Hacienda planea devolver competencias a los municipios

El 19 de diciembre del 2013 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local (LRSAL) impulsada por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy ante la protesta de la oposición y mociones presentadas por más de 3.000 ayuntamientos del total de más de 8.000 municipios que hay en toda España.

El objetivo de la norma era el de «clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia» y racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera».

También buscaba «garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas», sin embargo desde la oposición y especialmente desde el mundo rural y algunos partidos regionalistas llevan años reclamando su derogación al considerar que ha supuesto un recorte de los servicios básicos esenciales para los municipios más pequeños.

Competencias en materia social

Ahora estas peticiones podrían encontrar su acogida, y es que el Ministerio de Hacienda planea acometer una revisión de las competencias municipales en el marco de la revisión de la financiación local que prevé abordar, a su vez, en la reforma del modelo de financiación autonómica, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sugerido en algunas intervenciones su intención de atender esta petición realizada por distintos partidos y ahora se confirma que será uno de los puntos que se abordarán en el marco de la reforma de financiación local. En concreto, Hacienda planea una devolución de ciertas competencias a los municipios de entre las que perdieron con motivo de la Ley de racionalización de entidades locales, pero también algunas que puedan ser de nuevo cuño, sobre todo en la parte social. 

Así, se contempla la devolución de la competencia referida a los cuidados a domicilio, entre otras, y a partir de ahí acometer debates para discutir y revisar todas las competencias, uno de los aspectos reclamados por partidos como el PDeCAT, como suele reivindicar de forma habitual el diputado Ferrán Bel. 

En todo caso, esto aún podría demorarse ya que la reforma del sistema de financiación autonómica se ha ido aplazando desde el año pasado y desde la fecha prevista para el pasado mes de febrero. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a Economía Digital que no hay una fecha concreta para abordar la reforma, si bien se pretenden lograr avances este año.

Lo cierto es que Montero se comprometió con el diputado de Compromís Joan Baldoví a discutir en breve la variable como la de la población ajustada y también ha avanzado que se tendrá en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos por habitante «en el medio rural abandonado».

La FEMP pide la derogación de la ley

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señalan a Economía Digital que tal y como han pedido en los últimos años mantienen su petición de derogación de la Ley de Racionalización de la Administración Local y la reversión de las competencias a los municipios.

En su momento el presidente de la FEMP exigió la a paralización de la ley para evitar que “2,5 millones de personas en España se queden sin asistencia social, sin políticas sociales y sin la atención a la que tienen derecho como ciudadanos y que prestan los ayuntamientos».

De hecho, Caballero presentó en nombre de 3.000 alcaldes un recurso contra dicha ley, que tuvo pronunciamiento del. Tribunal Constitucional en 2020 anulando varios puntos, calificado por Caballero como «un golpe central e irreversible”, y desde entonces ha seguido pidiendo la derogación.

Sentencia del TC

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos algunos de los preceptos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al considerar que el Estado invade competencias autonómicas en materias relativas a salud, servicios sociales o educación. El fallo de Alto Tribunal avaló que los ayuntamientos sigan aplicando las políticas sociales y educativas.

En concreto, declaró inconstitucionales y nulas las disposiciones transitorias 1ª, 2ª y 3ª y a la disposición adicional 11ª de la LRSAL, artículos que impedían a las comunidades autónomas atribuir a los entes locales servicios de asistencia social y atención primaria a la salud como “competencias propias locales”.

Los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud, explicó el Tribunal, son competencias de las comunidades autónomas que “el nivel municipal venía prestando porque así lo decidieron (o permitieron) las comunidades autónomas (al amparo de los Estatutos) o el Estado” (en aplicación del art. 149.1.18 CE), “o, simplemente, porque fueron desarrollados de hecho por los ayuntamientos”. En consecuencia, la sentencia avaló que las entidades locales puedan seguir aplicando las políticas sociales y educativas.

Los cambios que trajo la ley

Entre los principales cambios que se han ido sucediendo con la entrada en vigor de la norma desde 2014 figuran que la seguridad de lugares públicos se limita a la competencia del municipio sobre la policía local; la promoción y gestión de viviendas se limitan a las de protección pública y con criterios de sostenibilidad financiera y la competencia sobre el patrimonio histórico-artístico se circunscribe a protección y gestión del patrimonio histórico.

Asimismo, la protección del medio ambiente se acota al medio ambiente urbano y en particular: a los parques y jardines públicos, la gestión de los residuos sólidos urbanos y la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

Con la Ley de Racionalización de la Administración Local la prestación de los servicios sociales, de promoción y de reinserción social se limita a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. El transporte público de viajeros se limita al transporte colectivo urbano; la competencia en turismo se circunscribe a la información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local

En materia de educación únicamente se recoge la participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o educación especial.

Por otra parte, no se recogen entre estas materias como competencias propias de los municipios: los mataderos, la defensa de usuarios y consumidores y la participación en la gestión de la atención primaria de la salud, según un documento de la FEMP.