Hacienda aprueba un refuerzo de 926 efectivos en el SEPE «insuficiente» para los sindicatos

El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto-ley que contiene una Oferta de Empleo Extraordinaria con 926 plazas para el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) con una inversión de 21,1 millones de euros, lo que supone apenas un tercio de las plazas demandadas por los sindicatos, ante una plantilla «bajo mínimos», saturada además de carga de trabajo por la pandemia.

El número de plazas aprobadas asciende a 926, lo que supone un refuerzo de la plantilla del SEPE de más de 10%, según han informado a Economía Digital en fuentes del Ministerio de Función Pública. Estos puestos se dividen de la siguiente manera: 192 corresponden al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; y los 734 restantes, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. 

La decisión se produce con el acuerdo entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales CC OO, UGT y CIG, si bien se ha desmarcado del acuerdo CSIF, al considerar la oferta muy lejana a su petición de 3.500 efectivos de refuerzo.

Con todo, la oferta de empleo extraordinaria, que comporta una inversión de 21,1 millones de euros, no sustituye, sino que es adicional a la adjudicación de plazas al SEPE por Oferta de Empleo Público ordinaria.  En 2021 han incorporado al SEPE 373 personas procedentes de la oferta, además de 250 interinos, todos ellos adicionales a los 926 de la oferta extraordinaria. Así, Hacienda destaca que en el conjunto del año, el refuerzo de la plantilla habría sido de un 20%. 

El SEPE, como responsable dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, como el pago de las prestaciones por desempleo.

Refuerzo «insuficiente»: CSIF se desmarca del acuerdo

Tras meses de reivindicaciones por parte de los sindicatos (CSIF, CCOO y UGT) por la falta de medios y los problemas en la gestión de prestaciones en este organismo, CSIF valora que el Gobierno les haya «dado la razón» al autorizar una oferta de empleo extraordinaria que venía reclamando, sin bien rechaza el acuerdo porque esta se queda muy lejos de las expectativas sindicales.

De hecho, el sindicatos de funcionarios pidió hace menos de un mes la dimisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por el «abandono» del SEPE.

Función Pública pretende reforzar el SEPE con 926 efectivos, lo que supone apenas uno por cada oficina de atención al público ante las 711 oficinas presenciales y 56 telefónicas existentes en la actualidad. La cifra queda muy inferior a lo solicitado por los sindicatos, ya que CSIF reclamaba una oferta que permitiera recuperar 3.500 plazas, el déficit estructural del organismo, en un plazo de dos años.

El responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras (CCOO), Josetxo Gándara, apuntó a Economía Digital que “mínimo exigible” en una situación sin pico de trabajo sería de 9.500 trabajadores, aunque reclamará el “umbral óptimo” de 10.500 a lograr en varios ejercicios.

Desde UGT, su representante en el SEPE, Françoise Calvo, también ve insuficiente la oferta al considerar que debería elevarse la plantilla a unos 10.000 efectivos, pero valor que al menos se produzca un refuerzo, según ha indicado a este medio.

Pérdida de efectivos acumulada

La plantilla del SEPE ha perdido más de 3.400 efectivos estructurales en los últimos diez años, a lo que se suma el cese inapelable de 1.500 funcionarios interinos de refuerzo incorporados por la pandemia, algo que suponía un «desastre» para una plantilla ya de por sí mermada, según denunció el responsable de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano.

De esos 1.500 trabajadores, el Gobierno solo había aceptado finalmente contratar a 250 funcionarios interinos, lo que suponía que más del 80% de los empleados eventuales contratados como refuerzo para la pandemia no continuarían el año que viene en el organismo pese a su déficit de plantilla y su elevada carga de trabajo.

No obstante, ahora ha previsto ya el refuerzo de 926 efectivos, que palian en parte la pérdida de esos 1.500 trabajadores. Los primeros 500 fueron cesados el pasado mes de junio, a los que se sumaron otros 500 en septiembre y el próximo 31 de diciembre se despedirá a los 500 restantes, algo que los sindicatos advirtieron de que aumentará aún más la presión a la que está sometida ya de por sí la plantilla, formada actualmente por unos 7.500 trabajadores.

De hecho, el SEPE sigue recurriendo a la petición de voluntarios para la realización de horas extra con el fin de poder a tender la gestión de las prestaciones por ERTE o desempleo, ante una plantilla que muchos consideran “esquilmada”.

La plantilla denuncia que prosiguen los retrasos en las tramitaciones de prestaciones, con un tiempo de resolución de expedientes triplicado respecto a antes de la crisis, y acumula más de 20 meses de saturación ante el ingente volumen de trabajo provocado por la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

CSIF rechaza el acuerdo: denuncia la «grave situación»

De cualquier forma, CSIF rechaza el acuerdo, dado que los nuevos efectivos suponen «destinar apenas una persona por cada oficina de atención al público», sin contar el resto de unidades que dan apoyo a éstas, por lo que sostiene que «no se resolverá la grave situación que afronta el SEPE».

Según el sindicato, desde diciembre de 2009 la plantilla se ha reducido en 3.674 personas, citando datos del propio organismo. Además, se ha prescindido de los 1.500 interinos contratados como refuerzo como consecuencia del covid. A ello se añade el número de jubilaciones y otras bajas vegetativas que en 2020 se elevaron a 430 y que en el presente ejercicio se situarán en una cifra muy similar.

Para ilustrar la «grave carencia de efectivos», señala la situación de las unidades de atención al público pasa por contar con diez oficinas sin ningún efectivo y cerradas; 37 con un solo efectivo; 91 con dos efectivos; 115 con tres efectivos y 61 con cuatro efectivos. Esto equivale a que el 44% de las 711 oficinas de atención presencial apenas funcionan con 1, 2, 3 o cuatro personas.

El último incidente que se ha producido afecta a más de 50.000 personas en Madrid y Barcelona, que este mes se quedarán sin percibir su prestación por desempleo, denuncia CSIF, como consecuencia de modificaciones técnicas en la aplicación informática que se utiliza para resolver los ERTE.

«Todo esto es consecuencia de la gravísima carencia de efectivos para gestionar las prestaciones y la obsolescencia de las aplicaciones informáticas con las que estamos desarrollando nuestro trabajo», denuncia.