Hacienda ignora la polémica y atrasa de nuevo la reforma de financiación
Las CCAA prevén presionar en la Conferencia de Presidentes del viernes para abordar ya la reforma del modelo de financiación autonómica, pero el Ministerio de Hacienda la retrasa de nuevo a después del verano.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. EFE/ Ballesteros.
Nuevo aplazamiento de la reforma del modelo de financiación autonómica inicialmente previsto para el pasado mes de febrero, y es que no hay aún una fecha concreta para abordarla pero se proyecta como mínimo para después del verano, si bien el Ministerio de Hacienda mantiene el objetivo de lograr «avances» este año y tratar de consensuar y cerrar la reforma a lo largo de la legislatura.
Aunque varias comunidades van a aprovechar la Conferencia de Presidentes convocada para este viernes en Salamanca para exigir a Pedro Sánchez una reforma del modelo de financiación, pese a no figurar en el orden del día, fuentes gubernamentales han confirmado a Economía Digital que el inicio de las negociaciones se trasladará como mínimo a después del verano, aunque la idea es «avanzar todo lo que se pueda este año».
La reforma del sistema de financiación autonómica es un asunto enquistado durante casi 12 años desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diese en julio del año 2009 el visto bueno a la propuesta del Gobierno de entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sobre el el modelo de financiación autonómica y a finales de ese mismo año el Gobierno aprobó la ley de financiación autonómica.
Dado que la previsión de vigencia de dicho modelo era de cinco años, se considera que el sistema implantado está caducado desde el año 2014, sin embargo los distintos vericuetos políticos vividos a lo largo de la década han imposibilitado finalmente la reformulación de un modelo pese al clamor generalizado de todas las comunidades autónomas de distinto signo político.
Se inician los trabajos técnicos: cuantificar la infrafinanciación
Por ahora el Gobierno está dando los primeros pasos de cara a la futura reforma del modelo de financiación autonómica al haber iniciado ya los trabajos técnicos para cuantificar la infrafinanciación sufrida por algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, de cara a la reforma del modelo que comenzará en los próximos meses abordando el criterio de población ajustada, según informaron las mismas fuentes.
No obstante, las mismas fuentes precisan que se trata de trabajos técnicos pero no se ha constituido un grupo técnico ‘ad hoc’, por lo que aún no se ha dado inicio formalmente a la reforma del sistema.
Además, Montero se comprometió con el diputado de Compromís Joan Baldoví en el Parlamento a discutir en breve la variable de la población ajustada y avanzó que se tendrá en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos por habitante “en el medio rural abandonado” de cara a la reforma de financiación.
También está confirmado que en la primera fase de la revisión del modelo se incluirá la insularidad, la población mayor de 65 años y cómo hay que atender a la población infantil, tal y como confirmó la ministra en su intervención en el Congreso Confederal de UGT celebrado en Valencia.
Las dos posturas
Lo cierto es que los distintos territorios están haciendo un»frente común» para presionar al Gobierno y, en especial, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque hay una división en dos grupos en función de los criterios para acometer la reforma del sistema, que varían en función de los distintos intereses y características de las regiones.
De un lado se configura el eje del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla León), que defienden que la financiación autonómica se atienda conforme al coste de la prestación de servicios por habitantes y tenga en cuenta el coste real de los servicios y que sea sensible a factores como el envejecimiento de la población, la dispersión o el gasto sanitario a la hora de llevar a cabo el reparto del dinero entre las autonomías.
En el otro ‘bando’ se sitúan Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, que buscan que prime el criterio poblacional, sin tener en cuenta condicionantes demográficos o geográficas de las diferentes comunidades autónomas, y que se garantice que quien más recauda sea también quien más recursos tiene.
CPFF: criterio para repartir entre las CCAA el Fondo de 13.486 millones
Este miércoles el Ministerio de Hacienda ha convocado a todas las CCAA a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), si bien en el orden del día tampoco figura la reforma del modelo de financiación autonómica, sino asuntos pendientes como la asignación del fondo de 13.486 millones homólogo del Fondo Covid del año 2020.
La mayoría de comunidades mayoritariamente han decidido que ese reparto se produzca conforme al criterio de población ajustada, salvo seis –Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja—que se decantaron por la fórmula del PIB para el reparto.
En la reunión del CPFF, que no se convoca desde hace más de un año, también se abordarán otros asuntos de interés en materia de financiación, como la liquidación de este año respecto al ejercicio 2020, el IVA pendiente del año 2007 o la asignación de fondos europeos del programa ‘React’ dirigido a abordar cuestiones relativas a la pandemia, como el gasto sanitario, educativo, de política social o ayudas a empresas.
Conferencia de presidentes
La convocatoria del CPFF se producirá antes de la Conferencia de Presidentes del viernes 30 de abril en Salamanca, en la que Sánchez se reunirá con los presidentes autonómicos para abordar los fondos europeos o tratar la situación de la pandemia de la Covid-19, entre otros asuntos.
Algunos líderes autonómicos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano-García Page, quieren aprovechar la Conferencia para abrir el ‘melón’ de la reforma de financiación autonómica. El viernes se reunieron los consejeros de Hacienda de Andalucía y Comunidad Valenciana, Juan Bravo y Vicent Soler, y ya acordaron solicitar al Gobierno que una parte de la transferencia extraordinaria de 13.486 millones para las autonomías se destine a eliminar las diferencias de financiación por habitante ajustado de las regiones infrafinanciadas, para igualarlas a la de la media de las regiones y, una vez asignada, el resto se distribuya en proporción de la población ajustada.
Y aún hay más: los presidentes de Andalucía, Junma Moreno (PP), y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSPV-PSOE) se reunirán en septiembre para acercar posturas y reclamar un cambio en el modelo de financiación autonómica y la incorporación a medio plazo de las comunidades forales (País Vasco y Navarra).Leer más: Hacienda saca la calculadora para detectar a las CCAA infrafinanciadas.
Nueva etapa tras las elecciones catalanas
La llegada de la Covid y la convocatoria de elecciones en Cataluña en febrero y en la Comunidad de Madrid en mayo propiciaron de nuevo el retraso en el inicio de los trabajos de la reforma, a pesar de que la propia Montero fijó el pasado mes de febrero como el mes en el que se iniciaría, y aún sigue aplazada con la previsión de acometerla “en los próximos meses”, según indicaron a Economía Digital en fuentes del Ministerio de Hacienda.
Desde el Gobierno creen que con el acuerdo de ERC y JxCAT suscrito en mayo y la consecuente formación del Govern de Pere Aragonès se abre una nueva etapa que podría facilitar de alguna forma un acercamiento de posturas para intentar al menos abordar lar reforma del sistema de financiación.
Esto es así sobre todo por el nombramiento del conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, quien fue director ejecutivo en CaixaBank y durante sus años en La Caixa tuvo contacto con las áreas económicos del gobierno central.
El Congreso urge a la reforma
Entre tanto, el pasado mes de febrero la mayoría del Congreso aprobó un punto de una moción consecuencia de interpelación del PP que pedía reformar cuanto antes el modelo de financiación autonómica y reunir para ello a la Conferencia de Presidentes, con el fin de retomar “con la mayor urgencia posible” los trabajos que quedaron pendientes en 2018 para resolver las insuficiencias, así como garantizar los principios de “igualdad, equidad, transparencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal”.
En mayo también se aprobó en la Cámara Baja otra moción de Compromís que pedía de nuevo al Gobierno presentar este año una propuesta de reforma del modelo de financiación de las autonomías y que mientras se negocie garantizar los recursos a las comunidades autónomas priorizando el criterio poblacional.
En todas sus intervenciones, y desde la experiencia de los debates sobre la financiación autonómica durante su etapa como consejera en Andalucía en los gobiernos de Susana Díaz, Montero ha apelado a los grupos a encontrar un “clima de consenso” para lograr que la reforma salga adelante.
En un claro llamamiento al entendimiento, especialmente a las regiones con formaciones nacionalistas en sus gobiernos, Montero ha dejado claro en varias ocasiones que el modelo de financiación “nunca puede ser óptimo para nadie”, sino que hay que buscar un “equilibrio” en la estructura territorial y “ser generosas y entender España como un todo”.
Ante las peticiones de Compromís de un fondo de nivelación, Montero ha rechazado la creación de dicho fondo al considerar que “implosionaría” y reivindica la aportación del Ejecutivo a las CCAA a través del fondo Covid-19 de 16.000 millones, el FLA, la suspensión de reglas fiscales y el fondo de 13.000 millones a repartir entre las CCAA previsto en los Presupuestos para 2021.
Los expertos y la armonización fiscal
Cabe recordar que a raíz de la Conferencia de presidentes de 2017 el Consejo de Ministros sí constituyó una Comisión de Expertos formada por profesionales propuestos por el Estado y las distintas autonomías, en el que proponía, entre otras cuestiones, dar capacidad a las autonomías para fijar copagos, que las CCAA pudiesen subir el IVA de forma conjunta o la armonización de lmpuesto de Sucesiones y Patrimonio.
“Sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como estudiar la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”, señalaron los expertos en su informe.
Este asunto, el de la armonización fiscal, ha sido motivo de disputas y reproches entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las regiones del PP, especialmente en un cruce de declaraciones cuasi constantes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta de la Comunidad de Madrid del PP, Isabel Díaz Ayuso.
La titular de Hacienda ha defendido en los últimos meses la necesidad de armonizar lo que denomina impuestos a la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) para hacer frente al ‘dumping fiscal’ que considera que acometen algunas regiones, como la comunidad madrileña, ante su política de bajos impuestos y la bonificación al 99% o 100% de esos tributos. De hecho, Díaz Ayuso ya avanzó antes de su victoria electoral que aprobaría la “mayor bajada de impuestos de la historia”.
De su lado, el Gobierno constituyó el pasado mes de abril un grupo de expertos para que evalúen todo el sistema tributario y publiquen sus recomendaciones a más tardar en febrero de 2022, si bien la ministra ya ha adelantado que entre sus intenciones estaría la de proceder a la armonización fiscal.
