El Gobierno siembra el caos entre las empresas con un impuesto al plástico lleno de vacíos legales

El 1 de enero de 2023 entra en vigor el polémico impuesto sobre los plásticos no reciclables (IPNR) y aún no hay agua clara. Rodeado de quejas de la industria manufacturera y sus posibles efectos en el IPC, su problema es de base. La complejidad del tributo y su pobre desarrollo técnico por parte del Gobierno ha dejado unas bases “llenas de vacíos legales” hasta el punto que muchas empresas no saben con certeza como tienen que liquidarlo.

El IPNR proviene de la Ley de residuos y envases y tiene como objetivo reducir el consumo de plásticos no reciclables, que normalmente se utiliza en los envases. El hecho imponible es la fabricación, importación o adquisición intercomunitaria de envases que contengan este material, por lo que se pagará a 0,45 euros por quilo de plástico no reciclable que contenga, con la excepción de medicamentos, productos agrícolas, productos reutilizables y reciclado mecánico certificado.

Solo aquí ya nace el primer problema. Según Belén Palao, miembro del grupo de expertos en impuestos indirectos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), el tributo cuenta con una definición de “envase muy amplia”. Incluye de los primarios, que podría ser cualquier recipiente de plástico que contenga un alimento; hasta los terciarios, que van desde las espumas que protegen dispositivos electrónicos durante el transporte o los embalajes de plástico que envuelven los palets cargados. Por este motivo, afecte a todo el tejido productivo y a los particulares, no solo a la industria del plástico, dado que, por ejemplo, graba un pedido internacional a un proveedor que contenga un plástico protector no reciclado.

Por ahora, este tributo ni siquiera cuenta con una orden ministerial aprobada, solo con un proyecto de la Agencia Tributaria, por lo que prácticamente no ha tenido desarrollo reglamentario. “Tenemos una normativa con muchos agujeros técnicos, estamos trabajando basándonos en notas informativas y consultas de la Agencia Tributaria”, explica la asesora fiscal. Las bases actuales están redactadas por técnicos del Ministerio de Transición Ecológicas, no del de Hacienda, quien suele encargarse de los tecnicismos fiscales.

“Hay un vacío legal claro y genera cierto estrés tanto a los asesores, que no siempre sabemos responder a las preguntas que nos plantean, pero también a los que tienen que liquidar el impuesto”, añade Palao, mientras indica que nadie ha matizado a las empresas como tiene que hacerlo “correctamente”.

Unos datos difíciles de tener

Además, otra de las dudas que genera el IPNR es la existencia de datos acerca del peso de plástico que contienen los productos grabados. Por ejemplo, si una empresa de distribución de dispositivos electrónicos compra centenares de televisores coreanos a Samsung, el plástico que las proteja será sujeto de gravamen del tributo, una vez traspase las fronteras españolas. “¿Con qué datos ha medido la Agencia Tributaria la cantidad de plástico en estas espumas?”, cuestiona Palao.

Además, como más difícil es de gestionar un impuesto por parte de las empresas o los sujetes pasivos, más complejidad tendrá el control por parte de la administración. Por todo esto, ASEAF pide “hacer un impuesto técnicamente correcto” y aprobar la orden ministerial pertinente.

Unas 15 patronales en contra

Más allá del caos en la gestión, las empresas del sector del consumo denunciaron recientemente que este tributo llega “en el peor momento posible”. En un comunicado conjunto, hasta quince patronales del sector calculan que el impuesto tendrá un impacto directo de 690 millones de euros en sus gastos, mientras que aseguran que restará competitividad a España, dado que es el único país que ha puesto en marcha una medida similar.

“Conviene destacar el impacto nocivo que esta medida presenta para las exportaciones de nuestros sectores, así como el freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales”, alertan las compañías. Las patronales aseguran que las empresas ya están haciendo un esfuerzo para reducir el uso de plásticos, que ha bajado en un 21,7%.

Las empresas no tendrán otra que repercutir el coste de pagar el impuesto al precio final de sus productos, lo que podría incrementar hasta un punto el IPC en España, según es el cálculo que ha realizado la patronal de Mercadona y Consum para Economía Digital. Por su parte, Palao considera que el bajo importe del tributo no tendría un gran impacto sobre la inflación general, salvo en la industria manufacturera del plástico, ya que es un impuesto que va “directo a sus líneas de explotación y va a encarecer sus productos”.

El impuesto a los plásticos no reciclados no solo dañará a los particulares a través del precio final. Dado que grava las importaciones, si se hace un pedido internacional a domicilio de gran envergadura y supera los 5 kg de plástico, también se deberá de abonar. “Como persona física somos sujetos pasivos del impuesto. Tienes que pedir un número de registro y presentar una declaración, como lo harían las empresas”, aclara la experta.

La Unión Europea ha introducido una normativa que penaliza a los estados miembro por la generación de residuos de envases que no se puedan reciclar con una sanción de 0,80 euros el quilo. Los estados son los encargados de desarrollar una normativa para gestionar la penalización, por lo que España e Italia crearon este impuesto con el fin de repercutir una parte al contribuyente y incentivar cambios en los hábitos de consumo. Después que el país transalpino se echara atrás, España es el único de la comunidad que inicia un tributo de este estilo.

Por todo esto, el sector industrial ha pedido en varias ocasiones que se aplace su entrada en vigor. Según las empresas contrarias al tributo, el Gobierno rechaza el aplazamiento alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, la entrada en vigor de este impuesto figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo seguimiento es vital para poder recibir los fondos europeos. “No se va a aplazar. España necesita demostrarle a la UE que cumple con lo que prometió. Estamos fiscalizados por la UE”, concluye Palao.