Institut Ostrom recomienda al Gobierno que dé autonomía financiera a las CCAA
Según el centro de estudios, las administraciones regionales solo tienen capacidad normativa sobre el 16,3% de los tributos, aunque los impuestos suponen el 87,9% de sus ingresos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una foto de archivo. EFE / JuanJo Martín.
España es un estado descentralizado administrativamente en 17 comunidades y dos ciudades autónomas, pero las regiones no gozan de plena autonomía tributaria para gestionar sus impuestos. Así lo constata un informe publicado por el centro de estudios Institut Ostrom, en el que detalla que las administraciones regionales solo gestionan directamente, es decir, tienen capacidad normativa, sobre el 16,3% de los tributos.
Este debate cobra ahora especial relevancia por la cercanía de las elecciones autonómicas de 2023, ante las cuales ciertas autonomías han decidido rebajas fiscales en sus tramos autonómicos, y por la inminente aprobación del Impuesto de Solidaridad estatal a las grandes fortunas, que trata de «armonizar, por la puerta de atrás, el Impuesto sobre el Patrimonio», según el Estudio, después de que varias regiones, como Madrid y Andalucía, lo hayan bonificado totalmente.
Según el informe de Institut Ostrom, hasta un 87,9% de los ingresos de las comunidades autónomas «tienen la forma de ingresos tributarios» en contraste con las transferencias del Estado, que apenas suponen el 12,1% restante. Además, el sistema de financiación autonómica español combina un alto grado de descentralización del gasto público con un grado muy bajo de descentralización de los ingresos públicos. En el caso del IVA o de los Impuestos Especiales, por ejemplo, las comunidades autónomas «solamente obtienen un porcentaje del rendimiento generado en su propio territorio, pero no pueden decidir sobre ningún elemento del impuesto», detalla el estudio.
La modificación de impuestos autonómicos tarda 3 años en reflejarse
Según el autor del informe, el economista Santiago Calvo, «existe una clara asimetría entre los gobiernos central y autonómicos en lo referente a la responsabilidad fiscal». Algo que provoca que, en el caso de que el Gobierno central eleve el impuesto en su tramo, se refleje de manera momentánea en las retenciones aplicadas en las nóminas de los trabajadores, pero, si es un gobierno autonómico el que lo hace, «la demora puede ser mucho mayor».
Según Calvo, si un gobierno regional modificara su tramo en diciembre de 2022, el contribuyente no lo percibirá hasta la primavera de 2024, cuando se realice la declaración de la renta del ejercicio 2023. Además, la liquidación final del sistema de financiación autonómica no se realiza hasta 2025. Es decir, «puede haber un retraso de hasta prácticamente tres años hasta que la medida tenga un impacto recaudatorio en las arcas autonómicas», explica Calvo.
Es por esto que el Institut recomienda dotar de «plena autonomía financiera a las CCAA en la gestión de sus impuestos, haciéndoles responsables del coste electoral y económico de las bajadas o subidas de impuestos que apliquen«. Además, el estudio respalda que esta medida produciría una mejora de la eficiencia asignativa del sector público y la competencia interjurisdiccional promovería «buenas políticas con el fin de atraer bases imponibles».
También propone un aumento de la transparencia del modelo de financiación autonómica; separar el tramo autonómico del IRPF del estatal y una nivelación de recursos del sistema por unidad de necesidad para lograr mejoras en equidad y eficiencia.
