Los inspectores de Trabajo desconvocan su huelga y dan 3 meses a Díaz para cumplir con su refuerzo
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desconvocan su primera huelga de este miércoles tras prometer Trabajo 6 millones extra en productividad y 200 interinos, así como acelerar el acuerdo del pasado julio
Concentración de inspectores de Trabajo y Seguridad Social por el incumplimiento del acuerdo para reforzar plantilla y mejorar la organización
Alivio en el Ministerio de Trabajo al frenar una nueva huelga, en este caso del sector de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Los ocho sindicatos del cuerpo convocantes de los paros y de la primera huelga de su historia este miércoles, 30 de marzo, han desconvocado el paro de 24 horas tras negociar con el Ministerio de Trabajo algunas mejoras pero, eso sí, le dan un plazo de tres meses para cumplir antes de volver a convocarla.
El departamento de Yolanda Díaz, tal y como había adelantado Economía Digital, convocó ‘in extremis’ al comité de huelga a este martes para tratar de frenar la huelga y, tras tres horas de reunión, las partes han llegado a un entendimiento al haber realizado el Ministerio del Trabajo varios compromisos, según informan fuentes presentes en la negociación.
En concreto, Trabajo se compromete a realizar las actuaciones precisas para implementar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada el pasado 7 de julio de 2021, ante el Ministerio de Hacienda, que mantiene bloqueado dicho acuerdo suscrito entre Trabajo y los sindicatos hace ya ocho meses, siendo éste el principal motivo de los paros y la huelga (ya desconvocada) al imposibilitar el refuerzo de la plantilla y el material del cuerpo. Los sindicatos denuncian el incumplimiento sistemático de dicho acuerdo en medio de «graves carencias» de plantilla, déficit de recursos técnicos y materiales, ausencia de carrera profesional y de horizonte laboral y falta de reconocimiento y de dignificación de las funciones del personal.
Mientras tanto, Hacienda y Función Pública inicia el refuerzo del organismo con 6 millones de euros en productividad excepcional, que se pretende repartir en una horquilla entre 2.100 y 1.100 euros entre todos los miembros de la plantilla, así como el aumento del número de la plantilla con 200 interinos de personal administrativo, vinculados a vacante y también a oferta de empleo para transformarlos en estructurales.
También se compromete la revisión de la relación de puestos de trabajo (subidas pendientes y reclasificaciones de categorías) estimada en otros 13 millones, según ha comprometido Trabajo con los sindicatos convocantes: –CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT—.
«El departamento que dirige Yolanda Díaz nos ha pedido un plazo de tres meses para recabar la autorización del gasto por el Ministerio«, ha informado CSIF, que valora la propuesta pero avisa de que el aplazamiento «no es un cheque en blanco», por lo que mantendrá la presión y estarán «vigilantes».
Recelos entre los sindicatos por las «medidas parche»
Aunque las organizaciones han consensuado la desconvocatoria, no todas se han mostrado favorables al no fiarse de la palabra del Gobierno y ver insuficientes las medidas comprometidas. Desde CCOO explican que no han querido romper los principios en los que se ha apoyado la plataforma desde el inicio de la misma, pero precisan que ellos «nunca» hubiesen realizado la desconvocatoria.
«Se pone en peligro que se materialice el acuerdo del 7 de julio del año pasado y parece dar a entender que con las dos medidas parche se da la solución que necesita la Inspección por conseguida, pero desgraciadamente esa ha sido la decisión de quienes hemos impulsado hasta hoy la plataforma», alerta CCOO, que asegura que seguirá trabajando para conseguir el refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CSIF reitera su denuncia por el grado de abandono en el que se encuentra la Inspección. La plantilla está compuesta por 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que la población activa española se sitúa en los 20 millones. «El sistema está condenado al fracaso con recursos insuficientes y una plantilla completamente desbordada ante las necesidades que plantean las relaciones laborales», alerta, a lo que se suman los «constantes movimientos de ERTES y los que tendrán lugar como consecuencia de la crisis económica».
Déficit de material y plantilla: se necesitan al menos 1.250 efectivos adicionales
En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.
Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.
Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, ya que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018.
En paralelo, reclaman la mejora de la oferta de empleo público, puesto que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir debido a que los opositores optan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones laborales. En este sentido, recuerdan que una de las medidas del acuerdo de julio pasa por cerrar la brecha salarial y alcanzar un mayor grado de digitalización. Desde CCOO también denuncian que pese a los anuncios del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo referido a las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial, “se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución”.
