IEE insta a bonificar al 100% las cotizaciones de las empresas que tengan plan de pensiones de empleo
El centro de estudios considera que la reforma del Gobierno no permite aprovechar el potencial de ahorro de estos planes por los limitados beneficios fiscales
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicio de estudios y think tank de CEOE, pide al Gobierno reformar los planes de pensiones de empleo, mejorando su tratamiento fiscal para que tengan un verdadero potencial de ahorros y sean un complemento eficaz de las pensiones públicas de jubilación.
Así lo expone el centro de estudios en su informe «Por una mejora de los incentivos fiscales a los planes de pensiones», presentado este lunes, en el cual considera que la reciente reforma de los planes de pensiones de empleo impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tendrá efectos limitados si no contempla mayores bonificaciones a las empresas.
«Aunque los planes de empleo, con la nueva Ley 12/2022, presentarían una aparentemente notable capacidad de acumulación de ahorro, este potencial teórico debe ser matizado«, avisan. La crítica del IEE se fundamenta en que España «se sitúa a la cola» de los países con exenciones o tipos de cotizaciones a la Seguridad Social reducidos para las aportaciones de empresa a este tipo de planes de pensiones.
Por ello, sostiene el think tank, «debería permitirse una reducción total de las cotizaciones a la Seguridad Social por aportaciones empresariales», dejando que operen los mismos límites que para la deducción fiscal general, al menos 4.250 euros en el caso de la empresa.
Un compromiso con Bruselas
Reformar los planes de pensiones de empleo es uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos de recuperación Next Generation. En concreto, la reforma incluida en el Plan de Recuperación tenía el objetivo de impulsar «los sistemas complementarios de pensiones» y, en específico, los planes de pensiones de empleo, es decir, aquellos que promueven las empresas e instituciones para sus trabajadores para que complementen la pensión pública de jubilación de la Seguridad Social. Todo ello con la finalidad última de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el corto, medio y largo plazo.
Según el IEE, la reforma efectuada no permite un «verdadero aprovechamiento» del potencial de acumulación de ahorro de estos planes porque aunque el tope fiscal deducible es aparentemente alto, la reducción por cotizaciones sociales es muy limitada. En concreto, los límites fiscales deducibles pueden alcanzar los 10.000 euros bajo determinados supuestos, pero la reducción por cotizaciones a la Seguridad Social por aportaciones de las empresas se limita, según los datos de 2022, a los primeros 1.400 euros, es decir, a 120 euros al mes.
De esta manera, aunque el trabajador aportara el máximo permitido, 4.250 euros, más los 1.500 del límite general, sería difícil «en la práctica» que las empresas aporten los otros 4.250 euros por los costes adicionales que esto les supondría.
En este sentido, el centro de estudios pone de ejemplo a otros países de la UE que bonifican el 100% las cotizaciones sociales de las empresas con dichos planes: Irlanda, Austria, Países Bajos, Portugal, Grecia, Letonia, Polonia, Eslovenia y República Checa.
A la cola de la UE en los planes de pensiones individuales
Por otra parte, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha criticado que la capacidad de acumulación de ahorro de los planes de pensiones individuales haya empeorado reforma tras reforma y sitúe a los planes españoles a la cola de la UE, en la posición 21 de los 27.
Según Fernández, las sucesivas reformas han ido recortando el límite de aportaciones desde los 10.000 euros anuales vigentes en 2014 hasta los 1.500 de la actualidad. «Ello ha supuesto una progresiva caída del volumen total anual de aportaciones: desde un flujo de aportaciones superior a 6.200 millones de euros en el año 2006 hasta los 2.594 millones del pasado año 2021, una caída superior al 58%«, detalla.
Por este motivo, el IEE estima que la capacidad de ahorro provisional que ofrece el marco fiscal de los planes individuales españoles es hasta un 83% inferior a las mejores prácticas y de menos de la mitad del promedio de la UE. De este modo, una persona que aportara cada ejercicio el máximo permitido en España durante 35 años obtendría unos derechos al final del plan de 110.500 euros, frente a los 238.800 de la media europea. Esto supondría una renta mensual neta para completar la jubilación pública de apenas 464 euros frente a los 1.166 de la media de la UE.