Indignación patronal por la actitud del Gobierno con la crisis: «¡que se vayan al carajo!»

Cabreo monumental en CEOE con el Gobierno por la inconcreción de las medidas del Plan Nacional de respuesta a la guerra ante la crisis energética derivada de la misma y sobre todo por los intentos de Yolanda Díaz de prohibir de nuevo el despido objetivo y las bajadas de salarios al no haber sido informados de ello y considerarlo una «jugarreta» tras la reforma laboral.

El descontento en la organización empresarial ha ido ‘in crescendo’ desde la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2022 hasta los 1.000 euros y se ha agravado seriamente por lo que consideran una «clara inacción» del Gobierno ante la crisis económica y social desatada por el alza de los precios energéticos como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia.

Pero lo que ha terminado de prender la mecha han sido las propuestas del Ministerio de Trabajo encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz para el paquete de medidas laborales que se incluirán en el Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que se aprobará en Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo.

A tan solo cinco días de que vea la luz el esperado Plan de choque del Gobierno contra la guerra, fuentes de la organización empresarial muestran su «indignación y estupor» por la falta de concreción de las medidas pese a la dos reuniones mantenidas con los agentes sociales y la «perplejidad» ante las últimas propuestas de Trabajo. Se trata de la intención de Díaz de volver a prohibir el despido objetivo como ya sucedió durante la pandemia y de vetar también las bajadas de salarios.

Estas propuestas han sido en la patronal la gota que ha colmado el vaso del descontento, toda vez que CEOE y Cepyme emitieron ya el miércoles, tras una acalorada Junta Directiva, un comunicado en el que exigían al Gobierno que «clarifique y detalle con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de costes energéticos y a la espiral inflacionista»; así como al bloqueo de las carreteras por la huelga de transportistas, que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, «amenaza con una gran crisis económica y social».

La patronal catalana Foment del Treball liderada por Josep Sánchez Llibre se ha manifestado también en público contra la «falta de liderazgo» del Gobierno para atajar la huelga de transportistas y ha exigido al Ejecutivo rebajar los precios de los carburantes, así como actuar ya para poner fina a la «emergencia nacional, social y económica» que provoca el paro en el sector.

Este viernes de madrugada el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) alcanzaron un acuerdo tras aceptar la oferta del Ejecutivo de medidas por 1.000 millones de euros que incluyen una ayuda directa de 450 millones de euros y una bonificación de 0,20 euros por litro de combustible entre el 1 de abril y el 30 de junio, con un ahorro de 700 euros al mes por camión, aunque los paros continuarán por parte de la plataforma minoritaria convocante.

Las propuestas de Díaz complican el pacto de rentas: «Viven en los mundos de Yupi»

«Nadie nos ha comunicado nada, no nos han dicho ni mu, no tienen narices ni vergüenza para decirlo», señalan fuentes de la patronal a Economía Digital, que muestran su cabreo ante las medidas que estudia Yolanda Díaz al no haber sido trasladadas aún a los agentes sociales pese a la proximidad de la aprobación del Plan nacional de respuesta. En CEOE ven estos intentos de Díaz como una jugarreta y critican duramente que pretenda cambiar la normativa en la dirección de prohibir el despido objetivo y las bajadas de salarios después de haberse acordado a nivel tripartito la reforma laboral, ya aprobada y en vigor. «¡Que se vayan al carajo!», espetan.

Y es que los empresarios se oponen a que se vuelva a establecer el despido objetivo sin haberles consultado previamente, tras haber sido una de las medidas más polémicas durante la pandemia y uno de los caballos de batalla de CEOE, que durante las negociaciones de prórroga de los ERTE peleó por eliminar la prohibición de despido durante seis meses en estos mecanismos.

Así las cosas, fuentes del diálogo social advierten ya a Economía Digital que las propuestas de Díaz complicarán las negociaciones para el pacto de rentas que impulsa el Gobierno en el marco del Plan Nacional de respuesta, para el que pide contención salarial y de los beneficios y dividendos empresariales. «Este Gobierno no tiene ni idea de por lo que está pasando el tejido empresarial, viven en el mundo e yupi», critican. Mientras patronal y sindicatos siguen manteniendo contactos para negociar el VI Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC) que podría verse enturbiado también.

De cualquier forma, fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a este medio que se está estudiando volver a prohibir el despido objetivo «vinculado a la guerra» y la posibilidad de impedir también las bajadas de salarios, aunque apuntan que «por ahora no hay nada cerrado» y «se estudian varias posibilidades». Díaz está poniendo el foco en los beneficios de las eléctricas para paliar el impacto del alza de los precios energéticos y también en los del Ibex y las empresas cotizadas para que asuman parte del coste de la crisis. «Nadie entendería que en una situación de crisis las empresas con beneficios récord le bajaran los salarios a los trabajadores; el esfuerzo tiene que ser colectivo», apostilló ayer en los pasillos del Congreso tras incidir en los beneficios récord de 64.000 millones de euros.

Si finalmente se vuelve a establecer la prohibición del despido objetivo (cuya indemnización está fijada en 20 días por año trabajado) se recuperaría una de las medidas de protección del empleo adoptadas durante la pandemia, ya que durante meses se puso coto a este tipo de despidos que se justificasen en causas relativas a la Covid.

También se incluyó la prohibición de los despidos durante seis meses en los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), frente al rechazo de ambas medidas por parte de las patronales empresariales. Los nuevos ERTE contemplados en la reforma laboral que entró en vigor este año, en los que se incluyen los ERTE cíclicos y sectoriales del Mecanismo RED más orientados a la recualificación y formación, ya están disponibles en sectores que se encuentren en una situación de dificultad. Díaz trasladó ayer un mensaje de «calma y tranquilidad» a empresas y trabajadores al disponerse ya de estos mecanismos.

No obstante, fuentes gubernamentales confirman que se está produciendo un repunte de los salarios, pero señalan que en función de la casuística de la afectación de la crisis energética los trabajadores de los distintos sectores podrán acogerse a una u otra modalidad, por ejemplo los de electrointensivo y el paro del transporte se encuadrarían más en los ERTE ETOP de causas económicas (artículo 47 del Estatuto de Trabajadores) por el impacto del precio de la energía o los del sector de la automoción ante la falta de componentes.

En cuanto a los salarios, una de las opciones que se baraja es modificar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empresarios modificar las condiciones laborales de los trabajadores de manera unilateral, uno de los puntos que se llegó a dilucidar durante las negociaciones de la reforma laboral pero que se quedaron finalmente aparcados.

Control de los alquileres

Con todo, también se está trabajando en otros campos como el del control de los precios de los alquileres con el fin de evitar que los arrendadores actualicen los contratos de alquiler con arreglo al IPC, actualmente elevado al situarse en el 7,6% en febrero.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, principal voz de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición, ha sido insistente en los últimos días en la necesidad de controlar los alquileres al ser una parte del «enorme problema que sufren las familias», ya que si no se evita un incremento de las rentas con arreglo al IPC se provocará un «empobrecimiento generalizado de la sociedad española».

Esta iniciativa tampoco está bien vista por las organizaciones inmobiliarias al considerar que supondría un «nuevo intervencionismo» del Gobierno en el mercado, uno de los que está protagonizando la recuperación. Además, apuntan que la mayor parte de los arrendadores no está trasladando el IPC a los alquileres por «responsabilidad».