Ni IVA, ni IRPF, ni Sociedades: los expertos de Montero se centran en armonización e impuestos verdes
Los expertos idean varias propuestas de armonización que tendrá que negociar el Gobierno con las CCAA y no abordan cambios de calado en los grandes impuestos, pero sí tratan la fiscalidad de criptomonedas o las transacciones digitales
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una entrevista con Efe en la que descarta incluir en los futuros Presupuestos de 2022 concesiones políticas «que nada tienen que ver con las cuentas públicas» pese a la «tentación» de algunos partidos de mezclar las negociaciones. EFE/J.J. Guillén
El comité de expertos encargado de la elaboración del denominado ‘Libro Blanco’ sobre la reforma tributaria ultima sus borradores para remitir a final de mes al Gobierno sus propuestas que, lejos de plantear una reforma fiscal en profundidad, conllevará una panoplia de propuestas generales centradas sobre todo en la armonización de impuestos patrimoniales, los impuestos verdes y la fiscalidad de nuevas realidades como las criptomonedas o las transacciones digitales.
El grupo de trabajo, de carácter multidisciplinar formado por 15 especialistas en el ámbito del derecho tributario, la economía y la Hacienda Pública, tras la reciente marcha de dos miembros por discrepancias con el alcance del estudio y supuestas presiones, perfila los últimos trabajo en las distintas ponencias con la previsión de remitir un primer borrador a finales de mes, de forma que Hacienda pueda realizar aclaraciones y cerrarse el documento como máximo el 28 de febrero, cumpliendo con el compromiso con Bruselas fijado en el Plan de Recuperación.
Fuentes de este comité rebajan las expectativas sobre el contenido del documento final al aclarar a Economía Digital que no se incluirán apenas cambios en los grandes impuestos españoles, como el IVA, IRPF o Sociedades, sino que se pone el énfasis en el estudio de la polémica armonización patrimonial, el foco por el que Hacienda libra una batalla política con las comunidades gobernadas por el PP, sobre todo la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso.
Los trabajos de las distintas ponencias se acotan a este ámbito, así como al estudio «muy general» de la fiscalidad medioambiental con una batería de «propuestas y distintas opciones», la imposición en sociedades en lo relativo a la evasión de grandes fortunas y el tratamiento fiscal, así como la tributación de las actividades económicas emergentes, en aspectos nuevos como las criptomonedas o las transacciones digitales.
Desde el entorno del comité explican a este medio que no se está elaborando un plan para una reforma fiscal integral. «No cogemos todos los impuestos y los desmenuzamos, sino que se nos pidió un acuerdo conforme a la Agenda 2030 para ajustar el sistema fiscal y moverlo mínimamente para dar respuesta a nuevas realidades«, explican las mismas fuentes.
De esta forma, aclaran que se trata de un trabajo académico en el que se ordenan los «pros y contras» de las distintas opciones, pero lanzan un mensaje de «tranquilidad» para las empresas familiares y los fondos de inversión, al considerar que se está trasladando una idea «exageradísima» sobre este trabajo.
Sin apenas cambios en IVA, IRPF y Sociedades
En este sentido, rebajan las expectativas que se han generado en torno al trabajo de este grupo de expertos y aclaran que no están realizando una propuesta pormenorizada de cada uno de los tributos con cambios, y aminoran su alcance respecto al trabajo encargado por el anterior Gobierno del PP en 2014, el conocido como informe ‘Lagares’ (el presidente de aquella comisión de expertos era el profesor Manuel Lagares), que constó de 444 páginas con 125 propuestas de reforma y 270 modificaciones impositivas.
Aunque todavía «no hay nada cerrado del todo», el comité por ahora ha abordado «muy poca cosa» respecto a los grandes impuestos españoles, como son el IVA, el IRPF o Sociedades, y ello a pesar de que la Autoridad Fiscal y organismos como el Banco de España han recomendado evaluar estos impuestos, sobre todo el IVA, con una revisión paulatina de los tipos reducidos del IVA para mejorar su eficiencia distributiva.
Así las cosas, el comité de expertos apenas planteará cambios en los dos principales impuestos, como son el IRPF, cuya recaudación superará la barrera de los 100.000 millones este año, en torno al 43% de la recaudación tributaria total, ni tampoco habrá casi propuestas de cambios en lo referido al IVA, a pesar de que este impuesto recauda en torno a 75.000 millones de euros, en torno al 30% del total de la recaudación tributaria.
Se pone el foco en el uso de sociedades para la elusión fiscal y las distorsiones en las formas societarias
Tampoco se incluirán grandes modificaciones en lo referido al Impuesto de Sociedades, aunque a nivel recaudatorio es de mucha menor importancia, ya que este año recaudará menos que antaño, con unos 25.000 millones, un 10,7% del total. Cabe recordar que los Presupuestos de este año ya incluyeron un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, con apenas impacto.
«No hay redefinición de bases imponibles ni gravaciones diferentes, solo comentarios generales«, confirman las mismas fuentes. No obstante, el informe sí pone el foco en el uso de sociedades para la elusión de impuestos.
Y es que en materia de planificación fiscal se abordarán las distorsiones a la hora de establecerse las distintas formas societarias, por ejemplo, de un autónomo a la hora de elegir declarar por iRPF por el sistema de módulos o por Sociedades, con las implicaciones fiscales y mercantiles que una y otra opción conllevan. «Abordamos la distorsión que se produce a la hora de definir una forma societaria por el tratamiento fiscal en vez de por la naturaleza del negocio», precisan.
Armonización fiscal: varias opciones a dialogar con las CCAA
El punto del trabajo del comité de expertos que sin duda está centrando mayor interés es el referido a la armonización fiscal de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, ante la ‘guerra fiscal’ que mantienen abierta el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y las CCAA del PP, sobre todo la región madrileña presidida por Isabel Díaz Ayuso, defensores de la política de bajos impuestos.
Los expertos plantearán distintas opciones en su documento, entre las que figurarían una fórmula estatal que incluya una compensación a las CCAA que aplican en mayor medida estos tributos por los ingresos que dejarían de percibir o la fijación de una cuota mínima estatal, lo que dejaría margen a las regiones para poder subir los tipos o mantenerlos en el suelo que eventualmente se fijase.
La cuestión de la armonización de impuestos lleva enfrentando al Gobierno y a la Comunidad de Madrid desde hace meses y ahora torna en un punto de inflexión ante la aprobación por parte de la región de Díaz Ayuso de una ley de autonomía fiscal para blindar a los madrileños de las posibles subidas impositivas por la armonización.
«La idea es mantener al máximo la capacidad tributaria de las CCAA y finalmente lo tendrá que pactar el Gobierno central», apuntan desde el entorno del comité, desligándose de cualquier tipo de imposición al plantear hasta cuatro vías distintas, cumpliendo con el objetivo anunciado y defendido a ultranza por Moncloa y la ministra Montero en contra de las regiones a las que acusan de realizar ‘dumping fiscal’, como a Madrid.
Se baraja la posible introducción de horquillas estos impuestos patrimoniales, pero, a la postre, la armonización limitaría la capacidad fiscal de las CCAA en lo que a los denominados impuestos cedidos se refiere, ya que se obligaría a fijar un tipo suelo en regiones donde se encuentran bonificados en su práctica totalidad, como es el caso de las regiones ‘populares’ de Madrid, Andalucía o Murcia.
Plusvalías de criptomonedas, transacciones digitales e impuestos verdes
En otro de los ámbitos en los que trabajan las ponencias de la comisión es en lo referido a la modernización del sistema fiscal español a través de la incorporación de directivas europeas relativas a la economía digital y una batería de propuestas en materia de fiscalidad medioambiental, en línea con las líneas marcadas por Europa y comprometidas en el Plan de Recuperación.
A grosso modo se recogerán contribuciones para ver cómo tratar las transacciones digitales ante la dificultad de determinar las bases imponibles, así como la forma de gravar las plusvalías de las criptomonedas en lo que afecta al cumplimiento fiscal y, por ende, a la recaudación. Con todo, recuerdan las mismas fuentes que se tendrá que regular en línea con lo que se decida finalmente ne el marco de la OCDE y la Comisión Europea.
A su vez, otra de las ponencias culmina sus trabajos con una batería en materia de imposición medioambiental, que recogerá un gran número de propuestas en línea general, como la centralizacion de tributos autonómicos como el impuestos al os residuos, y los tributos impulsados a los plásticos, a los gases fluorados, la aparcada revisión de las bonificaciones al diésel o también el impuesto específico a los billetes de avión, según adelantan a este medio.
El informe defiende que estos impuestos son regresivos y por tanto sería preciso fijar compensaciones, aunque se subraya su necesidad por motivos medioambientales. Tampoco se incluirá en el informe recomendaciones respecto a la reforma de financiación autonómica (ni local), cuyos trabajos ya ha comenzado el Ministerio de Hacienda tras trasladar en diciembre un primer borrador sobre su propuesta sobre el criterio de población ajustada a la que contestarán las CCAA a finales de mes.
Dos miembros abandonan el comité
La recta final de los trabajos del comité de expertos para la reforma fiscal se ha producido entre turbulencias ante la marcha de dos de dos de sus integrantes, los catedráticos de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio y de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri. Desde el entorno del comité aseguran que la marcha en el primero de los caso se debe al desencanto ante un trabajo para una reforma de «mínimos» frente a las expectativas iniciales que manejaba.
Pese al abandono antes de terminar sus trabajos, en el comité creen que se podrá culminar el trabajo a finales de este mes y dará tiempo a presentarlo a Hacienda para que se cumplan los plazos previstos con la fecha límite del 28 de febrero. Respecto a las posibles presiones, miembros del comité niegan este supuesto.
Fuentes del Ministerio de Hacienda también subrayan a Economía Digital que el comité de expertos es «autónomo e independiente» y niegan cualquier tipo de injerencia. Una vez los expertos publiquen el Libro Blanco, el Gobierno analizará la propuesta y especificará los siguientes pasos, que en principio pasan por aprobar alguna medida este año pero dejar el grueso de los cambios para los Presupuestos de 2023 –el Plan de Recuperación solo consigna la entrada en vigor de las recomendaciones del comité en el primer semestre de 2023–, año en el que previsiblemente tendrán lugar las elecciones generales, lo que podría complicar la hoja de ruta fiscal del Gobierno.
