La inflación se comió la mitad de la subida salarial en España en 2021

El alza de los últimos meses de los precios como consecuencia de la crisis energética y los problemas en las cadenas de suministros han mermado el bolsillo de los españoles, que el año pasado vieron cómo la inflación se comió la mitad de la subida salarial media del ejercicio 2021.

En concreto, los datos del salario real del año 2021, es decir, el dato que se obtiene tras corregirse el salario nominal (salario ordinario mensual expresado en euros) de las variaciones del IPC, muestran cómo la mitad del mismo se perdió por el aumento medio del IPC del 3,1% registrado en el conjunto del año.

Así lo señala el Anuario de Adecco Group Institut del Mercado de Trabajo, que muestra que, en 2020, el salario real cayó un 2,7%, pues el descenso de un 3% del salario nominal fue en parte compensado por una caída de un 0,3% del IPC. Sin embargo, en 2021 ocurrió lo contrario: la mitad del aumento nominal del salario fue malogrado por el alza de la inflación.

Y es que el salario medio aumentó en España un 6,6% el año pasado, hasta los 1.751 euros, magnificada por el “efecto ERTE”, que sobredimensiona el crecimiento con respecto a 2020, sin embargo casi la mitad se perdió por el aumento medio de la inflación del 3,1%.

Así las cosas, el poder adquisitivo del salario medio en 2021 fue similar al de 2015 y 2016 y fue un 4,9% más bajo que en 2010, según el estudio.

Además, el análisis muestra que la variación del poder de compra del salario medio que se acumuló en los diez años que van de 2011 a 2021 fue una pérdida del 6% en el caso de España, frente a las ganancias de hasta el 13,6% registradas en otros países como Polonia.

Pérdida de poder adquisitivo en 2022: los funcionarios 1.400 euros

Con todo, la incesante escalada de los precios hasta el pico del 9,8% en el mes de marzo llevan a los organismos a prever una inflación media este año de entre el 6% y el 7%, lo que aboca a una pérdida generalizada de poder adquisitivo entre los trabajadores y funcionarios, ya que los pensionistas tienen asegurada la revalorización de sus pensiones con arreglo al IPC.

El Gobierno no elabora previsiones de inflación, pero sí recoge en su cuadro macroeconómico una estimación del deflactor de consumo, un indicador próximo al IPC, y que ha elevado hasta el 6% de media en el conjunto del año. El Banco de España estima una media del 7,5%, Funcas un 6,8% y BBVA Research en torno al

Con esa previsión, a día de hoy se constata una notable pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores acogidos a convenio colectivo (se tendrán que actualizar salarios de más de 13 millones de trabajadores), ya los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,36% hasta marzo, es decir, 3,7 puntos por debajo de la previsión del IPC del 6%.

De los 1.892 convenios registrados hasta marzo, que daban amparo a 5 millones, de ellos solo el 16% contaba con cláusulas de garantía salarial, en los que se incluían algo más de 1,4 millones de trabajadores (29% del total). De esos convenios, 231 solo recogían que se aplicase con carácter retroactivo. En el caso de los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional actual, fijado en 1.000 euros, la pérdida del poder de compra será de 840 euros, tal y como indicó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La pérdida del poder adquisitivo también será notable en el caso de los funcionarios. El Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, de entorno al 6%.

Así las cosas, los empleados públicos sufrirán una pérdida posible aproximada de cuatro puntos porcentuales este año de poder adquisitivo. Dado que el sueldo anual medio de los empleados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de de 35.000 euros anuales en 14 pagas, la pérdida en términos salariales de poder de compra será de 1.400 euros.

¿Hay riesgo de una espiral inflacionista si no hay pacto de rentas?

El pasado jueves los agentes sociales rompieron negociaciones para el acuerdo salarial de este año ante sus discrepancias sobre las cláusulas de revisión salarial que demandan los sindicatos y rechaza CEOE.

La vicepresidenta Nadia Calviño va a tratar este lunes encauzar la situación ante el temor del Ministerio de Asuntos Económicos de que la ausencia de un Pacto de Rentas pueda acabar en efectos de segunda ronda, ya que las empresas podrían trasladar la subida de costes a los precios y las empresas acabar subiendo salarios ante las peticiones sindicales, provocando una especie de bucle de precios, costes y salarios al alza.

Sobre el riesgo de que la ruptura de la negociación imposibilite el acuerdo salarial para 2022 y ello pueda acabar a la inflación, el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, explica a Economía Digital que todavía una parte importante de la inflación tiene que ver con el aumento en el precio de combustibles y la fijación del precio del gas para producir electricidad puede ser un «alivio importante».

Sin embargo, avisa de que el aumento en el coste de estas materias primas va a mantenerse en el tiempo, por lo que las empresas comenzarán a proteger sus márgenes y a trasladar a precios el incremento en costes y los trabajadores, por su parte, demandarán mayores alzas salariales para ser compensados por la pérdida de poder adquisitivo. «Esto nos llevará a un círculo vicioso entre incremento en costes y aumento en precios, lo que afectará negativamente a la competitividad de la economía e incrementará la desigualdad«, alerta.

Entre otros, cita las empresas pequeñas, los trabajadores con menor cualificación o las familias de menores ingresos, al ser los que pero capacidad de negociación tienen, más competencia enfrentan y peor se pueden proteger frente a la inflación). En ausencia del acuerdo, el ajuste en el futuro vendrá por un menor crecimiento del empleo y de la inversión para reducir costes y mejorar competitividad o por políticas de demanda menos expansivas, como ajustes fiscales significativos que reduzcan el gasto y las expectativas de inflación.

«Este puede ser un proceso largo y costoso. La última vez que se tuvo una inflación cercana a la actual fue al inicio de los años 80, y no fue sino hasta 1997 que se pudo reducir a niveles consistentemente alrededor o por debajo del 2%», ha recordado. 

De su lado, la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, ve «imposible» cuantificar el impacto en la inflación de la ausencia de un acuerdo salarial, pero cree también que si no hay contención salarial la inflación subyacente (excluye elementos más volátiles como la energía y alimentos no elaborados) será más elevada.

Fernández también cree que el techo al precio del gas pactado por España y Portugal con Bruselas ayudará a moderar la inflación y el aumento de costes de producción, pero la subyacente va a seguir aumentando porque, aunque el precio de la electricidad se modere, los costes de producción se han incrementado mucho a lo largo del último año y el traslado hacia los precios finales al consumo ha sido aún limitado.

Con todo, el Banco de España estima una inflación del 7,5% este año, mientras que BBVA Research cree que la previsión dependerá de la duración de la invasión rusa en Ucrania, el impacto de las medidas del Gobierno y la capacidad de la economía europea para reemplazar el combustible rápido y se solucionen las cadenas de producción, pero estima que podría rondar el 7% en 2022 y bajar al 5% a final de año.

Funcas mantiene de momento sus previsiones (media del 6,8% y subyacente del 3,5%) al haberse elaborado bajo unas hipótesis con respecto a los incrementos salariales y a la duración de los problemas de suministros, que, por el momento, no son incompatibles con estos acontecimientos, según ha indicado Fernández a este medio.