Los inspectores locales denuncian una «externalización fraudulenta» y critican la nueva plusvalía municipal
Los inspectores de la Hacienda local reclaman más medios para las administraciones y constatan devoluciones masivas tras seis meses de la neuva plusvalía
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero durante una rueda de prensa EFE/Emilio Naranjo
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) denuncia que las administraciones públicas locales continúan externalizando a entidades privadas los servicios de inspección de los tributos locales ante la falta de medios del personal funcionario, una práctica «fraudulenta» que acumula sentencias en contra desde hace años provocada por el «abandono» de la inspección tributaria.
Así lo ha denunciado durante la jornada ‘Una visión de la reforma fiscal desde la óptica de la Hacienda Local’, organizada conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que han denunciado también la inseguridad jurídica en torno a algunos tributos y han cargado contra la nueva normativa sobre la plusvalía municipal.
Tras seis meses del real decreto aprobado por el Gobierno para adaptar el cálculo de la base imponible y asegurar los 2.500 millones de ingresos a las corporaciones locales después de la anulación del tributo por parte del Constitucional, el presidente de la Anihpl, Arturo José Delgado, ha indicado que se están produciendo devoluciones masivas por parte de la mayoría de los municipios.
A su juicio, en la práctica tiene lugar una suerte de «amnistía fiscal» tras fijar el Tribunal Constitucional que su fallo no tenía carácter retroactivo, ya que ello permite a los contribuyentes que tenían que pagar dicha plusvalía entre 2019 y 2021 no tener que hacerlo.
Aunque la mayoría de los ayuntamientos no han incorporado a sus ordenamientos la nueva normativa, ha indicado que sí la cumplen, a pesar de disponer de un plazo de seis meses para aplicar las novedades regulatorias a sus ordenanzas municipales, como el tipo máximo del 30%. Con todo, ha lamentado que con la nueva normativa se estén librando de pagar el tributo «auténticos defraudadores».
«Externalización fraudulenta» por falta de medios
Los inspectors han avisado de que hay entidades locales que traspasan «líneas rojas» al suscribir contratos no muy distintos e incluso iguales a los que previamente han sido ya anulados por resolución judicial. Amparándose en términos como “apoyo”, “asistencia”, “colaboración” o “soporte” a la inspección local, las entidades privadas desarrollan «potestades públicas de inspección legalmente vedadas a empresas», denuncia la asociación, de forma que las tareas de los adjudicatarios no se limitan a asistir a los funcionarios, sino que los trabajadores de estas compañías llegan incluso a conocer los planes reservados de la Inspección, e incluso los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección.
«Son prácticas ya juzgadas fraudulentas por distintos tribunales», apostilla la asociación, que achaca esta externalización masiva se debe a la «carencia de medios de los entes locales para obtener los ingresos que les corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico tributario».
Sin embargo, ANIHPL considera que esa carencia «no puede contemplar que las entidades locales se vean desprovistas de una capacidad mínima inspectora», ya que «una incapacidad que deriva muchas veces en prácticas fraudulentas», por lo que reclama que se dote a todas las administraciones de los instrumentos jurídicos y medios necesarios.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha resuelto en conocidas sentencias que la actividad inspectora eficaz y vigilante no solo no es una opción sino “una exigencia inherente a un sistema tributario justo”, convirtiéndose la lucha contra el fraude fiscal en “un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración tributaria”, recuerda.
Discriminación e inseguridad jurídica
A lo largo de esta jorrnada, celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid, los Inspectores de la Hacienda Local también lamentaron que la propuesta de reforma fiscal que recoge el Libro Blanco elaborado por el comité de expertos incurra en el «error de pretender analizar la tributación en conjunto sin una de sus partes (la local)», algo que, por otra parte, consideran que «no constituye ninguna sorpresa», pues el Gobierno advirtió desde un principio que no se iba a incluir la financiación local en el análisis para la reforma.
Más allá de criticar que las haciendas locales sean las “grandes olvidadas”, ANIHPL destaca que continúan esquemas tributarios de mediados del siglo XIX y que en ciertos tributos contamos con una “tutela” estatal que, en muchas ocasiones, condiciona el buen funcionamiento de la gestión e inspección de los mismos.
De hecho, admite que los tributos locales se mueven en una «inseguridad jurídica permanente», poniendo como ejemplos los casos de la Plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Actividades Económicas (IAE).
