La inflación por la guerra se cebará con las rentas más bajas
La alta inflación perjudicará sobre todo a las rentas más bajas al incidir en mayor medida en los productos de necesidad, en un contexto en el que el diferencial de inflación en bienes de primera necesidad entre las rentas más bajas y las más altas alcanza su máxima diferencia en más de una década
La inflación sigue disparada en España al repuntar en el mes de febrero hasta el 7,4%, lo que supone 1,3 puntos más que en enero y su mayor tasa desde el mes de julio del año 1989.
Las últimas causas residen en el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y la consecuencia es una subida de precios ya generalizada por componentes, al elevarse tanto los alimentos y bebidas no alcohólicas, como los carburantes y, de nuevo, la electricidad.
Pero esta escalada imparable de la inflación no es solo un asunto nacional de España, ya que a nivel de la Eurozona ha alcanzado máximos históricos superiores al 5% y a tenor de los últimos acontecimientos alrededor de Ucrania no tiene visos de descender en los próximos meses, especialmente tras el repunte del precio de la energía a raíz de la invasión rusa.
Aunque a priori el aumento de la inflación afecta en mayor o menos medida a todos los ciudadanos, el impacto de una alta inflación no lo hace a todos los hogares de la misma forma al no depender todos igual de las partidas responsables de estos incrementos.
Así las cosas, la actual coyuntura inflacionaria tendrá una mayor incidencia de nuevo en las rentas más bajas por ser donde más recaerá el peso del aumento de precios al notarse más en los productos de la cesta de la compra que más adquieren estos estratos sociales.
Subida generalizada de precios
Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por CaixaBank Research, que constata como la subida de precios ha sido generalizada por partidas. Y es que si a comienzos de 2021 apenas el 17% de los componentes de la cesta del IPC superaba una inflación del 2%, este porcentaje ya ascendía en diciembre a un 75% de los mismos y, además, cerca del 25% de las partidas superaban el 5% de inflación.
Además, los componentes que engloban a bienes y servicios considerados de primera necesidad, como alimentos, electricidad y calefacción, entre otros, pasaron de una inflación de apenas un 0,5% en enero a casi un 7% en diciembre, tasa que asciende al 9,2% si se incluye la gasolina.
Desde CaixaBank Research explican que este tipo de productos presentan una demanda muy rígida que dificulta buscar sustitutos, al ser más complicado dejar de poner la calefacción en los meses de invierno que marcharse de vacaciones, y ello explica que la subida de la inflación vaya a tener y esté teniendo ya un impacto desigual por tramos de renta.
El análisis del servicio de estudios de la entidad utiliza los datos de Eurostat para concluir que los hogares con menor renta concentran el 13% de su gasto en alimentos y en torno al 20% en vivienda, gas, electricidad y calefacción, frente a menos del 10% y del 5% que, respectivamente, representa para los hogares con mayor renta.
Esto supone que la fuerte subida de los precios de los productos de primera necesidad tiene claramente un mayor impacto en los tramos de rentas más baja.
Según las estimaciones de CaixaBank Research, el diferencial de inflación en bienes de primera necesidad entre las rentas más bajas y las más altas pasó de una décima en enero a ocho décimas en diciembre, lo que supone la máxima diferencia en, al menos, una década.
La inflación en diciembre de los bienes de primera necesidad fue cercana al 7% (sin gasolina), estimando el análisis que para las rentas más bajas la inflación fue del 7,3%, mientras que para las rentas más altas fue del 6,5%.
En el caso de España, los tramos de las rentas más bajas superan el 25% y el 35% de consumo de bienes de primera necesidad, mientras que en los tramos de rentas altas apenas alcanzan el 20%, produciéndose así un mayor impacto en las rentas bajas.
Medidas para frenar el alza de la luz
Esta imparable subida de precios se está produciendo cuando aún hay varios países, como España, en los que la renta disponible de las familias todavía no se ha recuperado del fuerte impacto negativo de la crisis de la Covid y en los que ésta apenas compensa el aumento en el coste de la vida.
El caso más flagrante entre los principales países de la Eurozona es el de España, cuya renta bruta disponible se encuentra más de un 3% por debajo respecto a la existente en el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, mientras que la inflación escala ya a niveles superiores al 7%.
Para tratar de evitar este patrón de mayor incidencia de los precios en los tramos de renta más baja los Estados miembros están consensuando medidas para poner coto al aumento de la factura eléctrica, como transferencias a hogares vulnerables, rebajas del IVA energético o la regulación del precio en el mercado minorista y mayorista, así como el cambio del sistema de cálculo de los precios de electricidad.
En el caso de España, la rebaja de los impuestos energéticos ha supuesto en lo que va de año ya un coste de 5.000 millones de euros para las arcas públicas.
«Son medidas paliativas que pueden compensar, momentáneamente, el aumento de los precios de los bienes de primera necesidad sobre las capas de población de menor renta», opina CaixaBank Research.
Este martes Bruselas presentó el plan REPowerEU para hacer frente al alza descontrolado de los precios energéticos y con el fin de reducir la dependencia energética de buena parte de Rusia, abriendo la posibilidad a que los Estados miembro puedan limitar los precios de la electricidad como medida de emergencia, tal y como reclamaba España.
La semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió la realentización del PIB por la guerra y anunció en el Congreso un Plan económico nacional de respuesta, en el que se incluye un pacto de rentas para evitar una espiral inflacionaria, con moderación de subidas salariales y control de dividendos y beneficios, así como la prórroga hsta el 30 de junio de las rebajas fiscales de la luz y el bono eléctrico y la aceleración de los nuevos ERTE del Mecanismo RED de la reforma laboral.
Acuerdo de rentas
En este contexto, el Gobierno ha cambiado ya su discurso y aunque mantiene que España es de los países menos expuestos en materia energética al comercio, al tener mayor independencia por sus plantas regasificadoras, y a nivel comercial, con un peso de apenas el 2% a ambos países, reconoce ya que provocará una «ralentización en la recuperación».
Este escenario ha llevado al Ejecutivo a impulsar el pacto de rentas con los agentes sociales, motivo por el que se dio cita con ellos en la Moncloa este lunes para analizar el impacto económico en España de la guerra en Ucrania y tratar de empezar a calibrar eventuales medidas en aras de evitar una espiral inflacionista.
Los agentes sociales priorizan el acuerdo de negociación colectiva y la subida salarial, para la que los sindicatos reclaman la recuperación de las cláusulas de garantía salarial que garantizan el poder adquisitivo, mientras que las patronales rechazan ligarlos al IPC y se decantan por la moderación.
En el pacto de rentas los sindicatos creen que se podían incluir medidas sobre atención a vulnerables, sobre las materias primas e incluir un control de dividendos y una subida del Impuesto de Sociedades.
Entre tanto, el Banco de España alerta ya del impacto en rentas de familias y empresas por la guerra de Ucrania y urge al Gobierno a acometer un «uso adecuado» y sacar el mayor partido posible a los fondos europeos.
