Los ingresos de la mayoría de los españoles están ya regulados por el Gobierno

España es cada vez más una economía dirigida. Una economía intervenida por parte del Estado. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha acelerado su intervención del mercado laboral en los últimos años, a la par que ampliaba las subvenciones que reciben las familias procedentes de las arcas públicas. Cada vez más. Hasta el punto de que las rentas que dependen de las decisiones del Consejo de Ministros y su posterior publicación en el BOE superan ya, según datos recopilados por Economía Digital, aquellas rentas que se deciden libremente en el sector privado en forma de salarios.

Con la complacencia a menudo de la patronal, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha impulsado una serie de reformas durante su mandato, como la aprobación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la elevación un 40% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), medida que ha querido capitanear la vicepresidenta Yolanda Díaz. Estas nuevas intervenciones han provocado una mayor intervención del Estado en los ingresos y rentas de las familias españolas, hasta el punto de que son ya la mayoría. Esto supone añadir restricciones y limitaciones a una economía cada vez más vulnerable a los vaivenes internacionales.

Los españoles que reciben rentas de inserción públicas, y quienes ganan el salario mínimo, regulado por Gobierno, vienen a sumarse en mayor medida al gigantesco cuerpo de pensionistas, empleados públicos y receptores de prestaciones laborales en un colectivo: todos ellos conforman ya una masa de 17,2 millones de personas en España cuyos ingresos dependen de las decisiones que tome el Gobierno en el Consejo de Ministros.

La cifra de los españoles, así pues, cuyos ingresos dependen de las disposiciones del BOE no ha dejado de crecer, hasta el punto de que estos 17,2 millones de personas superan en más de medio millón de personas quienes tienen ingresos o salarios que dependen de lo acordado voluntariamente en sus puestos de trabajo en el sector privado: 16,6 millones de personas.

Qué rentas dependen del Gobierno

Si desgranamos los datos, observamos que España cuenta, al cierre del primer trimestre del año, con 9.923.175 pensionistas y 3.468.200 empleados en el sector público. La suma de ambos, que ha crecido en los últimos ejercicios notablemente, representa 13,4 millones de personas. Por otro lado, los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, aunque se han reducido en los últimos meses, siguen sumando una buena cifra: 1.758.590 desempleados con prestaciones retributivas. La suma de todos ellos supera la friolera de 15 millones de personas.

Hay que añadir a este monto los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa puesta en marcha en los primeros años del mandato como iniciativa del ministerio de la Seguridad Social que lidera José Luis Escrivá, y que beneficia, según el Gobierno, a 428.000 hogares (en términos de personas sería incluso superior). En total, todas estas nóminas o rentas públicas ascienden a 15.577.965 personas. Es decir: el Estado y sus recursos públicos son responsables directos de los ingresos de más de 15,5 millones de personas.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha pasado de suponer 735 euros en 2018, cuando Sánchez alcanzó el poder, a 1.000 euros mensuales en 2022. Un incremento de prácticamente el 40% que ha hecho que el grueso de ciudadanos españoles que recibe esta renta se haya multiplicado en España. Actualmente, entre 1,7 millones y 1,8 millones de trabajadores cobran el SMI, según han estimado organizaciones empresariales y sindicales. En una estimación prudente, los beneficiarios del SMI llevarían la cantidad de españoles cuyos ingresos dependen de la decisión del Consejo de Ministros hasta los 17,2 millones de personas, en una estimación prudente.

El Gobierno manda

De esta forma, el Consejo de Ministros tiene la capacidad de decidir las percepciones salariales de forma directa de más de 17 millones de personas. Por lo tanto, el Gobierno tiene la capacidad de decidir el salario de más personas que el sector privado, si se comparan estas cifras analizadas con la Encuesta de Población Activa (EPA), del INE.

Más allá de los beneficios de estas políticas y de la reducción de la precariedad social y laboral (instituciones como BBVA y Banco de España han advertido sobre estas políticas), lo cierto es que España se ha convertido en una economía fuertemente intervenida, donde el sector público acapara cada vez mayores recursos económicos y se convierte en un freno a la iniciativa privada.