El independentismo maniobra en el Congreso para recortar el poder de CEOE

Los partidos independentistas catalanes, además de su exitoso trabajo a la hora de reformar el Código Penal a conveniencia, tienen también una importante agenda legislativa en lo empresarial. Aunque, por ahora, menos fructífera. Tanto ERC como PDECAT y Junts per Catalunya han intentado aprobar enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 para recortar el poder de CEOE y abrir a otras organizaciones la representatividad en el Diálogo Social y la negociación colectiva.

Órdago a CEOE de los partidos nacionalistas

Así lo atestiguan varias enmiendas espigadas por ECONOMÍA DIGITAL que fueron presentadas para la Ley de Presupuestos pero que finalmente fueron descartadas en las últimas semanas. Se trata de siete enmiendas firmadas por el Grupo Parlamentario Republicano (ERC) y Ferran Bel y Miriam Nogueras (de los escindidos PDECAT y Junts per Catalunya, y ambos en el Grupo Parlamentario Plural) que coinciden en una motivación: «resulta imprescindible que, si existe compromiso real de atender la realidad económica de las pymes del estado español, se les reconozcan sus derechos de participación con voz propia en el diálogo social y con igualdad de condiciones, así como en la negociación colectiva«.

Estas enmiendas (imágenes adjuntas) hacen hincapié en abrir el Diálogo Social (las mesas de representación entre Gobierno y Agentes Sociales) y la negociación colectiva más allá de las organizaciones empresariales existentes. A nivel nacional, esta representación la ostenta la patronal, CEOE, y su filial sectorial de pymes, Cepyme. Es decir, fuera de CEOE, no existe representatividad empresarial a nivel nacional. Las enmiendas proponen abrir la tarta a otras entidades y, «con el objetivo de poder ordenar adecuadamente la representatividad de las organizaciones empresariales», articular un desarrollo reglamentario para su acreditación.

Estas enmiendas están impulsadas por la patronal de las pymes catalanas, Pimec, que preside Antoni Cañete, que lleva meses intentando ‘abrir’ la representación empresarial para su organización española Conpymes, la patronal de pymes que se vería claramente beneficiada por estos cambios. En Cataluña, lo ha conseguido y ostenta el 50% de la representatividad empresarial tras la cesión de Foment del Treball. La aplicación de esta propuesta supone recortar el poder que ostenta en la actualidad Antonio Garamendi, reelegido recientemente como presidente de CEOE en la interlocución, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz o el de la Seguridad Social de José Luis Escrivá.

Fuentes de Pimec sostienen que su labor de ‘lobby’ se extiende a todos los partidos catalanes, de la misma forma que Conpymes se reúne con todos los partidos del arco parlamentario nacional. Así mismo, señalan que su objetivo es promover este tipo de iniciativas a través de los partidos sean del color que sean. Y de ahí que hayan logrado que estas tres fuerzas catalanas presionen en el Congreso. De hecho, la de los Presupuestos del Estado no es la primera ley donde las tres formaciones nacionalistas promueven estas enmiendas. También intentaron adjuntarlas a la reforma laboral, aunque tampoco prosperaron por la negativa del PSOE.

La pugna en la CEOE

La ofensiva de Pimec y Conpymes al terreno nacional sucede a la vez que Antonio Garamendi, que acaba de ser reelegido para su segundo mandato al frente de CEOE, está iniciando la ‘desactivación’ de su organización de pymes, Cepyme, tal y como publicaba ayer ECONOMÍA DIGITAL. La nueva Junta Directiva promueve una vicepresidencia primera, que ocupará Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños (CEIM). Este hecho ‘degrada’ a Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, quien ha sido de facto el ‘número dos’ de Antonio Garamendi por su rango estatutario. Fuentes de la patronal imbrican esta decisión en la opción de reducir Cepyme a una dirección general o centro de estudios, un planteamiento que no le es nada ajeno a Garamendi.