Hacienda plantea una oferta de empleo público de más de 20.000 plazas este año
Hacienda plantea a los sindicatos una oferta preliminar de empleo público para 2022 de unas 20.000 plazas (12.000 nuevas y 8.000 de promoción interna) y cerca de 4.000 plazas de estabilización
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una entrevista con Efe en la que descarta incluir en los futuros Presupuestos de 2022 concesiones políticas «que nada tienen que ver con las cuentas públicas» pese a la «tentación» de algunos partidos de mezclar las negociaciones. EFE/J.J. Guillén
Arrancan las negociaciones. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha realizado una primera propuesta preliminar para la Oferta de Empleo Público (OEP) de este año en la Administración General del Estado (AGE), que incluiría alrededor de 20.000 plazas (12.000 nuevas plazas y 8.000 de promoción interna), a las que se sumarían otras cerda de 4.000 plazas para la estabilización de interinos.
Esta ha sido la primera propuesta inicial a la que ha tenido acceso Economía Digital, planteada por Función Pública en la Comisión técnica de temporalidad y empleo convocada para negociar la oferta de empleo público (OEP) correspondiente al ejercicio actual a aplicación de la Ley para la reducción la temporalidad, que debe publicarse antes del próximo 1 de junio, por lo tanto con menos de un mes de margen para el acuerdo.
En concreto, el Ministerio ha realizado un planteamiento muy preliminar, a falta de completarse del todo los datos de interinidad y las necesidades de plantilla en la Administración, que recoge una OEP para este año de 20.000 plazas, de ellas 12.000 plazas de nuevo ingreso y 8.000 de promoción interna.
Según los cálculos de Función Pública, las bajas en 2021 fueron 9.795, por lo que al aplicarse unas tasas de reposición correspondientes del 110% a nivel general y del 120% a sectores prioritarios se configuraría una oferta de entre 11.000 y 12.000 puestos de trabajo solo para la Administración General del Estado. No obstante, este viernes ha planteado una mejor oferta con unas 21.500 plazas (13.000 de libre ingreso y 8.500 de promoción interna), alejado de las peticiones de los sindicatos. CCOO, por ejemplo, demanda unas 25.300 (14.800 en libre y 10.500 de promoción interna):
A esta oferta de empleo público se sumarían las plazas para la estabilización de puestos interinos. El Gobierno plantea unos números provisionales a falta de datos sobre algunos organismos y de estudios para concretar lo que queda pendiente de publicar o ha quedado desierto en la convocatoria, si bien calcula entre 3.500 y 4.000 las plazas que podrían ver la luz para estabilización.
A finales de julio del año pasado el Gobierno aprobó una oferta de 23.491 plazas (13.982 de nuevo ingreso y 9.509 de promoción interna), que sumadas a los decretos previos para las Fuerzas armadas (1.920 plazas) y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.034 puestos), se totalizó una oferta de empleo público para 2021 récord de 30.445 plazas, un 8,5% más que las 28.055 plazas del año 2020.
Las centrales sindicales han exigido celeridad en las convocatorias, ya que denuncian la ralentización en la ejecución de las ofertas, ya que en la correspondiente al año 2019 se han finalizado los procesos de 7.796 plazas, en torno al 40% del total del 16.364 ofertadas; en la OEP de 2020 unas 2.038 plazas, el 11% del total de 15.603 vacantes, y en la oferta del año pasado todavía no se puede contabilizar ningún proceso finalizado.
Los sindicatos reclaman más plazas: «Nos ha defraudado»
Aunque se trata de unas cifras muy preliminares, fuentes sindicales señalan que la propuesta inicial se encuentra «muy lejos» de sus planteamientos de oferta. «Nos ha defraudado», señalan desde los sindicatos que esperan poder lograr unas mayores cifras en las negociaciones de los próximos días, una vez también que el Gobierno disponga de los datos completos sobre interinidad con un mapa más general.
En CCOO ven «inasumible» cualquier propuesta que no suponga la recuperación del empleo público perdido en los últimos años, con 40.000 efectivos menos desde 2011. A falta de una mayor concreción, CCOO cree que la OEP debería rondar las 28.00 plazas, unas 15.000 de nuevo ingreso y en torno a 9.000 de promoción interna, a las que habría que sumar 3.700 extra para ingreso libre.
Fuentes de CSIF adelantaron antes de la primera reunión a Economía Digital que el «punto de partida» en sus reivindicaciones es exigir un plan plurianual para reforzar la Administración General del Estado con al menos 43.700 nuevos efectivos, al ser la cifra estimada necesaria que ya incluyó en octubre de 2020 en un Plan estratégico de recursos humanos. Según sus cálculos, la Administración del Estado ha perdido más de 54.000 empleos en 10 años, una cuarta parte de su plantilla.
UGT también pide un plan plurianual ante el déficit «anacrónico» de más de 43.000 empleados en la última década, ya que esa falta de personal «no se puede solventar en un solo ejercicio», sino a varios años, en línea con lo realizado por otros países. Según UGT-Servicios Públicos, en en los últimos años la AGE ha perdido 43.467 efectivos (de 241.142 en 2010 a 197.675 en 2020), lo que supone una destrucción de empleo del 18% en el sector.
El envejecimiento de la plantilla
Al déficit de plantilla se suma el problema del envejecimiento en las plantillas. CSIF estima que un 20,3% del personal de los ministerios tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en las puertas de la jubilación, mientras que un 62% tiene más de 50 años. Según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones, un 64% del personal de la AGE tiene más de 50 años, lo que según cálculos de los sindicatos podría suponer alrededor de 9.000 jubilaciones este año.
CSIF pide eliminar definitivamente la tasa de reposición y realizar una planificación plurianual de las ofertas para recuperar el empleo perdido. También reclamamos potenciar la promoción interna, eliminando la obligatoriedad de superar un nuevo proceso selectivo para poder promocionar.
Plazas ‘extra’ para organismos en situación «crítica»: SEPE y Seguridad Social
A pesar de que en las cuatro ofertas de los gobiernos presididos por Pedro Sánchez, excluyendo ampliaciones extraordinarias y estabilizaciones de personal, se han ofertado casi 110.000 plazas, los tres sindicatos (CSIF, CCOO y UGT) alertan del déficit de plantilla y de una situación «crítica» en determinadas administraciones del Estado con incidencia directa.
CCOO reclama una oferta de empleo público extraordinaria en ámbitos con colapso, como el SEPE, Seguridad Social, AEAT, Protección Internacional, Policía, Instituciones Penitenciarias o Muface, entre otras. Así, en Seguridad Social ve necesarios unos 3.100 puestos, en Inspección de Trabajo y Seguridad Social alrededor de 450 puestos, como el objetivo acordado con el Ministerio el pasado mes de julio, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes para incorporar 200 interinos y 6 millones en productividad.
En Protección Internacional en torno a 200 puestos, similar a su última oferta extraordinaria, mientras que en el SEPE también se busca el reforzamiento, aunque ya no con tanta urgencia tras la incorporación de 900 puestos en diciembre.
El ‘melón’ de la oferta de empleo público se suma al retraso del acuerdo del teletrabajo que está produciendo una implantación desigual de la modalidad de trabajo a distancia entre las distintas administraciones, pendiente de aprobación desde finales de l año pasado, así como el plan de ahorro energético en la Administración pendiente de negociación, a lo que se sumará en unas semanas el ‘melón’ de la subida salarial, previsiblemente en torno al 2%.
Actualizar dietas e indemnización por uso de vehículo propio
Por otra parte, CCOO ha remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Función Pública para transmitirle que es urgente una revisión del RD 462/2002, con el objetivo de mejorar la indemnización por el uso de vehículos en sintonía con lo establecido en el Congreso de Diputados y unificar los actuales tres grupos de dietas, actualizando las mismas conforme al IPC medio.
El importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002 se revisa en la Orden EHA/3770/2005 y establece 0,19 euros por kilómetro recorrido en el uso de los automóviles y en 0,078 por el de motocicletas. Sin embargo, para el Congreso de Diputados está establecida una cuantía por indemnización mayor por el uso de vehículos particulares en desplazamientos de 0,25 €/km, lo que supone un diferencial del 31,58% respecto a los empleados públicos.
Asimismo, este Real Decreto establece tres cuantías de dietas para tres grupos diferentes de empleados públicos, algo que el sindicato considera «del todo obsoleto, altamente discriminatorio e impropio en un Estado de Derecho». Desde enero de 2006 hasta 2022, el IPC subió un 31,77%, el IPC sectorial de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles un 62,63%, el de transporte un 42,55% y el de restaurantes y hoteles un 35,27%.
Sin embargo, las indemnizaciones por razón de servicios (dietas y kilometrajes en vehículo particular) con carácter general no se han actualizado, a pesar de la obligación del Ministerio de Hacienda de revisar periódicamente el importe de las indemnizaciones por el uso de vehículos particulares, recogido en la disposición final del RD 462/2002, aunque sí se han realizado subidas en algunas capitales en cuanto a los gastos de alojamiento y en algún que otro sector.
