Junqueras confía en que Linde tolere su banco público

Cataluña inició durante la anterior legislatura la creación de su banco público, a instancia de ERC, que ahora ocupa la conselleria de Economía. Para culminar el proceso, el Institut Català de Finances (ICF) depende del Banco Central Europeo (BCE) y de la unión bancaria europea, aunque quien debe solicitar los trámites es el Banco de España, gobernado por Luis María Linde. Por ahora no lo ha hecho, pero el ICF no tiene ninguna duda de que lo hará cuando se lo pida y no pondrá obstáculos a pesar del clima político y las malas relaciones entre ambos gobiernos.    

Josep Ramon Sanromà, consejero delegado del ICF, ha explicado este lunes que la entidad, propiedad al 100% de la Generalitat, ya ha completado todos los trámites a nivel catalán para cumplir la normativa y poder ser un banco público de inversión. El último trámite fue el nombramiento de varios consejeros independientes para adaptar la junta de gobierno y las comisiones a las normas europeas.

Ahora el balón está en el tejado de Europa, donde empiezan las dificultades. La entidad no ha pedido todavía la ficha bancaria porque espera a ver cómo avanza la unión bancaria en materia de regulación, específicamente en lo referente a los bancos públicos regionales. El ICF está trabajando con la Asociación Europea de Bancos Públicos, de la que es miembro desde 2014.

«Relación extraordinaria»
 
Sin embargo, el Banco de España también juega un papel importante. Aparentemente es un intermediario, porque quien otorga las licencias es el BCE, pero la institución que gobierna Luis María Linde podría bloquearlo, ya que el banco que preside Mario Draghi actúa a propuesta de los reguladores estatales.

Sanromà no ve este hecho un problema: «Es un intermediario. Tenemos una relación extraordinaria con ellos y, en todas las conversaciones que hemos tenido, nunca ha salido el tema de la independencia». El consejero delegado del ICF ha asegurado que si no se ha pedido la ficha bancaria no ha sido por un bloqueo del Banco de España, sino porque «ahora no tiene mucho sentido pedirla, hay que ver cómo evoluciona la unión bancaria».  

No cambiará casi nada

A pesar de este empeño en convertirse oficialmente en un banco público, Sanromà ha insistido en que no cambiará su actuación: «El día en que nos den esta licencia, no haremos nada diferente. Lo único que tendremos es más facilidad para llegar a los mercados». De hecho, ha asegurado que «a efectos prácticos, el ICF ya actúa como un banco público de inversión».    

Respecto al acceso a los mercados, actualmente la entidad comparte la calificación de Cataluña como bono basura, ya que el Govern es su accionista único. Por ello lo tiene difícil en los mercados, aunque no recurre demasiado a ellos. La mayoría de los fondos lo obtienen vendiendo deuda a fondos de renta fija y family office, que «entienden que la situación del ICF es distinta» de la de la Generalitat. En los mercados obtuvo unos 100 millones en 2015.    

Mejor resultado pero mayor morosidad

La institución ha presentado este lunes sus resultados de 2015, cuando ayudó a 1.414 empresas con 2.140 préstamos y avales, por valor de 694,7 millones de euros, un 5% menos que en el año anterior. El resultado neto fue de 8,6 millones, un 8,9% más que en 2014.

La mejora de la situación de las empresas y del flujo de crédito ha hecho que el ICF haya reducido en casi 500 millones, hasta 3.192 millones, sus activos totales, y que haya iniciado un cambio de estrategia, rebajando el riesgo de las operaciones. A pesar de ello, su ratio de morosidad subió tres décimas en 2015, hasta el 13,8%, casi cuatro puntos por encima del ratio del sector.