Los inspectores de Hacienda piden crear una Policía Fiscal y endurecer criterios de residencia fiscal

La Asociación profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha criticado que no se haya contado con ella para formar parte del grupo de expertos del Ministerio de Hacienda para la futura reforma tributaria, pero han elaborado un documento con una batería de medidas que incluyen la creación de una Policía Fiscal y el endurecimiento de los criterios de residencia fiscal.

Se trata de un documento de 124 propuestas de mejoras legislativas contra el fraude fiscal y la reforma de las administraciones tributarias, presentado en rueda de prensa por el presidente de IHE, Julio Ransés Pérez Boga, quien ha alertado de que el fraude fiscal en España ronda entre el 20% y el 25% del PIB, es decir, hasta 260.000 millones de euros, por lo que ha abogado por no subir los impuestos ya que podría elevar aún más ese nivel de fraude fiscal.

Pérez Boga ha advertido de que la escalada del precio de las gasolinas en la coyuntura actual podría aumentar el ya de por sí elevado fraude en el ámbito de los hidrocarburos. El organismo avisa de que el impuestos sobre hidrocarburos presenta una «especial problemática» desde el punto de vista del fraude.

Por ello, reclaman mejorar la coordinación entre la Agencia Tributaria y los organismos reguladores del sector de la energía y acelerar la regulación del registro de extractores de depósitos fiscales para poder supervisar mejor a los operadores de hidrocarburos. 

Policía Fiscal y organismo con más poder para investigar delitos fiscales

En el documento, los inspectores inciden en la necesidad de mejora en la investigación y denuncia de los delitos contra la Hacienda Pública y de Contrabando. Actualmente, la Administración Tributaria es la encargada de la aplicación de las normas tributarias y de la lucha contra el fraude fiscal, pero en los casos más graves debe limitarse a denunciar los hechos y a actuar como mero auxiliar del juez o fiscal, sin competencias propias.

Por ello, los inspectores reclaman la reorganización interna de las unidades y equipos que, dentro de la AEAT, tienen competencia las tareas relacionadas con delitos contra la Hacienda Pública, y la colaboración con Fiscales y Jueces. Más adelante ve deseable que se dotara a la AEAT de mayores competencias en la investigación de estos delitos, y en el mismo orden de cosas, contar con una Policía Judicial, a través de la conversión de determinadas unidades de la AEAT en Policía Fiscal, con potestades similares al Ministerio Fiscal.

En un estadio más avanzado, proponen la creación de equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves, dado que la investigación de los delitos fiscales y de los delitos económicos y financieros graves requiere conocimientos técnicos, contables y fiscales.

Igualmente, plantea a creación en la AEAT de unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica, así como la constitución de juzgados especializados en delitos económicos, dada la complejidad material y la necesidad de conocimientos técnicos, contables y fiscales, que retrasan excesivamente estos juicios causando cierta sensación de impunidad.

Para superar los problemas sobre la supuesta pasividad de la AEAT en recientes casos de fraude y delitos fiscales, se propone la creación de un organismo multidisciplinar que, dependiente de la Agencia Tributaria, compuesto por funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Ministerio Fiscal y de una policía fiscal creada al efecto, que asumiría las competencias de investigación del fraude fiscal organizado y del contrabando, así como del blanqueo de capitales asociado a los mismos, dependiendo de ella la policía fiscal. Sería, además, un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del Poder Judicial, en los procesos por delito fiscal, contrabando y blanqueo.

Reclaman un cambio de ley para avanzar con comprobaciones de posibles delitos fiscales antes de llegar ala judicialización. En el seno de la AEAT, instan a desligar las labores de información de asistencia de las labores de control, y crear dos nuevos departamentos, un Departamento de Asistencia y Servicios Tributarios para facilitar el cumplimiento voluntario de todos los contribuyentes, y un departamento de Control Tributario y Aduanero que centralice el control.

Endurecer criterios de residencia fiscal, eliminar pagos en efectivo y «muerte civil»

Respecto a sus propuestas en algunos impuestos, en el IRPF plantean modificar la regulación de la residencia fiscal en IRPF, con el objetivo de impedir que contribuyentes con una fuerte conexión con el territorio español eludan el pago de este impuesto logrando la residencia fiscal en otros territorios.

A renglón seguido pide la eliminación del tradicional régimen de módulos, que «favorece la existencia de nidos de fraude a través de la emisión de facturas falsas, y que no tiene razón de ser con los medios informáticos de que prácticamente todos los comercios disponen», lo cual se complementa con la propuesta de simplificar las obligaciones contables para pequeños contribuyentes. Respecto al IVA se proponen medidas destinadas a prevenir devoluciones por cuotas soportadas en operaciones sin ingreso del IVA repercutido.

Para los inspectores de Hacienda, la forma más eficaz de controlar y reducir la economía sumergida es controlar los pagos, y ello consideran que no puede hacerse más que a través de la reducción o eliminación de los pagos en efectivo, fomentando el pago por medios electrónicos, por lo que proponen iniciar un camino de iniciar un camino de fomento de los pagos con tarjeta hacia una futura supresión de los pagos en efectivo.

De nuevo proponen también una serie de medidas que deben suponer una especie de “muerte civil” para los defraudadores reincidentes. La revocación del NIF, tendría entre otras consecuencias, la imposibilidad de expedir facturas, la imposibilidad de contratación con la Administración, y de obtener subvenciones o ayudas pública, incluso el cierre total de la operativa financiera de estas sociedades, no pudiendo realizar cargos y abonos en cuentas, compraventa de activos financieros, acciones, emisión o cobro de cheques y, en general, cualquier operación financiera, así como imposibilidad de realizar escrituras notariales, imposibilidad de acceso a los registros públicos.