La Audiencia Nacional exige 13,5 millones de fianza a los ex directivos de Caixa Penedès

La antigua cúpula de Caixa Penedès ya está imputada por el pensionazo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite este viernes la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Acusa al ex presidente de la entidad, Ricard Pagès Font; a su mano derecha, Santiago José Abella; al ex director general, Manuel Troyano; y a su predecesor en el cargo, Juan Caellas, de delitos societarios y de apropiación indebida por adjudicarse planes de pensiones millonarios.

Los dos últimos no llegaron a cobrar el pensionazo, por lo que se han librado de la fianza millonaria que ha reclamado Pedraz. Pagès y Abella, que sí recibieron la póliza. Tienen 24 horas para pagar 13,5 millones de euros que servirán para hacer frente a las responsabilidades civiles que puedan derivar de su condena. La del ex presidente asciende a 11,6 millones y la de quien era su hombre de confianza, ya jubilado, a 1,9 millones de euros.

Sin cobrar

El juez suspende cautelarmente «cualquier pago» a los querellados derivados de las polizas «consideradas fraudulentas». En el caso de que abone algún plazo, Pedraz ordena a que se le comunique «la cuenta o instrumento financiero de destino».

Por ello, pide que se mande oficio a las aseguradoras AXA Aurora Vida.

Citaciones

Los primeros en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 serán Abella y Caellas, que están citados el 5 de marzo a las 10.30 horas. Dos días después será el turno de Pagés y Troyano, que tendrán que comparecer a la misma hora.

En su auto, el magistrado también oficia a la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Quiere obtener una “copia autenticada de las actuaciones inspectoras e informes que se hayan desarrollado sobre Caixa d’Estalvis del Penedès en relación con las indemnizaciones o pensiones satisfechas a los querellados.”

Personarse en la causa

Pedraz ofrece la posibilidad de personarse en la causa a Caixa d’Estalvis del Penedès y a Grupo Mare Nostrum, la entidad que nació tras la fusión de la entidad catalana con Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra. También abre la puerta a que forme parte de la acusación al Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (Frob).

El fiscal anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, investigó en los últimos meses los planes de pensiones que cobraron los ex directivos. La querella afirma que los ex directivos actuaron “de común acuerdo” para obtener “beneficios particulares” de la caja de ahorros que regían.

Planes de pensiones

Ulled apunta que los imputados se valieron de la ayuda del director de recursos humanos Jaume Jorba –recientemente fallecido– y del resto de querellados. Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una «desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo».

Desde 2001, los querellados «se auto-concedieron» derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran la entidad. Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros. En total, 31.652.917 euros.

Además, el fiscal asegura que lograron mantener estos pagos «en una convincente penumbra mediante informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y extensión». No informaron de las pólizas ni durante el proceso de fusión ni tras la intervención del Frob.