Hacienda señala que la deuda de la Administración es de 9.759 millones
Hacienda desmiente así a la Plataforma contra la Morosidad, que acusaba al Estado de deber más de 110.000 millones de euros a sus proveedores
En la imagen, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. EFE/Chema Moya
La deuda comercial de la Administración Pública con sus proveedores se situaba a cierre de 2021 en 9.759 millones de euros, lo que supone un 3% más que en 2020 (9.466 millones) y un 17% menos que en 2019 (11.773 millones).
Así lo indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda en respuesta a un comunicado emitido este jueves por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PCcM) en la que dicha entidad señalaba que las Administraciones Públicas “deben más de 110.000 millones de euros a sus proveedores”.
Desde Hacienda aseguraron que dicha cifra es incorrecta y “muy alejada de la realidad”, remitiéndose a la estadística de cuentas financieras publicada por el Banco de España, que refleja que, a cierre de 2021, los créditos comerciales y anticipos del conjunto de las Administraciones Públicas se situaba en 9.759 millones.
De dicha cantidad, los datos indican que a las comunidades autónomas corresponden 4.151 millones de euros, 3.300 millones a las corporaciones locales, 30 millones a la Seguridad Social y 2.278 millones de euros a la administración central.
Asimismo, la cifra publicada por el Banco de España coincide con los importes pendientes de pago recogidos por el indicador del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones publicado por Hacienda, aunque en el caso de la administración central dicho indicador señalaba que, a cierre de 2021, los importes pendientes de pago eran de 706 millones de euros, mientras que el total de créditos comerciales y anticipos sumaban 2.277 millones. Dicha diferencia, explicaron las fuentes de Hacienda consultadas, se debe a otros conceptos que no son proveedores y por una serie de ajustes de Contabilidad Nacional.
Por último, desde el Ministerio resaltaron el “enorme esfuerzo” realizado en los últimos años para reducir los períodos medios de pago a proveedores en el conjunto de las Administraciones Públicas, reflejado en el hecho de que se ha logrado reducir dicho periodo por debajo de los 30 días en todas las comunidades autónomas, que llevan 16 meses por debajo de dicha cifra.
