Hacienda saca la calculadora para detectar a las CCAA infrafinanciadas

El Gobierno está dando los primeros pasos de cara a la futura reforma del modelo de financiación autonómica al haber iniciado ya los trabajos técnicos para cuantificar la infrafinanciación sufrida por algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, de cara a la reforma del modelo que comenzará en los próximos meses abordando el criterio de población ajustada, según informaron a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

La reforma del sistema de financiación autonómica es un asunto enquistado durante casi 12 años desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diese en julio del año 2009 el visto bueno a la propuesta del Gobierno de entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sobre el el modelo de financiación autonómica y a finales de ese mismo año el Gobierno aprobó la ley de financiación autonómica.

Dado que la previsión de vigencia de dicho modelo era de cinco años, se considera que el sistema implantado está caducado desde el año 2014, sin embargo los distintos vericuetos políticos vividos a lo largo de la década han imposibilitado finalmente la reformulación de un modelo pese al clamor generalizado de todas las comunidades autónomas de distinto signo político.

Este fue uno de los compromisos suscritos de hecho en la Conferencia de presidentes autonómicos celebrada en enero de 2017 en el Senado en la que se estableció como meta la reforma a lo largo de ese ejercicio, si bien el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy finalmente no lo llevó a cabo ante la delicada situación política desencadenada en Cataluña por el ‘procés’ y la ausencia de esta región a las reuniones del CPFF.

Infrafinanciación y criterio de población ajustada

Precisamente la celebración de las elecciones catalanas el pasado mes de febrero fue uno de los motivos que propiciaron el retraso respecto a la fecha marcada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha ido postergando también desde 2018 la reforma del sistema.

Lo cierto es que aún no hay una fecha concreta para abordar la reforma pero se mantiene el objetivo de lograr «avances» este año y tratar de consensuar y cerrar la reforma a lo largo de la legislatura. De hecho, desde Hacienda confirman a Economía Digital que se trabaja ya para determinar la infrafinanciación del sistema actual. 

No obstante, las mismas fuentes precisan que se trata de trabajos técnicos pero no se ha constituido un grupo técnico ‘ad hoc’, por lo que aún no se ha dado inicio formalmente a la reforma del sistema. 

Además, Montero se comprometió con el diputado de Compromís Joan Baldoví en el Parlamento a discutir en breve la variable de la población ajustada y avanzó que se tendrá en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos por habitante “en el medio rural abandonado” de cara a la reforma de financiación. 

También está confirmado que en la primera fase de la revisión del modelo se incluirá la insularidad, la población mayor de 65 años y cómo hay que atender a la población infantil, tal y como confirmó la ministra en su intervención en el Congreso Confederal de UGT celebrado en Valencia.

Sin fecha para la reforma

Sobre los plazos, tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 el nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez mantuvo el compromiso de acometer la reforma del modelo de financiación autonómico, y este quedó plasmado en el acuerdo de coalición suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos a finales del año 2019.

En él ambas formaciones se comprometían a desarollar la previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el «objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual».

«El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia», añadían.

Nueva etapa tras las elecciones catalanas

La llegada de la Covid y la convocatoria de elecciones en Cataluña en febrero y en la Comunidad de Madrid en mayo propiciaron de nuevo el retraso en el inicio de los trabajos de la reforma, a pesar de que la propia Montero fijó el pasado mes de febrero como el mes en el que se iniciaría, y aún sigue aplazada con la previsión de acometerla «en los próximos meses», según indicaron a Economía Digital en fuentes del Ministerio de Hacienda.

Desde el Gobierno creen que con el acuerdo de ERC y JxCAT suscrito en mayo y la consecuente formación del Govern de Pere Aragonès se abre una nueva etapa que podría facilitar de alguna forma un acercamiento de posturas para intentar al menos abordar lar reforma del sistema de financiación.

Esto es así sobre todo por el nombramiento del conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, quien fue director ejecutivo en CaixaBank y durante sus años en La Caixa tuvo contacto con las áreas económicos del gobierno central.

El Congreso urge a la reforma

Entre tanto, el pasado mes de febrero la mayoría del Congreso aprobó un punto de una moción consecuencia de interpelación del PP que pedía reformar cuanto antes el modelo de financiación autonómica y reunir para ello a la Conferencia de Presidentes, con el fin de retomar «con la mayor urgencia posible» los trabajos que quedaron pendientes en 2018 para resolver las insuficiencias, así como garantizar los principios de «igualdad, equidad, transparencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal».

 En mayo también se aprobó en la Cámara Baja otra moción de Compromís que pedía de nuevo al Gobierno presentar este año una propuesta de reforma del modelo de financiación de las autonomías y que mientras se negocie garantizar los recursos a las comunidades autónomas priorizando el criterio poblacional.

En todas sus intervenciones, y desde la experiencia de los debates sobre la financiación autonómica durante su etapa como consejera en Andalucía en los gobiernos de Susana Díaz, Montero ha apelado a los grupos a encontrar un “clima de consenso” para lograr que la reforma salga adelante. 

En un claro llamamiento al entendimiento, especialmente a las regiones con formaciones nacionalistas en sus gobiernos, Montero ha dejado claro en varias ocasiones que el modelo de financiación “nunca puede ser óptimo para nadie”, sino que hay que buscar un “equilibrio” en la estructura territorial y “ser generosas y entender España como un todo”. 

Ante las peticiones de Compromís de un fondo de nivelación, Montero ha rechazado la creación de dicho fondo al considerar que “implosionaría” y reivindica la aportación del Ejecutivo a las CCAA a través del fondo Covid-19 de 16.000 millones, el FLA, la suspensión de reglas fiscales y el fondo de 13.000 millones a repartir entre las CCAA previsto en los Presupuestos para 2021. 

Los expertos y la armonización fiscal

Mientras llega la reforma de financiación, cabe recordar que a raíz de la Conferencia de presidentes de 2017 el Consejo de Ministros sí constituyó una Comisión de Expertos formada por profesionales propuestos por el Estado y las distintas autonomías, en el que proponía, entre otras cuestiones, dar capacidad a las autonomías para fijar copagos, que las CCAA pudiesen subir el IVA de forma conjunta o la armonización de lmpuesto de Sucesiones y Patrimonio.

«Sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como estudiar la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”, señalaron los expertos en su informe.

Este asunto, el de la armonización fiscal, ha sido motivo de disputas y reproches entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las regiones del PP, especialmente en un cruce de declaraciones cuasi constantes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta de la Comunidad de Madrid del PP, Isabel Díaz Ayuso.

La titular de Hacienda ha defendido en los últimos meses la necesidad de armonizar lo que denomina impuestos a la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) para hacer frente al ‘dumping fiscal’ que considera que acometen algunas regiones, como la comunidad madrileña, ante su política de bajos impuestos y la bonificación al 99% o 100% de esos tributos. De hecho, Díaz Ayuso ya avanzó antes de su victoria electoral que aprobaría la «mayor bajada de impuestos de la historia».

De su lado, el Gobierno constituyó el pasado mes de abril un grupo de expertos para que evalúen todo el sistema tributario y publiquen sus recomendaciones a más tardar en febrero de 2022, si bien la ministra ya ha adelantado que entre sus intenciones estaría la de proceder a la armonización fiscal.

Recursos récord de 162.000 millones este año

En cualquier caso, los recursos que percibirán en 2021 las CCAA totalizan el récord de 162.768 millones de euros, según cálculos realizados por Economía Digital a raíz de datos del Ministerio de Hacienda, el equivalente a aproximadamente el 14% del PIB, si bien estos recursos récord los obtendrán las regiones mediante el sistema de financiación autonómica, los PGE de 2021 y los distintos mecanismos europeos, como el React-EU y los fondos de reconstrucción.

En concreto, según desgranó la ministra, las autonomías dispondrán de 113.729 millones de euros procedentes del sistema de financiación, entre las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2019, una cuantía ligeramente inferior (1.900 millones) a la de 2020, que será compensada porque el Gobierno central se ha comprometido a financiar parte del déficit público autonómico de este año.

Y es que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para las autonomías, una transferencia que recibirán y que no deberán devolver, a lo que se suman los 7.000 millones de euros aprobados para ayudas directas a empresas y autónomos que el Gobierno de España ha transferido a los de las comunidades.

Se añaden a ello 9.760 millones de euros que recibirán los gobiernos autonómicos para financiar políticas de gasto destinadas al fomento del empleo, servicios sociales, educación o acceso a la vivienda, con un aumento de esta partida del 42%.

También en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas y los 140.000 millones de euros de fondos europeos de reconstrucción asociados al mismo, se ha habilitado una línea de financiación a cargo del fondo REACT-UE dotada con 8.000 millones de euros este año para las CCAA para apoyar la recuperación de sectores afectados y reforzar el sistema sanitario.

A su vez, en los Presupuestos Generales del Estado se incluyen 26.634 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación Europeo, de los que a las CCAA les corresponden 10.793 millones de euros. En conjunto con las entidades locales, a las que irán destinados 1.489 millones de los fondos europeos, gestionarán el 58% del total de los recursos comunitarios previstos para este año 2021.