La industria reclama al Gobierno duplicar a 500M las compensaciones de CO2
La principal partida de ayudas a la industria electrointensiva por los precios de la electricidad se congela en los PGE del año que viene en los 244 millones de 2022
Horno metalúrgico. Pixabay.
La industria de gran consumo de electricidad española recibe desde 2015 una subvención para compensar incrementos de precios de la electricidad por el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estas compensaciones cobran ahora más importancia que nunca al convertirse en la partida principal de ayudas al sector electrointensivo por la crisis energética.
Las conocidas como compensaciones por costes indirectos de CO2 tienen como objetivo frenar la pérdida de competitividad de la industria comunitaria por la política climática y frenar deslocalizaciones a otros mercados menos exigentes, pero los precios disparados de los derechos de emisión y de la electricidad desde hace más de un año están tensando el mecanismo.
Tanto es así que el Gobierno ha disparado el gasto en tres años en dichas compensaciones. España ha pasado de gastar 4,2 millones de euros en esta partida presupuestaria en 2020 a incluir 244 millones en los PGE de 2022 (179 iniciales) y otros 244 millones en los de 2023. Sin embargo, para la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege), la patronal de las electrointensivas, el esfuerzo presupuestario español es insuficiente y se sitúa aún por detrás del gasto de los países de nuestro entorno.
Margen para incrementar la partida
La partida presupuestaria de las compensaciones se congela en 2023 en los mismos 244 millones de euros de 2022 y Aege reclama que se duplique. “Como mínimo debería haber una compensación de 500 millones de euros” para 2023, explica su director general, Fernando Soto, alegando que el Gobierno tiene margen para ello porque “la Comisión Europea otorga la posibilidad” y porque “los ingresos por la subasta de los derechos de emisión van a alcanzar este año los 3.000 millones de euros”.
Desde Aege esperan que, después de “estar peleando como todos los años” y ante lo cortas que se quedarán las subvenciones, el Gobierno termine ampliando la partida, como ya sucedió este año con la aprobación de 65 millones adicionales en el RD 6/2022. “Estaríamos más tranquilos viendo que ya se recoge de salida una cantidad próxima a lo necesario en vez del mismo presupuesto que en 2022, que ni siquiera llega al 100% de la compensación permitida”, explica Soto. Partida que según la patronal podría haberse incrementado hasta los 277,5 millones.
De hecho, el propio Gobierno reconoce en su Plan +SE que el presupuesto para compensaciones por CO2 a la industria “podrá aumentar durante 2023 en base a la disponibilidad presupuestaria y recaudación por derechos de emisión” para “intentar alcanzar el máximo permitido”. Según la normativa, el presupuesto destinado a este mecanismo puede elevarse hasta una cifra equivalente al 25% de la recaudación por derechos de emisión de cada año. Si la recaudación por derechos de emisión en 2022 llegara a los 3.000 millones que prevé Aege, la compensación podría ser de hasta 750 millones de euros, muy lejos de los 244 presupuestados.
En riesgo las inversiones climáticas y el empleo
Recibir compensaciones por los costes indirectos del CO2 tiene condicionantes. Las empresas beneficiarias están obligadas a, en un plazo de tres años desde el cobro de la subvención, cubrir el 30% de su consumo eléctrico sin emisiones de carbono o a invertir el 50% del importe de la ayuda en proyectos de reducción de emisiones en sus instalaciones.
Preguntada Aege por si son asumibles estos requisitos, responde que, para poder cumplir dichas condiciones, primero “tenemos que seguir vivos y activos” y apunta a que las inversiones climáticas serán asumibles siempre que se solucione el problema mayor, que es el precio de la electricidad. “A día de hoy lo que nos preocupa es poder trabajar y conseguir contratos de suministros eléctricos a precio competitivo, que es lo que nos falta”, afirma.
A pesar de las ayudas para paliar el impacto de la factura de la luz en las electrointensivas: reducción del 80% de los peajes de acceso (con un impacto de 225 millones según el Gobierno) y el incremento mencionado de la partida de las compensaciones; la industria ha reducido sus consumos energéticos y su producción respecto al año pasado.
En concreto, la demanda de electricidad por parte del sector industrial ha caído un 11,3% entre agosto de 2021 y agosto de 2022 según Red Eléctrica y la demanda de gas presenta un descenso del 20,1% entre enero y septiembre de 2022, según Enagás. Del mismo modo, el INE registra ya caídas en la producción de parte de las industrias electrointensivas: el papel desciende un 2,5% anual; el refino de petróleo un 3,5%; la química un 7,2% y la metalurgia un 15,7%.
Como consecuencia de estas paradas de producción temporales en España, muchas plantas están presentando ERTE. Es el caso, por ejemplo, de la metalúrgica Ferroglobe, matriz de Ferroatlántica, que mantiene sus tres hornos apagados desde verano e iniciará un nuevo ERTE en noviembre.
Según explica Soto, sus filiales en Francia y Noruega producen más barato que en España, lo que ha llevado a “importar el producto para suministrar a los consumidores españoles”. No obstante, Ferroatlántica lleva amenazando desde el año pasado con deslocalizar la producción a uno de esos dos países.
