¿Inseguridad jurídica en España? 11 real decretos para las eléctricas en 19 meses
Multitud de normativas y un ‘impuestazo’: así han sido los dos últimos años de inseguridad para el sector energético
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE/ Javier Lizón
La crisis de precios de la electricidad en el verano de 2021 levantó la liebre. Vía Boletín Oficial del Estados (BOE) el Gobierno asumió que intervenir el mercado era la mejor opción para detener la sangría. El problema es que se ha tomado como normalidad esta acción, y en menos de dos años ha habido 11 reales decretos que han afectado de manera directa a las empresas.
Lo más grave, pese a la ebullición legislativa, es que todavía hay cuestiones que no se han abordado, como la subasta de ‘energías baratas’; o temas que han llegado con un retraso notable -y que todavía no están del todo desarrolladas-, como la eólica marina.
Sobre las cuestiones, fiscalidad e intervención de precios han sido algunas de las cuestiones que las eléctricas han tenido que adaptar en sus estrategias. Abrió la veda la bajada del IVA del 21% al 10%, algo que afectaba básicamente a los ciudadanos. Pocas semanas después, y como no había manera de controlar los precios, se decidió bajar el impuesto especial de la electricidad. Y en este RD 17/2021 llegó el primer gran impacto a las empresas: la minoración del gas natural a 67 €/MWh, para la venta entre generadores y comercializadores.
Poco después, nueva medida para los usuarios con el incremento del bono social. Algo, no obstante, que también afecta a las empresas. Y para diciembre de 2021 empezaron a llegar las prórrogas. Además, con la urgencia de tramitar renovables, se cambiaron las reglas del juego en la tramitación de permisos. Una situación que, pese a todo, se trata de un cambio legislativo.
Un 2022 sin frenos
Y en estas que llegó 2022, y el desenfreno fue máximo. Sobre todo, tras el estallido de la guerra en Ucrania que dejó la crisis de precios de 2021 en un juego de niños. En marzo se intentó dar un capotazo a la industria con una disminución en el peaje de las empresas electrointensivas, y se intentó reforzar las ayudas a los consumidores vulnerables.
Posteriormente, en mayo de 2022 llegó uno de los grandes cambios: la ‘excepción ibérica’. Además, el Gobierno había adquirido otro compromiso: la reforma del PVPC para octubre de ese año. Algo que por el momento no ha llegado.
Para el verano pasado, turno de las prórrogas y, para el final del periodo estival, el gran plan de medidas de ahorro. Además, y en previsión para el invierno, se cambió el foco de la electricidad por el gas natural. De esta forma de instó a topar las subidas en las tarifas reguladas. Más de lo que ya estaban.
Pero como el gas seguía siendo un problema, en septiembre de 2022 se intentó ayudar a las empresas ligadas a la cogeneración. Una medida que llegaba tarda porque ya habían estado fuera del mecanismo ibérico. Además, en materia de gas, también se hicieron ajustes fiscales al bajar el IVA.
De cara a final de año, y con la animosidad de superar la decena de reales decreto, de nuevo se apuntaba hacia el bono social y para el último mes de 2022, turno de las renovaciones de algunas medidas.
Y como fin de postre, a principios de año el Gobierno español se lanzó a la carrera por ser el primer Estado miembro en mandar su propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo con una megatransformación que ha caído bastante regular entre las empresas del sector. Asimismo, el año pasado se impulsó un nuevo tributo, el conocido ‘impuestazo’ a las eléctricas, que ha obligado a estas compañías a reformarlas sus cuentas para abonar el pago.
