Hacienda refuerza el control de los fondos europeos tras 9 meses de ejecución
El Ministerio de Hacienda ha publicado dos normas para reforzar los controles y complementar el sistema de gestión e información de los fondos europeos tras 9 meses del inicio de su ejecución
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una entrevista con Efe en la que descarta incluir en los futuros Presupuestos de 2022 concesiones políticas «que nada tienen que ver con las cuentas públicas» pese a la «tentación» de algunos partidos de mezclar las negociaciones. EFE/J.J. Guillén
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado dos órdenes para regular el sistema de gestión de los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras nueve meses del inicio de su ejecución al haberse incluido un anticipo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Se trata de normas que definen el sistema de información y gestión, así como el suministro de información para hacer efectiva una evaluación sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos contemplados en dicho Plan, tal y como exige la Comisión Europea para transferir los recursos, de forma que se facilita el seguimiento y gestión del Plan para maximizar la absorción de los fondos asignados a España.
El pasado 17 de agosto Bruselas dio al Tesoro de España el primer anticipo de 9.000 millones de euros correspondientes a la prefinanciación del Plan de Recuperación, el equivalente al 13% del total de 69.528 millones en transferencias que España va a recibir hasta el año 2026 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del programa Next Generation UE.
La previsión es que España reciba esos 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido hasta 2023 del total de 140o.000 millones de euros de fondos europeos de reconstrucción que le corresponden hasta 2026, y se vayan movilizando “progresivamente” los 70.000 millones de euros en créditos previstos en dichos fondos para financiar inversiones a partir del año 2022.
Demanda empresarial
En cualquier caso, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha repetido en múltiples ocasiones que los fondos europeos se vienen ejecutando desde el inicio del año, el «1 de enero», ya que el Gobierno presupuestó un total de 26.634 millones del Mecanismo Next Generation UE (24.198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 2.436 millones del Fondo React-Eu destinado a sufragar políticas de empleo como los ERE).
Fuentes empresariales y patronales señalan a Economía Digital que estas normas llegan con retraso y deberían haberse publicado con anterioridad, ya que más allá de servir para cotejar el cumplimiento de los hitos y objetivos necesarios para recibir los recursos de la UE facilitarán la información ante los problemas registrados hasta la fecha.
El lanzamiento de convocatorias se está produciendo a un ritmo más lento del deseado y esperado y los recursos no están llegando conforme a lo previsto. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda a Economía Digital, se han ejecutado en torno al 19% de los fondos, es decir, unos 4.500 millones, y se ha comprometido en torno al 41%. Las CCAA han recibido ya 7.500 millones en las conferencias sectoriales.
Entre los motivos que podrían explicar esta poca ejecución de los fondos el jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE, Luis Socías, explica a Economía Digital que las convocatorias están saliendo muy “a cuenta gotas” y a un ritmo más lento del que se estimaba, lo que supone un “riesgo” para la ejecución total.
También influyen los plazos dados para la presentación de proyectos y solicitudes son muy reducidos, en algunos casos de 10 días, lo que dificulta el acceso sobre todo a pymes y autónomos, así como la falta de información centralizada y la repercusión del marco europeo de ayudas de Estado en caso no flexibilizarse.
10.000 millones más antes de final de año ligados a hitos y objetivos
El Gobierno va a facilitar el despliegue de estos programas de inversiones mediante un cambio en la norma de reforma de Administración aprobada el pasado mes de diciembre para eliminar cuellos de botella.
Se trata de una modificación del Real Decreto-ley 36/2020, con el fin de permitir la ejecución plurianual de los créditos del Plan. Esta disposición se incorporará también en los Presupuestos Generales del Estado 2022 que llegará próximamente al Congreso.
Los primeros 9.000 millones de fondos europeos recibidos a modo de anticipo no estaban ligados al cumlimiento de hitos y objetivos, pero España recibirá antes de final de año el desembolso de 10.000 millones de euros correspondiente a la segunda parte de año y estos sí estarán vinculados a 52 hitos y objetivos necesarios de cumplimiento, de los que 49 son reformas ya plenamente ejecutadas.
Gestión por objetivos
El Plan de Recuperación responde a un modelo de gestión por objetivos, orientado a resultados, que debe ejecutarse en el marco normativo de referencia, definido por la Comisión Europea. Es en este contexto donde se enmarca la aprobación de las dos órdenes ministeriales elaboradas por la Secretaría General de Fondos Europeos dependiente del Ministerio de Hacienda, que constituyen a su vez dos hitos del Plan.
La primera de ellas hace referencia al sistema de gestión del Plan de Recuperación con medidas para integrar las actuaciones de gestión que correspondan a las administraciones públicas y, en su caso, los actores privados, diseñar los mecanismos de planificación, coordinación y formación, imprescindibles para la ejecución del Plan.
La orden establece, entre otras cuestiones, el concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado; el etiquetado verde y etiquetado digital; el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude y la corrupción y la identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.
Suministro de información: control y rendición de cuentas
La segunda orden ministerial habilita un sistema de información que haga posible el seguimiento del Plan para facilitar la toma de decisiones para su adecuado cumplimiento y concretar el resultado de las actuaciones, su justificación y la rendición de cuentas a la sociedad y a las instituciones.
Con esta herramienta, los responsables de los distintos niveles de las administraciones públicas desarrollarán sus capacidades de planificación, seguimiento y control de proyectos de inversión pública y reforzarán sus habilidades para la gestión preventiva, en particular, las que permiten anticiparse a los problemas y tomar decisiones que eviten incumplimientos.
También se diseñará una estructura de Informes de Gestión con la finalidad de que los órganos responsables y gestores de las reformas e inversiones formalicen el resultado de sus actuaciones, en términos de hitos y objetivos, así como los recursos aplicados para su consecución, y se formalizarán las declaraciones de gestión ante la Comisión Europea con seguridad jurídica, conforme el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.
Modificación para permitir ejecuciones en varios años
De igual forma, el Gobierno va a facilitar el despliegue de losprogramas de inversiones mediante un cambio en la norma de reforma de Administración aprobada el pasado mes de diciembre para eliminar cuellos de botella.
Se trata de una modificación del Real Decreto-ley 36/2020, con el fin de permitir la ejecución plurianual de los créditos del Plan. Esta disposición se incorporará también en los Presupuestos Generales del Estado 2022 que llegará próximamente al Congreso.
Además, dado que el Plan de Recuperación delega en las CCAA la ejecución de los fondos al derivar en ellas el despliegue de las inversiones y la identificación de los proyectos emblemáticos a financiar, el Ejecutivo está remitiendo una carta a los presidentes autonómicos solicitando la identificación de entre uno y tres proyectos más emblemáticos.
El Gobierno busca así configurar un mapa general de todo el territorio nacional para detectar y localizar los proyectos que generen mayor efecto tractor sobre la economía de cada región y estén alineados con los objetivos del Plan (transición ecológica y digital, igualdad y cohesión social y territorial), con el fin de evitar “duplicidades y solapamientos”.
Las CCAA deberán hacer una labor de identificación entre los más de 18.000 proyectos presentados en las 25 manifestaciones de interés relacionadas con el Plan ya cerradas, de ellas 21 abiertas a cualquier participante, 4 se han dirigido específicamente a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Hasta la fecha, el Ejecutivo ha asignado un total de 7.414 millones de euros a las comunidades autónomas, encargadas del despliegue de los fondos y la identificación de proyectos, para transición ecológica, vivienda o educación. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez prometió en la última Conferenciad de Presidentes del pasado 30 de julio cogobernanza al asegurar que las CCAA gestionarían el 55% de los fondos de este año, unos 10.793 millones.
