Los inspectores de Trabajo irán a la huelga en febrero si Hacienda no deja de bloquear su refuerzo

Ultimátum claro y directo de los inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social al Gobierno en su conjunto: irán a la huelga en febrero si el Ejecutivo no cumple con el acuerdo formalizado el pasado mes de julio con el Ministerio de Trabajo para el refuerzo de plantilla y material y la mejora de condiciones.

Así lo han anunciado este martes las organizaciones de trabajadores representantes de la práctica totalidad de la plantilla de Inspección de Trabajo —CCOO,UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT—, tal y como había adelantado Economía Digital.

«En el mes de febrero, si no hay soluciones definitivas y realmente no se fortalece la Inspección, la huelga y la convocatoria de movilizaciones se realizará por parte de todas las organizaciones», ha advertido en una rueda de prensa el responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de la Federación De Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), Josetxo Gándara.

Aunque el responsable sindical ha mantenido que las organizaciones siguen «abiertas a la negociación», la inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (Sitss), Ana Ercoreca, ha rechazado la «excusa» dada por el Ministerio de Trabajo de que el acuerdo suscrito en julio se encuentra en fase de estudio y se creará un grupo de trabajo.

Denuncian el «bloqueo» del Ministerio de Hacienda

El colectivo de inspectores y subinspectores inició a principios de año las reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la mejora de sus condiciones de trabajo y el pasado 7 de julio se cerró un acuerdo con el apoyo de la Dirección General de Inspección, la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Tras cinco meses de espera, los sindicatos han denunciado que no han recibido «ningún feedback ni solución», a pesar de que las medidas recogidas en dicho plan «pueden asumirse presupuestariamente», y de que ya había una demora previa de tres años desde el compromiso generalizado en 2018 de acometer una reorganización y rediseño de plantilla en 2018, después de la Ley ordenadora del sistema publicada en 2015.

Ambos dirigentes sindicales han denunciado el «bloqueo absoluto» realizado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya que, según ha indicado Gándara con base en la explicaciones dadas por el Ministerio de Trabajo, el acuerdo rubricado con el departamento de Yolanda Díaz no prospera porque la decisión es frenada por la secretaría de Estado de Hacienda.

En este sentido, ha lamentado que una vez alcanzado un acuerdo con la «supuesta vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz)» se imposibilite «a nivel político» que salga adelante por áreas del Gobierno inferiores a las de Díaz, lo que evidencia su «debilidad».

Déficit de plantilla: se necesitan al menos 1.250 efectivos adicionales

En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.

Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.

Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, según ha indicado Gándara, que sostiene que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018.

Material y organización

En paralelo, reclaman la mejora de la oferta de empleo público, puesto que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir debido a que los opositores optan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones laborales.

En este sentido, han recordado que una de las medidas del acuerdo de julio pasa por cerrar la brecha salarial y alcanzar un mayor grado digitalización. Gándara ha denunciado además que pese a los anuncios del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo referido a las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial, «se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución».

Gándara (CCOO) habla de «desesperación y cansancio» en la plantilla ante la sobrecarga de trabajo asumida, por lo que junto a Ercoreca han insistido en que si no hay «voluntad política» y se cumple el acuerdo suscrito irán a la huelga en febrero.

Ercoreca (Sitss) ha subrayado que la Inspección de Trabajo es una institución centenaria que ha sabido adaptarse a las circunstancias, asumiendo mayor carga de trabajo y sobreponiéndose tras un «cierataque», pero necesita que se cumpla el acuerdo para su modernización y dotar de recursos personales y materiales, así como poner fin a antiguos problemas de desigualdad salarial entre los distintos niveles de trabajadores.

«No se va a eliminar la temporalidad y la precariedad si no se fortalece la Inspección»

En esta línea, la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (Sitss), Ana Ercoreca, ha advertido de que «no se va a eliminar la temporalidad y la precariedad» como pretende el Gobierno con la reforma laboral si no se fortalece la Inspección. «De nada sirven los planes ni la reforma laboral si no se lleva a cabo el refuerzo de la Inspección», ha apostillado.

Ha advertido de que el discurso gubernamental se centra en la reforma laboral para atajar la temporalidad y la precariedad, en subir el SMI, el plan contra los golpes de calor o los accidentes de trabajo, sibien como no se refuerce la plantilla y los medios de Inspección todo ello «quedará en papel mojado».

Y es que la ratio de un inspector o subinspector por cada 1.459 centros de trabajo es «insuficiente» para realizar el control de las relaciones laborales, de empleo y desarrollar la pretendida oficina de lucha contra el fraude y la discriminación y el trabajo transaccional recogidos en el nuevo Plan Estratégico. Con todo, ha remarcado la relevancia de la función de la Inspección para aflorar el fraude, tras haber convertido más de 300.000 contratos temporales en indefinidos.

«Se dice que la Inspección es fundamental pero se está dejando morir», ha denunciado a renglón seguido Gándara (CCOO), exigiendo que se cumpla el acuerdo de julio y no se pretenda «renegociar» lo ya acordado, máxime cuando la mejora del 20% del presupuesto permite financiar las medidas suscritas y «alguna adicional».