial hincapié en las reformas estructurales que precisa España, especialmente en las que reclama Bruselas, una de las exigencias de la patronal mostrada en las negociaciones en el diálogo social en lo referido al mercado de trabajo o de pensiones.

Esade ve falta de concreción y de ambición reformista y de inversión

A su vez, EsadeEcPol ha dicho ver como el déficit principal del documento la “tímida apuesta reformista y de inversión” por la educación y el conocimiento, desde la educación no universitaria a las políticas activas hasta su digitalización, pasando por la escasa mención de la reforma universitaria o la baja ejecución del presupuesto de ciencia e I+D.

De manera similar, identifica como deficiencias su “falta de concreción y ambición reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior”.

Por el contrario, destaca tres aspectos positivos principales del Plan de Recuperación, como su “acierto” en el diagnóstico de los principales fallos de la economía española, la adecuación con las prioridades establecidas por la Comisión Europea y las recomendaciones del Semestre Europeo para España, y en particular, en materia de transición ecológica y digital, y “la desaparición de algunas reformas muy cuestionadas que se habían venido lanzando desde algunos sectores del Gobierno”.

El Gobierno alude «complejidad técnica» para no publicar el Plan

Tras meses de contacto continuado entre la Comisión Europea y el Gobierno de España para configurar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Consejo de Ministros aprobó el martes su remisión a Bruselas, si bien la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, eludió concretar las reformas del mismo, más allá de los detalles conocidos hasta la fecha.

La ministra se limitó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a apuntar que el documento definitivo contiene más de 2.000 páginas y a recordar las grandes líneas y objetivos del mismo ya conocidos, pero no entró en detalles sobre las reformas precisas ni los calendarios previstos para las que concentran mayor atención: la reforma laboral, de pensiones y fiscal.

Montero se escudó en la “complejidad técnica” que presenta la plataforma habilitada por la Comisión Europea para que los Estados miembros suban los documentos con los componentes y las fichas de sus respectivos planes para justificar que no se publique el documento definitivo del Plan de Recuperación español, que contiene 110 inversiones y 102 reformas.

Las principales reformas quedan abiertas

El atasco de las negociaciones en el ámbito de la modernización del mercado de trabajo, ante el rechazo de CEOE a la hoja de ruta presentada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y especialmente en lo referido a la negociación sobre las pensiones, ante la oposición a las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han ido demorando la elaboración final del documento.

Tal y como adelantó ED, las principales reformas que solicita Bruselas, pensiones, laboral y de fiscalidad, no se desarrollarán al completo, a la espera de seguir avanzando en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, por lo que el Plan aprobado recoge una hoja de ruta indicativa. De estas forma, la primera que se abordará será la laboral a lo largo del año; mientras que entre finales de 2021 y principios de 2022 será el turno de la reforma de pensiones. La fiscal se aplaza a 2022.

El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se ha marcado como objetivo acometer los cambios antes del verano para una primera fase y ya ha planteado la limitación de la subcontratación y establecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de establecer los salarios.

La propia ministra se reunió la semana pasada con los mandatarios de la UE (vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli) destacando la “buena acogida” a su hoja de ruta. También se ha avanzado, en este caso con consenso de los agentes sociales, en materia de políticas activas de empleo, una de las demandas de Bruselas, con un nuevo modelo al que se destinarán 3.5000 millones.

En el caso de la reforma de las pensiones, el diálogo social se encuentra más encallado ante las críticas de patronal y sindicatos a las medias propuestas por Escrivá, aunque se han dado pequeños avances al realizar el Ministerio un guiño y ceder respecto a la compensación en la revalorización de pensiones con el IPC, así como a no subir las las bases máximas de cotización que iba ligado a un incremento de las pensiones máximas para atraer a CEOE, que se opine a aumentar los costes laborales.

Por su parte, sobre la reforma fiscal se ha constituido el grupo de expertos que revisará todo el sistema tributario, y la ministra Montero ya aclaró que no se acometerán subidas en los Presupuestos de 2022 y que incluso habrá bajadas e incentivos fiscales, tras las palabras de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, respecto a que “no es el momento” de subir impuestos y las críticas del lado empresarial.