Iberdrola y Endesa exigen una consulta pública sobre la luz en plena negociación de Ribera con Bruselas

Las principales eléctricas españolas, agrupadas en la patronal Aelec, siguen su cruzada contra la denominada ‘excepción Ibérica’ -que pretende rebajar el precio de la luz-, y tras haber hecho de forma pública su disconformidad con las medidas que han pedido los gobiernos de España y Portugal, también quieren que la propia Comisión Europea sea más transparente en todo el proceso de negociación. Aunque el tiempo se agota, y ahora la misión es dejar constancia de que no se ha contado con los principales actores del sector para tomar las medidas.

En concreto, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes conocedoras de la situación, la organización que ahora mismo representa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP habría pedido a la Comisión Europea un proceso de consulta público para que los diferentes afectados de este proceso puedan exponer de forma su posición con respecto a todo lo que se está gestionando en Bruselas.

Lo peor de esta situación es que desde Bruselas no se habría dado ningún tipo de respuesta; y, lógicamente, a estas alturas de la negociación parece poco probable que haya ‘feedback’ al respecto. Sobre todo cuando el fin está próximo, tal y como destacó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada.

El pesar de las grandes eléctricas, sobre todo Iberdrola y Endesa, es que no se conoce ninguna de las propuestas o enmiendas que se están haciendo desde la Comisión Europea a los planes que habían presentado desde España y Portugal. Algo, no obstante, que no les ha impedido alzar la voz por diversos medios.

Críticas públicas a la ‘excepción’

Cuando restan un puñado de horas para que se conozca si definitivamente habrá ‘excepción Ibérica’, y así España y Portugal puedan tomar medidas concretas -y temporalmente limitadas- para frenar los altos precios de la electricidad, han sido las propias compañías las que han alzado la voz.

En concreto, desde hace unos días ha trascendido de forma pública que los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal han advertido de los «importantes y relevantes impactos» que pueden ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados la denominada ‘excepción Ibérica’ para limitar a 30 €/MWh el precio de gas que se utiliza para generar electricidad.

En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país (CNMV y CMVM) y al comité Técnico del Mibel, OMI -en la que participan los principales grupos energéticos del país (como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o EDP) y financieros (Santander o BBVA)- OMPI, BMEClearing y MEFF alertan de que «la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios».

En un intento desesperado por conseguir influir en la decisión final que se tome en Bruselas, el argumento es que «la ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados».

Y es que las compañías cubren generalmente la volatilidad de los precios de la electricidad por medio de contratos de cobertura en los mercados a futuro, cuyos precios se establecen de acuerdo a los precios en las subastas diarias y en los mercados al contado. De esta manera, una distorsión en esos precios a través de la fijación de un tope llevaría a distorsionar también esos contratos derivados, según los operadores.

Un asunto nacional

La situación, pese a que está cerca de su resolución, promete tener todavía días de caos e incertidumbre. De hecho, está tan abierta la situación, que la ministra Teresa Ribera viaja este martes a Bruselas para mantener una reunión con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la propuesta presentada por España y Portugal.

La también vicepresidenta Ribera acudirá a esta cita con Vestager junto con el ministro de Medio Ambiente y Accion Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, según consta en la agenda de la Comisión Europea.

La situación por el momento es de cierta complejidad para los intereses españolas por la gran oposición planteada en el seno de la unión. En concreto, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes conocedoras de la situación, doce Estados miembro se han opuesto abiertamente al plan inicial del Gobierno español en los términos planteados. Los países que encabezan este rechazo son Alemania y Holanda, que desde hace meses tienen intereses contrarios a las regiones del sur de Europa.

Cabe recordar que, pese la venta victoriosa por parte del presidente del Gobierno, se trataba de un documento previo que responde a las líneas que había trabajado con antelación el Ejecutivo, como introducir un sistema de doble casación, una en frontera para que las exportaciones de electricidad sean retribuidas al precio que correspondería en ausencia de un mecanismo de ajuste; y una segunda casación, donde se introduce el ajuste y el pago por encima del coste del gas es asignado automáticamente en ese margen que queda de tecnologías mucho más baratas hasta el precio que ha sido retribuido el gas a primera instancia. Todo ello con un precio máximo del gas de 30 €/MWh.

Pues sobre ese planteamiento inicial, hasta una docena de países habrían ofrecido su negativa inicial. Alegan, según ha podido conocer este medio, que habilitar las medidas iniciales que proponía España sería crear un precedente peligroso en la Unión Europea sobre la intervención de los mercados eléctricos.