Iceta se da tres años para reducir la temporalidad en las administraciones al 8%, meta que Rajoy fijó para 2020

La elevada temporalidad entre los empleados públicos de las distintas administraciones españolas, sobre todo en determinadas áreas donde supera el 40%, es una de las mayores quejas de los funcionarios y la principal reivindicación de los sindicatos en los últimos años, en los que se han suscrito acuerdos y medidas para su reducción.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha hecho hincapié en este problema desde su llegada a la Moncloa y este miércoles ha desvelado que se marca el objetivo “ideal” de que la tasa de temporalidad del 8% de la Administración General del Estado (AGE) se logre para el conjunto de las administraciones públicas “en un plazo de tres años”.

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de clausura del I Congreso UGT-FeSP (Federación de Empleados de Servicios Públicos), en la que ha reiterado su intención de alcanzar «antes de verano» un acuerdo con comunidades autónomas, entes locales y sindicatos para consensuar las medidas y las tasas de reposición «flexibles» para reducir la temporalidad.

Los planes del Gobierno del PP «no cumplieron objetivos»

El objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público ya fue abordado por el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, quien suscribió un acuerdo con los sindicatos en 2017 para la estabilización de la temporalidad en el 8% en un trienio, por lo que, de lograrse, la reducción de la temporalidad se produciría tres años más tarde de lo inicialmente previsto por el anterior Ejecutivo del PP. Este objetivo se ha ido manteniendo por los sucesores de Montoro, ya en la etapa socialista, con Meritxell Batet, Carolina Darias y ahora Miquel Iceta, quien se da tres años más para lograr esa meta.

Según Iceta, se va a estudiar por qué no se han cumplido plenamente los objetivos de los planes de estabilización suscritos e iniciados en 2017 y 2018 por el anterior Gobierno del PP, que van a un ritmo “mucho más lento de lo previsto”, con el fin de darles un impulso. 

A este respecto, ha recordado que el pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que participan también CCAA, entes locales y el Ministerio de Hacienda, y en ese marco se pretende discutir los criterios y tener la radiografía más precisa posible sobre la situación de interinidad en el conjunto de las administraciones. 

De hecho, Iceta ha achacado el problema de la temporalidad en las administraciones a la austeridad de los últimos años, ya que entre 2012 y 2015 las tasas de reposición de plazas fueron del 0%, lo que hizo que las administraciones se viesen “abocadas” a la contratación de personal interino. 

Límite de 3 años para cubrir vacantes de interinos

Aunque ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 elevaron por primera vez la tasa de reposición hasta el 100%, llegando a alcanzar la tasa de sectores prioritarios el 110% o incluso el 115% (en entidades locales que tengan amortizada su deuda financiera la tasa general es del 110% y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía autonómica y locales, del 115%), ha admitido que esa tasa de reposición no resuelve la bolsa de empleo temporal ni la temporalidad del conjunto de las administraciones.

Por áreas, ha apuntado que la temporalidad en la Administración General del Estado (AGE) ronda el 8%, el objetivo que se pretende alcanzar, siendo inferior a la de otros sectores, como la administración autonómica en la que supera el 30%, sobre todo en salud y educación, y en los ayuntamientos se sitúa en el 13%. 

El ministro ha indicado que “cierta temporalidad es aceptable, incluso necesaria”, en servicios que no pueden dejar de prestarse, como los médicos, enfermeros o camilleros, pero ha detallado algunas de las medidas “eficaces y objetivas” que pretende acometer para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, de forma que se ponga énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima.

Para ello, llevará al Congreso la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en lo referido a su artículo 10, de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir  en un plazo máximo de tres años las plazas existentes que hoy ocupan personas sin contrato fijo. 

Bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, desarrollará un nuevo proceso en el que se promueva la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural, como puede ser el caso de los encargados de realizar nóminas o los trabajadores de la limpieza. 

Tal y como adelantó Economía Digital, el Gobierno también prevé aprobar tasas de reposición de hasta el 130% en los organismos que presenten una elevada temporalidad, siempre y cuando esté justificado y previa realización de un análisis detallado.

El ministro ha asegurado que se hará “lo más rápido que se pueda” y ha hecho especial hincapié en que se escuchará a “todos” y se negociará con los sindicatos como parte fundamental en el proceso. “Mi compromiso con las organizaciones sindicales representantes de clase se va a mantener de forma permanente”, ha apostillado. 

Iceta ya avanzó a mediados de marzo que la oferta de empleo público (OEP) de este año se publicará el próximo mes de junio con el fin no debilitar los servicios públicos, por lo que alcanzará a “todas las administraciones”, aunque no de una forma igual. 

La última oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) fue aprobada el pasado mes de octubre, correspondiente al ejercicio 2020, con un total de 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas del año previo, que fue la mayor de los últimos diez años. 

UGT exige derogar la tasa de reposición

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su “rechazo y condena absoluta” a la “crispación” vivida durante la campaña de las elecciones madrileñas que solo conduce a la “barbarie”, y ha entrado a analizar los problemas de las administraciones, como el envejecimiento, con plantillas como la de la Seguridad Social cuya media de edad supera los 57 años, al tiempo que ha exigido la derogación de la tasa de reposición a ser “un desastre que no tiene ni pies ni cabeza”. 

“No hay una administración que tenga que tener un tutelaje, cada una de ellas tiene que hacer frente a sus propias responsabilidades”, ha defendido Álvarez, quien también ha pedido abordar la situación de los trabajadores de servicios públicos en contratas privadas en las administraciones reclamando el fin de la situación de trabajadores como los de residencias privadas con salarios de 950 euros. 

En esta línea, ha exigido que los contratos adjudicados por las administraciones no primen los precios más baratos sino que tengan en cuenta la calidad y se respeten los convenios colectivos. 

El líder sindical ha aprovechado para reivindicarse de cara al 43 Congreso de UGT que se celebrará en Valencia entre el 18 y el 20 de mayo, ya que tras cinco años “quedan muchas cosas por hacer”. Ha afirmado que espera poder anunciar “en las próximas semanas” un acuerdo de derogación de la reforma de las pensiones del año 2013 del Gobierno del PP, así como una derogación “importante” de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, sobre todo en lo referido a la contratación, así como conseguir que suba el Salario Mínimo, con la meta de 1.200 euros en 2023. 

Coincidiendo con el Día de la Salud Laboral, ha exigido una modificación sustancial o una nueva Ley de prevención de riesgos laborales para frenar la “sangría” de fallecimientos de trabajadores, que el año pasado alcanzaron los 780, 13 más pese al parón de la actividad por la Covid. 

Julio Lacuerda, reelegido secretario general de UGT Servicios Públicos

De su lado, el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha sido reelegido en el cargo en el primer congreso de la federación de servicios públicos de UGT, al haber sido respaldada su candidatura por el 93,31% de los delegados.

Lacuerda ha reconocido que el segundo acuerdo sobre el empleo público no logrado su objetivo porque las administraciones públicas «acaban corrompiendo esta clase de acuerdos y no quieren cumplir la ley«, sino «crear una enorme bolsa de interinidad, y luego ya se verá.

Ha achacado este comportamiento a la falta de mecanismos coercitivos que se lo prohíban a las administraciones, y todo ello pese a la sentencia del Tribunal Europeo que le recuerda a España que no traspone correctamente la normativa sobre empleo público, que provoca un abuso sistemático de la contratación, y a la que insta a tomar las medidas legales para resolver esta
cuestión. No obstante, ha mostrado su confianza en la predisposición mostrada por el nuevo ministro.