Hacienda estudia compensar rebajas fiscales a rentas bajas con las subidas en Patrimonio y rentas altas
El Ministerio no descarta rebajas fiscales además del impuesto a las grandes fortunas
La ministra María Jesús Montero y el presidente Ximo Puig, en Madrid. : EFE
Hacienda está calculando cuál es el margen que tiene para reducir el déficit, aumentar los ingresos y contribuir a que las rentas bajas sufran de forma menos intensa la crisis de precios. Para ello, estudia fórmulas que beneficien solo a rentas bajas hasta una determinada cuantía. Según fuentes del Ministerio, la intención es que se produzcan «mejoras para la mayoría social».
El Ministerio de Hacienda prepara un paquete fiscal con novedades para las rentas altas que incluirán un impuesto a las grandes fortunas, pero también cambios en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y en el impuesto sobre Sociedades. El objetivo, según ha venido explicando la ministra María Jesús Montero, es que los que más tienen contribuyan más a engrosar los ingresos públicos.
Así, aunque el Gobierno defiende que las rebajas de impuestos suponen un recorte en la prestación de servicios, desde Hacienda no descartan que el paquete fiscal incluya una reducción de impuestos para aquellos que menos recursos tienen. Estas rebajas se compensarían con los incrementos de recaudación derivados de gravar de forma más intensa a las rentas altas.
Uno de los ejemplos que podría tener en cuenta Hacienda es la reciente bajada fiscal que ha anunciado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Esta consiste en una deflactación del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, así como deducciones fiscales para familias hipotecadas.
Sin embargo, en una primera valoración, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha criticado «las competiciones a la baja» en materia de impuestos y ha instado a la «corresponsabilidad fiscal» y a armonizar impuestos.
Armonización de Patrimonio
El Gobierno tiene el compromiso de armonizar la fiscalidad de la riqueza. Así lo incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y así lo espera la Comisión Europea. En concreto, el Ejecutivo se comprometió a poner en marcha las reformas que le recomendara el Comité de expertos para la reforma fiscal. En el operational agreement firmado con Bruselas, consta que Moncloa tiene la misión de «hacer el sistema fiscal más eficiente».
En el libro blanco, Montero cuenta con el aval de los expertos a fijar un tipo mínimo en el impuesto sobre el Patrimonio, deducible del de cada comunidad autónoma. Con el nuevo impuesto a las grandes fortunas, el Gobierno busca acercarse a esta armonización, estableciendo una nueva tasa que obligue a los residentes de las comunidades autónomas que tienen esta tasa bonificada a aportar al sistema por su patrimonio.
No obstante, tal como publicó este periódico, el Ministerio deberá evitar la doble imposición que puede tener lugar si se grava el mismo objeto por dos vías distintas. Este nuevo gravamen será temporal y entrará en vigor en 2023, por lo que no es descartable que se incluya en los presupuestos generales del Estado.
Fuentes de Hacienda explican que el diseño de estas medidas se está llevando a cabo de forma interna en el Ministerio. Es decir, los expertos que elaboraron el libro blanco para la reforma fiscal quedan al margen del paquete que prepara el departamento que dirige María Jesús Montero.
Conflicto entre CCAA y Moncloa
La fiscalidad se ha convertido en una batalla en las últimas semanas. Tras el anuncio de la Junta de Andalucía sobre la bonificación del impuesto sobre Patrimonio, igualando la política fiscal de la Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas han ido anunciando rebajas fiscales.
Galicia ha apostado por deflactar el IRPF para las rentas de hasta 35.000 euros y por ampliar la bonificación sobre el impuesto de Patrimonio hasta el 50%. Murcia también ha aprobado una rebaja del IRPF y ha asegurado que estudia la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio.
Ante esta ofensiva de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y plantear el paquete fiscal que se comentaba anteriormente. Pero ahora el conflicto no es solo con regiones con gobiernos populares, sino que las medidas anunciadas por Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, suponen más presión para que el Ejecutivo ponga en marcha políticas que alivien la carga fiscal de las rentas medias y bajas.
Estas decisiones de las comunidades autónomas complican todavía más el acuerdo para la reforma del sistema de financiación autonómica. Aunque el Ministerio de Hacienda remitirá en las próximas semanas una nueva propuesta de población ajustada, el departamento de Montero da por hecho que no se logrará el acuerdo en esta legislatura.
