Hacienda aplaza la reforma de financiación local e impacienta a los alcaldes

El Gobierno de coalición arrancó a principios de diciembre el ‘melón’ de la reforma de financiación autonómica, tras meses de demora respecto a lo prometido y años tras la caducidad del sistema actual en 2014, al presentar una primera propuesta sobre el criterio de población ajustada, si bien se posterga la esperada negociación de la reforma de la financiación local.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a Economía Digital que no se iniciarán los trabajos sobre la financiación de las corporaciones locales en el mes de diciembre y no hay todavía una fecha fijada para el inicio del año que viene, aunque mantienen que la idea es ir avanzando en paralelo en ambas negociaciones.

La falta de concreción de una fecha impacienta ya a los ayuntamientos, quienes reclaman que se aborde la financiación local al tiempo que la autonómica y avisan del ‘agujero’ que se generará en muchas corporaciones con motivo de la nueva fórmula para la plusvalía municipal tras la sentencia del Supremo que declaró su nulidad, el impacto de la Covid en los ingresos y la ausencia de un Fondo Covid y de transporte, según señalan desde algunos de los grandes consistorios.

Pero lo cierto es que en el Gobierno contemplan por el momento la convocatoria ni del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ni de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), por lo que aún queda al menos un mes y medio para que pudiesen iniciarse las negociaciones de financiación.

La FEMP inicia los trabajos: confía en arrancar la negociación en enero

No obstante, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha iniciado ya los trabajos y ha constituido un grupo de trabajo para dar inicio al diseño del nuevo modelo de cara a las negociaciones futuras con el Gobierno. El equipo técnico ha formulado sus primeras directrices y la FEMP confía en que una comisión política de la federación pueda trasladárselas al Ejecutivo a primeros de año.

De hecho, esta misma semana se trató este asunto en el Consejo Territorial de la FEMP celebrado por vía telemática. Aunque la federación está a la espera de iniciar los contactos tras las navidades conforme a lo coprometido, fuentes internas no descartan que el inicio de las negociaciones tanto de la financiación autonómica como local se postergue hasta después de que las comunidades autónomas respondan a la propuesta de Hacienda del criterio de población ajustada.

Hacienda ha dado dos meses a las regiones para que den contestación a su propuesta, por lo que el inicio de las negociaciones podría postergarse hasta el mes de febrero, un año después del compromiso inicial de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber abierto el ‘melón’ de la reforma de financiación como pronto en torno a febrero de 2021.

Cabe recordar que el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la base del sistema de financiación local, diseñó un sistema de financiación de vigencia indefinida que se aplica desde el año 2004 recogiendo en la Ley las variables y ponderaciones que definen la financiación municipal, con el propósito de que fuese un sistema estable en el tiempo.

Modelo quinquenal, con más ingresos procedentes de CCAA y Estado

La FEMP defenderá un nuevo modelo de financiación local basado en una mayor participación en los ingresos de las comunidades autónomas y un mayor porcentaje en los del Estado. Es decir, un modelo que aumente las transferencias de ambas administraciones a los gobiernos locales.

Fuentes de la federación explican a este medio que se reclamará lo fijado por mandato constitucional, de forma que los ayuntamientos dejen de participar en un porcentaje del 13% de los tributos estatales, que ya tenían en el año 1979, y se logre el consenso de estas décadas de lograr un porcentaje del 33% de participación.

El nuevo modelo, cuyas líneas avanzó el presidente de la FEMP, Abel Caballero, en el Consejo Territorial de la federación, plantea además que el nuevo modelo sea revisable cada cinco años, que prevea la reposición de las cantidades no recaudadas por la falta de revisión de la norma anterior del año 2002, o que el incremento de la participación en los ingresos estatales de entidades locales se calcule sobre los ingresos del Estado antes de restar la participación autonómica.

Sistema distinto para los pequeños municipios

También reclamarán la posibilidad de aplicar un sistema diferente para los pequeños municipios y de incorporar a la financiación local el Fondo para Transporte Público Colectivo. “Tenemos que plantear empezar la negociación justo a comienzos del próximo año con las propuestas que elaboren nuestros técnicos. Si hay nueva financiación autonómica, tiene que haber nueva financiación local”, reclamó Caballero en el Consejo Territorial.

De igual forma, una parte de la financiación también está ligada a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Lrbrl), por lo que en la FEMP urgirán a modificar esta norma ante los cambios sufridos desde el año 1985.

Los ayuntamientos ven preciso abordar competencias propias, compartidas y confluentes y la financiación de las mismas, para corregir la financiación de competencias autonómicas con recursos municipales, como las escuelas infantiles por las que los ayuntamientos no reciben dinero alguno.

Fondos europeos, transporte público y Fondo Covid

En otro orden de cosas, y al margen de la financiación local, los ayuntamientos también esperan que se cumpla el acuerdo suscrito con Hacienda sobre la gestión directa de los fondos europeos de al menos el 15% del total de los transferidos al Estado. Los fondos europeos para los gobiernos locales para 2021 superan ya los 7.000 millones, de los que casi 5.000, un 70%, se encuentran asignados o en concurso y los restantes, pendientes de asignación.

Los alcaldes y presidentes de Diputación del PP insistieron en la reunión de la FEMP en la necesidad de que se dote a los gobiernos locales del fondo Covid, prometido por Hacienda al inicio de la pandemia, así como la necesidad de que las entidades locales puedan gestionar directamente los fondos europeos.

Los consistorios consulados por este medio mantienen en pie la reclamación de un nuevo fondo de transportes, ya que el de 2021 de 433 millones solo sirvió para compensar las pérdidas sufridas de 2021 por el mantenimiento del servicio pese al desplome de los usuarios. Igualmente, exigen un Fondo Covid de más de 3.000 millones para compensar por las ayudas adoptadas ante la pandemia.

Otro de los consistorios advierte sobre el impacto de la nueva fórmula adoptada por Hacienda para seguir liquidando el impuesto de plusvalía tras la sentencia que declaró su nulidad, ya que va a suponer una merma de ingresos «notable» respecto al cálculo anterior para muchos ayuntamientos. A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Estepona, que presenta gran movimiento de compraventas, calcula un agujero en sus ingresos del 10% por la nueva plusvalía, tal y como trasladó su alcalde en la reunión de la FEMP, desvelan fuentes presentes.

«Hay mucha incertidumbre, el agujero de la plusvalía, por el gasto Covid y la caída de ingresos no ha tenido una solución por parte del Gobierno para los ayuntamientos», reprochan desde los consistorios, que temen un empeoramiento de las cuentas municipales en muchos ayuntamientos.

En el encuentro de la FEMP, su vicepresidente y alcalde de Estepona, José María García Urbano, advirtió también de los “devastadores efectos” que tendría para el servicio público en la administración local si se aprobara  en el Senado la modificación del estatuto básico de los habilitados nacionales propuesta en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, al considerarla una «estrategia de los nacionalistas» que supone una «vulneración manifiesta de la Constitución y un ataque. frontal al Estado de Derecho».

Inicio en financiación autonómica: criterio de población ajustada

Con todo, el Gobierno de coalición dio el primer paso el pasado 3 de diciembre en la reforma de la financiación autonómica, «caducado» desde 2014, después de que ayer el Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladase a las comunidades autónomas de régimen común y Ceuta y Melilla una propuesta sobre el criterio de población activa a aplicar en el futuro sistema, para el que propone aumentar el peso del gasto sanitario y educativo, así como de variables geográficas como la dispersión, la despoblación y la insularidad, y bajar la importancia de la población empadronada.

Los principios de la reforma del modelo marcados por Hacienda, en los que coincide el PP en su práctica totalidad, pasan por la suficiencia financiera, el principio de equidad, la lealtad institucional, la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad, la estabilidad presupuestaria, la sostenibiliidad financiera, la transparencia y la multilateralidad.

En Hacienda también avanzan que el asunto de la financiación autonómica irá “muy ligado” a la reforma fiscal (el comité de expertos designado para la misma presentará sus conclusiones a finales de febrero de 2022), ya que la financiación autonómica tendrá que ir ligada a mayores recursos para ser transferidos en forma de capacidad normativa o de entregas a cuenta a las CCAA. Por este motivo, Montero ha instado en varias ocasiones al PP a que si sus regiones piden más dinero, también respalde la reforma fiscal para lograr más ingresos.

También se tratará a posteriori en las negociaciones para la reforma del modelo la reestructuración de la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado. De hecho, Montero ya ha abierto la puerta a la posibilidad de financiar el pasivos de las autonomías peor financiadas, como la Comunidad Valenciana, que lleva años reclamando la reforma al denunciar su infrafinanciación. 

Aunque se ha ido aplazando el modelo respecto a la fecha inicial prevista para el pasado mes de febrero, Montero ha tratado de calmar a los líderes autonómicos con este primer planteamiento a conocer en estos días y con los anuncios de entregas a cuentas récord del sistema ordinario este año, de 105.589 millones y el récord de 112.213 millones en 2022, un 6% más.

Con vistas a 2022, las CCAA recibirán una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020. Los Presupuestos incorporan también una partida de unos 3.100 millones de euros con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.