Los inspectores de Trabajo amenazan con huelga ante el «abandono y desprecio» de Yolanda Díaz

Las plantillas de la Inspección de Trabajo y del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) se mantienen en pie de guerra contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por el «abandono» que consideran que somete a los organismos, saturados desde hace meses y con pérdida de efectivos desde hace años.

Los trabajadores aseguran a Economía Digital que se piden constantemente voluntarios para hacer horas extra para poder cumplir con la gestión encomendada y los sindicatos hablan de «fase de conflicto» ante el «caso omiso» de la vicepresidenta segunda a sus cartas y constantes peticiones de reuniones para abordar lo que consideran problemas estructurales que se agravan en el tiempo y ponen en riesgo los servicios públicos.

Tanto es así, que los sindicatos de la Inspección de Trabajo ultiman el anuncio de paros y huelga en la institución si el Ministerio no atiende sus peticiones, según han confirmado a Economía Digital en fuentes sindicales, en ámbitos como el del refuerzo de plantilla y de medios que reclaman desde 2015 y organización ante la creación del organismo estatal, entre otros.

Las organizaciones de trabajadores representantes de la práctica totalidad de la plantilla de Inspección de Trabajo —CCOO,UGT, CSIF, Sindicato Inspectores de Trabajo, CIG, Fesess, Sislass y UPIT— se han unido para dar la batalla ante las «carencias» en el organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, advierten, puede llegar a poner en riesgo el servicio público de la institución.

«Fase de conflicto» ante un servicio en riesgo

El pasado mes de julio toda la representación sindical y profesional del organismo alcanzó un acuerdo para dar respuesta a las carencias materiales, de plantilla y de organización, y tras seis meses dan un ultimátum a la ministra al mantener el Ministerio que todo se encuentra todavía en «fase de estudio».

«Se entra en una fase de conflicto que es imposible evitar ante el absoluto desprecio que se demuestra por parte de este Gobierno hacia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a pesar de los permanentes mensajes en clave de propaganda hueca que solo sirven para aumentar la desmotivación existente», denuncian las organizaciones.

Las organizaciones, que anunciarán los pasos a dar este martes desde la sede de los servicios centrales del Ministerio de Trabajo, denuncian que la relación entre las cargas de trabajo y la plantilla del organismo empeora hasta el punto de que resultará en breve «imposible seguir sujetando una gestión y unos objetivos en donde, para este Gobierno, parece más importante anunciarlos que realizarlos».

Déficit de plantilla

Actualmente la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.

Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores, pero conforme a los 19,7 millones de ocupados registrados en noviembre, la plantilla debería estar formada por al menos 1.970 efectivos.

La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.

Plan estratégico cuestionado

Los sindicatos ponen en tela de juicio el nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 aprobado por el Gobierno hace un mes, que busca dotar de herramientas y recursos al organismo para su modernización.

Sin embargo, consultado por el refuerzo en el número de efectivos que podría suponer el plan, desde el Ministerio de Trabajo no disponen aún de datos concretos de los refuerzos, pero aseguran que sí habrá «incremento de plantilla».

El Plan contempla la creación de la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, una Unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, entre cuyos cometidos se encuentra detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa, así como el impulso de nuevas tecnologías y el ‘big data’ en las actuaciones inspectoras.

Pese al anuncio de la ministra de Trabajo, los sindicatos no han acogido con especial agrado el nuevo plan al considerar que «no cambia el paradigma» de la inspección.

Y es que más allá de las » grandes promesas» del Plan, los sindicatos ven imprescindible reforzar la Inspección de Trabajo, con medios humanos y materiales, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo, ante la cifra de 575 fallecidos en el trabajo en lo que va de año.

Falta de organización y de medios

Las mismas fuentes sindicales apuntan que no se trata solo de un número de trabajadores, sino de la necesidad de más medios y organización, ya que el organismo «naufraga» en su organización, al esperar desde el año 2015 la publicación de la Ley ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

«A fecha de hoy, las referencias a oficinas y resto de unidades especializadas no deja de ser una afirmación, en buena medida, vacía de contenido», critican los sindicatos, que añaden que «suena a cuento» la supuesta modernidad y agilidad futura en la informática, las comunicaciones y en la gestión del conocimientos, ya que actualmente «se carece de las más mínima infraestructura o de un departamento de informática.

En sete sentido, recuerdan que un «mero» ataque informático compromete el modelo de trabajo y deja secuelas más de seis meses después, a lo que se suma un presupuesto que se constituye como una «quimera», puesto que todo ha sido «improvisación y falta de criterio razonable».

El SEPE, también en pie de guerra

Otro de los organismos que se encuentran en pie de guerra contra el Ministerio de Trabajo es el SEPE, cuyos trabajadores denuncian que llevan más de 21 meses de saturación por la excesiva carga laboral desatada por los ERTE durante la pandemia y la gestión de las prestaciones por desempleo y de otro tipo.

La plantilla del SEPE ha perdido más de 3.400 efectivos estructurales en los últimos diez años, a lo que se suma el cese inapelable de 1.500 funcionarios interinos de refuerzo incorporados por la pandemia, algo que supone un “desastre” para una plantilla ya de por sí “desnortada”, según denuncian desde CSIF, UGT y COO.

De esos 1.500 trabajadores, el Gobierno solo ha aceptado finalmente contratar a 250 funcionarios interinos, lo que supone que más del 80% de los empleados eventuales contratados como refuerzo para la pandemia no continuarán el año que viene en el organismo pese a su déficit de plantilla y su elevada carga de trabajo.

Los primeros 500 fueron cesados el pasado mes de junio, a los que se sumaron otros 500 en septiembre y el próximo 31 de diciembre se despedirá a los 500 restantes, algo que los sindicatos advierten que aumentará aún más la presión a la que está sometida ya de por sí la plantilla, formada actualmente por unos 75.000 trabajadores.

Las organizaciones advierten también de que los 250 trabajadores son personal sin experiencia en la gestión de prestaciones, por lo que su efectividad es limitada, algo que ya sucedió previamente con los 1.500 interinos de reforzamiento por el Covid, que no han sido renovados justo cuando empezaban a tener tablas en el puesto.

Esos 250 trabajadores se incorporarán además solo en las provincias de mayor atasco, como Madrid, Barcelona, Navarra, Málaga, Alicante, Canarias, Baleares y La Rioja, si bien solo entre las dos primeras acumulan 81 oficinas, por lo que en algunas provincias prácticamente no supondrá la llegada de ningún interino.

Fuentes sindicales, en un contexto en el que CSIF ya reclamó la dimisión de la ministra, Yolanda Díaz, por el «abandono» del organismo, alertan de una situación «insostenible», a la espera aún de la carta remitida por los sindicatos y no descartan tampoco dar nuevos pasos para que se atiendan sus peticiones.

Al igual que sucede en la Inspección de Trabajo con el Plan estratégico, en el SEPE también critican el anteproyecto de la nueva Ley de Empleo. CSIF considera que la posible transformación del SEPE en la Agencia Española del Empleo no resolverá el verdadero problema de este organismo, si no va unido a un incremento sustancial de su plantilla y al desarrollo e implantación de innovación tecnológica en lo que respecta a la gestión de las prestaciones por desempleo.

En este sentido, recuerda que todo lo relacionado con el empleo y la formación de los desempleados es competencia transferida a las comunidades autónomas, quedando para el SEPE el impulso y la coordinación de dichas políticas con esas administraciones.

Por ello, reclama una sinergia entre las políticas activas y la protección por desempleo, de manera inequívoca, dado que «carece de sentido» dotar de mayores recursos tanto humanos como económicos a los servicios públicos de empleo de las CCAA para el impulso de dichas políticas, si al mismo tiempo «continúan abandonados quienes gestionan la competencia estatal de las prestaciones por desempleo».