La Inspección de Trabajo ‘colapsa’ con Yolanda Díaz: las denuncias se disparan un 23%

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra «en colapso», en palabras de los ocho sindicatos convocantes de la huelga del próximo 22 de febrero. El motivo es una tormenta perfecta: aumento de la carga de trabajo desde 2018, que no ha ido acompañada de un incremento equivalente de los recursos humanos, ni de una nueva estructura organizativa (relación de puestos de trabajo) acorde con su protagonismo.

Entre 2018 y 2021 (último año con datos), las denuncias presentadas y admitidas a trámite a la inspección han aumentado un 22,7% respecto a los cuatro años anteriores, pasando de 308.421 entre 2014 y 2017 a 378.410, según los informes anuales de la inspección. Este auge de las denuncias se debe, según el responsable de la Inspección de Trabajo de CSIF, Miguel Ángel Montero, a los cambios normativos, que permiten denunciar más acciones (como fraudes en el registro de jornada) y a la promoción política que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, hace de las actuaciones de la inspección.

«El Gobierno utiliza la Inspección de Trabajo para hacer publicidad y política», afirma Montero, lo cual sitúa al organismo en el discurso político y mediático y anima a «la gente» a denunciar. A esto se suma un exigente calendario de actuaciones programadas por la propia inspección, que se han incrementado para vigilar la aplicación por parte de las empresas de la nueva legislación de este Gobierno: subidas del SMI, planes de igualdad y posibles fraudes en la contratación de fijos discontinuos, entre otros.

En consecuencia, las órdenes de servicio planificadas por la propia inspección han aumentado un 2,6% entre 2018 y 2021 en comparación con los cuatro años anteriores, pasando de 1.095.463 entre 2014 y 2017 a 1.123.418.

Casi 1.400 centros de trabajo por inspector

No obstante, este incremento de proactividad ha ido acompañado de un ligero aumento de plantilla. El personal inspector y subinspector también es más numeroso, pasando de 1.789 funcionarios con estos cargos en 2017 a 2.051 en 2021, un incremento del 14,6%.

Sin embargo, Montero explica que este número de efectivos en comparación con la cantidad de trabajo a vigilar da un ratio «insuficiente» para hacer las actuaciones inspectoras: «Es imposible meterse a fondo con los medios humanos que tenemos», reconoce. Coincide con él María José Díaz, del sindicato UPIT: «Si tú planificas más de lo que puede asumir una plantilla, al final estamos colapsados», asegura. En la misma línea se pronunció el miércoles Fernando Boró, de CCOO, en un encuentro con los medios: «La inspección está en colapso, estamos hablando de jornadas de 50 horas a la semana».

Los últimos datos del organismo, de 2021, reflejan que cada inspector tendría que vigilar a 1.394 centros de trabajo al año para abarcarlos a todos, es decir, casi 27 a la semana. Similar es la ratio de centros de trabajo por subinspector: 1.281 por cada uno. Según Montero, esto equivale, aproximadamente, a un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, mientras que en Francia o en Italia hay uno por cada 5.000.

El ‘patito feo’ de las inspecciones

Desde la cartera de Yolanda Díaz suelen exponer que el presupuesto dedicado a la Inspección de Trabajo ha aumentado de 145,8 millones de euros en 2020 a 206,4 millones en los PGE de 2023. Sin embargo, la estructura organizativa sigue siendo la misma de 1997, cuando la inspección no era un organismo autónomo, como lo es desde 2018.

Según explica María José Díaz, la Inspección de Trabajo necesita dotarse de estructura y de más personal propio a partir de la aprobación de su autonomía porque «había servicios que antes prestaba el ministerio con personal común» y ahora recaen en la inspección. Por ello, la relación de puestos de trabajo (RPT) acordada el 7 de julio de 2021 entre los representantes legales de los trabajadores y el ministerio, organiza y detalla qué puestos se necesitan a nivel central y territorial.

El problema es que el acuerdo se encuentra en el limbo al no haber sido firmado por las direcciones generales de Contratación y de Función Pública del Ministerio de Hacienda. Firma que, según aseguraba el Ministerio de Trabajo a los sindicatos hasta hace unos meses, llegaría ‘de manera inminente’, pero que ahora ni siquiera promete. «Hoy no sabemos ya qué es inminente o no porque no nos dan información, es un silencio absoluto», denuncia Díaz, tras reunirse este jueves el comité de huelga del día 22 de febrero con el ministerio.

La RPT contempla, según Montero, un incremento de gasto de entre 19 y 20 millones de euros y la entrada de unos 750 inspectores y subinspectores y de 800 administrativos. De estos últimos, 200 ya se habrían incorporado en 2022, pero con este refuerzo no es suficiente. «Hay personal administrativo que se marcha porque cobra más en la Seguridad Social», relata. «La Inspección de Trabajo siempre ha sido un patito feo dentro de los sistemas de inspección que tiene España. No está al mismo nivel ni económico, ni retributivo, ni de recursos humanos, como la Inspección de Hacienda», denuncia.

Montero reconoce que desde el cuerpo de la inspección tenían «la confianza» de mejorar «con un Gobierno que hace mucha gala de la defensa de los trabajadores», pero, a meses de que acabe la legislatura, la Inspección de Trabajo se encuentra al borde de iniciar una huelga indefinida y de denunciar al ministerio a la Comisión Europea por no cumplir la RPT pactada ni la negociación colectiva.