Hacienda negociará por bloques la reforma de la financiación autonómica

El Gobierno ha diseñado ya su estrategia para dar antes de final de mes el pistoletazo de salida a lo que se puede considerar una de las principales contiendas políticas que acontecerán en España en los próximos meses, la reforma del modelo de financiación autonómica, mientras los presidentes de las comunidades autónomas urgen sus bloques y estrategias para batallar por sus intereses.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció en verano el compromiso de presentar en noviembre un primer borrador referido al criterio de población ajustada, y fuentes del departamento confirman a Economía Digital que se mantiene el compromiso, de forma que ese primer documento, germen de la ulterior reforma, verá la luz antes del día 30 de noviembre.

El planteamiento del Gobierno pasa por abordar la reforma del modelo por bloques, es decir por los distintos puntos y criterios que conforman la reforma, como el criterio de población ajustada, la dispersión, la nivelación y también la deuda de las comunidades autónomas, según confirman fuentes gubernamentales.

Moncloa señala que la pretensión es lograr «avances» ya este mismo año, pero admiten que abordar todos los puntos llevará trabajar sobre la reforma «a lo largo de toda la legislatura», es decir, 2023, y admiten que no saben si dará tiempo a cerrarla en su totalidad antes de que finalice.

Criterio de población ajustada, deuda de CCAA y modelo ligado a la reforma fiscal

Por ahora el Gobierno está dando los primeros pasos de cara a la futura reforma del modelo de financiación autonómica al haber iniciado ya los trabajos técnicos para cuantificar la infrafinanciación sufrida por algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que en menos de dos semanas se presentarán conclusiones sobre la primera variable sobre la que pivota el modelo, en referencia a la distribución en base a la población, para ponderar el peso de la dispersión, la insularidad, los cohortes de edad (mayores de 45 años y población infantil), los mayores y los jóvenes en la presión de los servicios públicos, así como en el medio rural abandonado.

Los principios de la reforma del modelo marcados por Hacienda, en los que coincide el PP en su práctica totalidad, pasan por la suficiencia financiera, el principio de equidad, la lealtad institucional, la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad, la estabilidad presupuestaria, la sostenibiliidad financiera, la transparencia y la multilateralidad.

«El problema es cómo se distribuyen los recursos y qué arquitectura se adopta para que los territorios cuenten con recursos que acompañen la singularidad», afirmó el pasado martes Montero en el Senado, donde el PP le reclamó un modelo «centrado en personas, no en territorios, con diálogo en todas las CCAA, criterios objetivos para durar en el tiempo y transparentes«, que una vez consensuado no permita hablar de «CCAA ganadoras. yperdedoras».

En Hacienda también avanzan que el asunto de la financiación autonómica irá «muy ligado» a la reforma fiscal (el comité de expertos designado para la misma presentará sus conclusiones a finales de febrero de 2022), ya que la financiación autonómica tendrá que ir ligada a mayores recursos para ser transferidos en forma de capacidad normativa o de entregas a cuenta a las CCAA. Por este motivo, Montero ha instado en varias ocasiones al PP a que si sus regiones piden más dinero, también respalde la reforma fiscal para lograr más ingresos.

También se tratará a posteriori en las negociaciones para la reforma del modelo la reestructuración de la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado. De hecho, Montero ya ha abierto la puerta a la posibilidad de financiar el pasivos de las autonomías peor financiadas, como la Comunidad Valenciana, que lleva años reclamando la reforma al denunciar su infrafinanciación. 

Aunque se ha ido aplazando el modelo respecto a la fecha inicial prevista para el pasado mes de febrero, Montero ha tratado de calmar a los líderes autonómicos con este primer planteamiento a conocer en estos días y con los anuncios de entregas a cuentas récord del sistema ordinario este año, de 105.589 millones y el récord de 112.213 millones en 2022, un 6% más.

Con vistas a 2022, las CCAA recibirán una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020. Los Presupuestos incorporan también una partida de unos 3.100 millones de euros con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Feijoó y otros siete presidentes autonómicos se unen por las ayudas de dispersión

Sea como sea, muy próximo se encuentra ya por tanto el arranque de la pendiente y continuamente retrasada reforma del modelo económico, un asunto enquistado durante casi 12 años en los que los distintos gobiernos se han ido pasando la patata caliente y postergando en la presente legislatura respecto a las fechas iniciales ante las dificultades por la coincidencia con citas electorales, el pulso independentista en Cataluña y en el último año y medio por la crisis de la Covid.

Eso sí, el primer documento se presentará después de la reunión de este martes, impulsada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, con otros siete presidentes autonómicos en Santiago de Compostela para conformar un bloque coincidente en la defensa de las ayudas de dispersión, otro de los puntos decisivos de cara a la reforma.

Así, los presidentes autonómicos de las regiones de Asturias (Adrián Barbón, del PSOE), Galicia (Alberto Núñez Feijoó, del PP), Cantabria (Miguel Ángel Revilla, del PRC), La Rioja (Concha Andreu, del PSOE), Aragón (Javier Lambán, del PSOE), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco, del PP), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page, del PSOE) y Extremadura (Guillermo Fernández Vara, del PSOE) se darán cita para formar un bloque en ese punto.

Este grupo de líderes autonómicos aboga por una financiación especial encaminada a compensar la dispersión y la baja densidad de población, y también de uno de los puntos polémicos de las últimas semanas avivado por el Gobierno, la descentralización de nuevos organismos para su implantación en otros territorios menos poblados fuera de la capital madrileña, algo que ha irritado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Acuerdo complicado: bloques entre CCAA e internos en los partidos

Lo cierto es que los siete presidentes que se han dado cita el martes ya se reunieron a finales del mes pasado, pero la configuración de un frente común a otras regiones, o al menos su apariencia, provocó que el PSOE apercibiera a los suyos (presidentes de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura). De hecho, los barones del PSOE se dieron cita hace apenas dos semanas en Ferraz para poner orden y unificar posturas.

Más allá de los últimos movimientos, el eje del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla León) defiende que la financiación autonómica se atienda conforme al coste de la prestación de servicios por habitantes y tenga en cuenta el coste real de los servicios y que sea sensible a factores como el envejecimiento de la población, la dispersión o el gasto sanitario a la hora de llevar a cabo el reparto del dinero entre las autonomías.

En el otro bando parecen tener intereses comunes Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, e incluso con bastantes matices la Comunidad de Madrid, buscan que prime el criterio poblacional, sin tener en cuenta condicionantes demográficos o geográficas de las diferentes comunidades autónomas, y que se garantice que quien más recauda sea también quien más recursos tiene.Leer más: Guerra de CCAA por la financiación autonómica.

En la cumbre de 2018 el bloque pactó los criterios para el modelo, citando algunos como costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad, o el envejecimiento de la población. En la actualidad la financiación de estas CCAA responde a criterios de estrategias de asentamiento de población, de dispersión poblacional o de coste de servicios públicos.

En cualquier caso, a lo largo de estos meses Hacienda se ha ido reuniendo a nivel individual con las autonomías pero el acuerdo se antoja complicado por las bloques formados entre comunidades de distinto signo político y las diferencias entre los barones dentro de los mismos partidos.

La dificultad radica sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo modelo se tiene que sustentar mediante una ley orgánica, lo que requiere de mayoría en el Congreso e impone un criterio común en los partidos, al menos en los dos mayoritarios, PP y PSOE, formaciones que gobiernan en la mayoría de regiones.

Calviño alejó la reforma y Díaz la reivindicó

En los últimos días tanto la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han acudido de viaje a la Comunidad Valenciana y se han reunido con su presidente, Ximo Puig, uno de los barones autonómicos que más presionan con la reforma, si bien sus pronunciamientos han sido distintos.

Calviño alejó las expectativas al limitarse a indicar que la reforma de financiación autonómica es uno de los asuntos pendientes en la agenda y se abordará “en el momento adecuado y de la forma adecuada”, con la esperanza de que se solucione “en los próximos años”, ya que ahora el Gobierno está “muy centrado” en impulsarla recuperación y en los Presupuestos de 2022.about:blank

De su lado, Díaz, en un acto en Alicante con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de Compromís, urgió a resolver el problema de la financiación autonómica.

Los expertos y la armonización fiscal

Cabe recordar que a raíz de la Conferencia de presidentes de 2017 el Consejo de Ministros sí constituyó una Comisión de Expertos formada por profesionales propuestos por el Estado y las distintas autonomías, en el que proponía, entre otras cuestiones, dar capacidad a las autonomías para fijar copagos, que las CCAA pudiesen subir el IVA de forma conjunta o la armonización de lmpuesto de Sucesiones y Patrimonio.

“Sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como estudiar la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”, señalaron los expertos en su informe.

Este asunto, el de la armonización fiscal, ha sido motivo de disputas y reproches entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las regiones del PP, especialmente en un cruce de declaraciones cuasi constantes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta de la Comunidad de Madrid del PP, Isabel Díaz Ayuso.

La titular de Hacienda ha defendido en los últimos meses la necesidad de armonizar lo que denomina impuestos a la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) para hacer frente al ‘dumping fiscal’ que considera que acometen algunas regiones, como la comunidad madrileña, ante su política de bajos impuestos y la bonificación al 99% o 100% de esos tributos. De hecho, Díaz Ayuso ya avanzó antes de su victoria electoral que aprobaría la “mayor bajada de impuestos de la historia” y hace poco eliminó los tres últimos tributos propios de la region.

De su lado, el Gobierno constituyó el pasado mes de abril un grupo de expertos para que evalúen todo el sistema tributario y publiquen sus recomendaciones a más tardar en febrero de 2022, si bien la ministra ya ha adelantado que entre sus intenciones estaría la de proceder a la armonización fiscal.