Hernández de Cos y el BCE se alinean antes del capítulo final del IRPH

Los supervisores están aderezando el terreno para complicar las quejas de la banca en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) ofrezca un dictamen negativo para sus intereses. Esta semana, en la que se ha publicado el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo (BCE), tanto Frankfurt como el Banco de España han coincidido en destacar el impacto en los resultados de las malas prácticas bancarias.

En concreto, la institución presidida por Christine Lagarde, calcula que en la última década, las multas y litigios han restado 350.000 millones al capital de la banca mundial. En el caso de las entidades europeas, el BCE señala que siete de los principales bancos de la zona euro tuvieron que asumir costes relacionados con malas prácticas en ese periodo y que esta situación ha afectado a la rentabilidad del sector (lo que se conoce como ROE), a su valoración en bolsa, y que ha actuado como un factor negativo para que elevaran su solvencia.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, se ha sumado al reproche del BCE y, sin citarlo, ha recordado que el riesgo de que el salto por litigios siga dañando los resultados persiste, en lo que parece una referencia a lo que pueda resultar del IRPH. «En el caso español, la potencial materialización de costes asociados a riesgos legales continúa contribuyendo al riesgo operacional de las entidades de depósito. Los procesos vinculados a litigios pasados tales como el de las clausulas suelo han tenido un coste estimado para el sector de más de 2.200 millones de euros hasta junio de 2019. Además, existen otros procesos legales relevantes pendientes de resolución», señaló en un conferencia el pasado 18 de noviembre. El gobernador, asimismo, se refirió a la reputación y la confianza de los clientes como dos elementos clave en el negocio bancario.

Por el momento, la banca española no ha necesitado realizar provisiones por su exposición al IRPH, pero es un riesgo que queda pendiente de despejar y que puede repercutir en su capacidad para generar capital. El primer dictamen del Abogado General de la Unión Europea ha dado tranquilidad a las entidades financieras y limitado notablemente el impacto económico máximo -no duda de la transparencia del indicador en sí mismo, pero deja la puerta abierta a que la Justicia pueda evaluar si el proceso de comercialización fue correcto-, pero la decisión del TJUE es la clave.

En el caso de las clásulas suelo, el tribunal fue más duro que el Abogado General y que el Tribunal Supremo español y optó por aplicar la retroactividad total. Ese movimiento, que forzó al gobierno a aprobar una normativa para montar un sistema de reclamación específico, no sería ahora mismo trasladable al caso del IRPH, al no dudarse de la transparencia del índice en sí.

No obstante, un cambio significativo de criterio del TJUE sería muy dañino para el sector, que podría verse obligado a realizar dotaciones significativas que pasaran factura a sus resultados y limitaran su capacidad para reforzar su solvencia.

Tanto desde el BCE, como desde el Banco de España, llevan meses recordando que la banca española continúa retrasada en este ránking y recomendando realizar algunos esfuerzos, como moderar los dividendos en efectivo, para reforzarla. Además, Hernández de Cos ha dejado la puerta abierta a activar, en 2021, el colchón anticíclico, lo que obligaría a las entidades a reforzar su capital un año después.

El IRPH se dirime a partir de diciembre

A medida que se acerca la fecha para que el TJUE se manifieste, la advertencia de los supervisores no parece casual. Se espera que el TJUE se pronuncie, como pronto, a finales de diciembre, aunque algunas fuentes ven probable que se retrase hasta los primeros meses del próximo año; lo que, obligatoriamente, mantiene al sector en guardia.

Al cierre del primer semestre, la banca del IBEX contaba con una cartera viva de préstamos ligados al IRPH por unos 16.000 millones, que no se ha reducido significamente, de acuerdo con las pistas que fueron dando los bancos a lo largo de la presentación de resultados. La mayoría de grandes bancos –Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell y Bankia-, cuentan con hipotecas referenciadas al índice.

Ciertas entidades como, por ejemplo, Bankia ya han adelantado que esperarán al TJUE antes de tomar ninguna decisión sobre su dividendo extraordinario. Otras, como Banco Sabadell, por ahora han cambiado el primer pago a cuenta con cargo al ejercicio 2019 por el reparto de acciones de autocartera. 

Caixabank, por su parte, ha confirmado su objetivo de dividendo. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, insistió en que su politica de pago en efectivo y ligada al nivel del beneficio -se ha marcado devolver a los accionistas entre el 50 y eo 60% de sus beneficios- es la correcta.

El Banco Santander ya contempla abonar dividendos en scrip -modificó su política a comienzos de este año-, mientras que BBVA mantiene los pagos en efectivo, si bien sus niveles de pay-out comprometidos son inferiores a los de Caixabank o el Santander.