Hacienda enviará nuevos datos de morosidad a Bruselas para esquivar la sanción
Bruselas da dos meses a España para reducir la morosidad y la PMcM avisa de que 500.000 empresas podrían quebrar si no se toman medidas
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. EFE/ Ballesteros.
La Comisión Europea ha vuelto a apercibir a España por no pagar a tiempo a las empresas que contratan sus servicios con la administración. Tanto es así, que le ha dado un plazo de apenas dos meses al país para que ponga al día sus deudas y reduzca los altos niveles de morosidad que acumula el sector público o de lo contrario iniciará un proceso de sanción.
La directiva europea sobre morosidad establece que las instituciones públicas deben abonar sus facturas a las empresas que hayan sido seleccionadas para realizar algún servicio en un plazo máximo de 30 días. Mientras que en las contrataciones de los hospitales la horquilla se puede elevar hasta los 60.
Ya en el año 2015 la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España relativo a la aplicación de la Directiva Europea por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, si bien lo suspendió a la vista de las reformas aprobadas por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.
Aunque a nivel general la morosidad de las administraciones españolas se ha reducido, lo cierto es que algunas administraciones, como ayuntamientos y ciertas comunidades autónomas, presentan un plazo medio de pago a proveedores muy superiores al límite de 30 días.
Cabe tener en cuenta que Europa reclama que ese nivel se registre en todas las administraciones y la responsabilidad de ello recae y se la reclama al Reino de España, encargado por tanto de contener la morosidad en todos los niveles.
El Gobierno remitirá información de los plazos
Tras este nuevo aviso de Bruselas por la elevada morosidad de las administraciones públicas desde el Ministerio de Hacienda indicaron a Economía Digital que el Gobierno está comprometido con el cumplimiento de los plazos establecidos en la directiva de morosidad y con no dejar a nadie atrás por la crisis, incluido pymes y autónomos, que son los principales proveedores de las administraciones públicas.
A pesar de las medidas implementadas la amenaza de una sanción está ahí con el ultimátum de dos meses dado por Bruselas, por lo que el Ejecutivo español tiene previsto remitir a Bruselas datos actualizados de los plazos medios de pago a proveedores y trasladar el esfuerzo realizado ya para intentar disminuir la morosidad del sector público, según indicaron a Economía Digital en fuentes gubernamentales.
Una vez que se manden los plazos a Bruselas y la Comisión Europea dé su respuesta el Reino de España el Gobierno decidirá en función de la misma si es preciso acometer nuevas medidas para reducir los plazos de pago o si por el contrario es suficiente y se puede continuar en la línea actual de reducción progresiva.
La situación de los plazos: ayuntamientos, varias CCAA y Estado incumplen
Desde el Gobierno sostienen que los datos muestran que se han ido reduciendo los plazos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Comisión, ya que el PMP de las CCAA se ha reducido un 19,4%, pasando de los 33,45 días en junio de 2018 a los 26,96 días de diciembre de 2020. El dato de diciembre ha supuesto bajar por primera vez de los 30 días desde el inicio de la serie, en abril de 2018.
Con el último dato, referido al mes de marzo, el plazo de pago de las CCAA se redujo a 26,26 días, el mínimo histórico de toda la serie, al tiempo que la deuda comercial de las regiones ha ido bajando en 2021 y en marzo vuelve a registrar mínimos históricos, por debajo de los 3.000 millones, mejorando los datos de enero y febrero. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018, la deuda superaba los 4.000 millones, apunta Hacienda.
Sin embargo, no sucede lo mismo en todas las administraciones, ya que las entidades locales, a pesar de haber logrado reducir un 26% sus plazos desde los 64,66 días que registraban en junio de 2018, continúa por encima el límite de los 30 días, en concreto en 47,9 días cerró el año 2020. De hecho, los ayuntamientos pagaron en el trimestre en 66,03 días, más del doble del límite legal fijado.
En la Administración Central se han logrado bajar los plazos desde los 45,56 días de junio de 2018 a 24,21 días registrados a cierre de 2020, un 46,8% menos. En cambio, en marzo cerró en 33,10 días, por encima también del límite legal.
En el caso de la Seguridad Social, el PMP de 2018 fue de 22,94 días, mientras que en diciembre de 2020 se ha registrado un período medio de pago de 10,55 días, un 54% de reducción. No obstante, en el primer trimestre también subió a 12,36 días.
Jaén tarda 640 días y 4 CCAA incumplen
A pesar del esfuerzo por reducir la morosidad que alude Hacienda y de que ninguna comunidad presenta un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual el Ministerio de Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad, sigue habiendo 4 CCAA que incumplen el plazo de 30 días.
Las regiones que no cumplen con la ley de morosidad, con datos hasta marzo, son Aragón (39,71 días), Cataluña (37,94 días), Castilla y León (31,04 días) e Islas Baleares (30,55 días).
Con los últimos datos disponibles, el resto de regiones se sitúan por debajo: Asturias (29,16 días), Navarra (27,91 días), La Rioja (26,5 días), Comunidad Valenciana (23,04 días), Castilla-La Mancha (22,83 días), Madrid (22,18 días) y Cantabria (19,16 días). Las CCAA menos morosas son País Vasco (19,04 días), Canarias (17,74. días), Andalucía (17,02 días), Galicia (13,15 días) y Murcia (4,11 días).
Especialmente acuciante es el caso de algunos ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran cAnaria, que tarda en pagar a sus proveedores 149,16 días, Moratalla (Murcia(, con 558 días, o la ciudad de Jaén, con una demora de 640,77 días.
Argumentos del Gobierno: financiación récord a CCAA y ayuntamientos
Desde el Ministerio de Hacienda las mismas fuentes también enfatizan que las comunidades autónomas y las entidades locales han recibido este año y el anterior una financiación récord que les ha permitido reducir sus períodos de pago.
En concreto, apuntan que gracias a los recursos transferidos por el Gobierno, las CCAA lograron rebajar por primera vez de los 30 días. De hecho, el último dato de marzo está en 26,26 días, el mínimo histórico de toda la serie. «Ese esfuerzo se ha materializado también en 2020, un año difícil debido a la pandemia, pero donde se han conseguido importantes logros para atajar la morosidad de las administraciones públicas y todas ellas cerraron el año con descensos en relación con el mes anterior», sostienen
Igualmente, recuerdan que se han establecido medidas para dotar de liquidez a las CCAA y entes locales para que puedan afrontar esos pagos y tener sus finanzas saneadas frente a la Covid-19 y «seguirá implantando medidas para amortiguar los efectos de la crisis económica».
PMcM: «Cerrarán 500.000 empresas si no se toman medidas»
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, ha denunciado en declaraciones a Economía Digital que se han incrementado los plazos medios de pago con un deterioro en muchos ámbitos locales y autonómicos, con una media total de unos 77 días, y subraya que hay que hacer el pago una vez se ha prestado el servicio o se ha entregado la mercancía, no cuando se compute la factura.
Cañete también recuerda que la ley de 2011 de las administraciones públicas establece que si una comunidad o ayuntamiento no paga en tiempo, el Gobierno tiene la potestad para hacer el pago a proveedores y retener la diferencia que hay cuando se hace la transferencia a dicha administración. Además, entonces se estableció que el Ejecutivo estaba obligado a pagar los servicios básicos como las nóminas, el agua o la luz y lo siguiente, antes que a cualquier inversor, pagar a los proveedores.
El tema de la morosidad del sector público se torna más grave con motivo de la crisis ya que muchas empresas presentan problemas de liquidez y se han endeudado al acudir a los préstamos del ICO que ahora deben devolver. Y, más grave aún, aparte de la morosidad se dan casos de directamente impagos, con la consecuente pérdida del margen y de la prestación del servicio o la materia prima para a pymes o el autónomo p proveedor. Este nivel subió al 5,4% el año pasado, por lo que el cierre de una de cada tres empresas cerradas se debió a la morosidad.
En este contexto, la PMcM calcula que si no se implementan medidas para atajar la morosidad en España podrían llegar a tener que echar el cierre unas 500.000 empresas, entre el 15% y el 20% del tejido empresarial español.
Régimen sancionador y 80.000 millones pendientes de pago de las cotizadas
El último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) revela que uno de cada tres autónomos sufre morosidad, tanto del sector público como privado, un problema que se agrave ante los problemas de solvencia por la crisis. El prsidnete de ATA, Lorenzo Amor, denunció el aumento de la morosidad y exigió la puesta en marcha de un régimen que penalice y sancione a las administraciones incumplidoras de la ley.
Según dijo el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la rueda de prensa posterior a la presentación del Barómetro XI, «desde hace dos barómetros estamos alertando sobre este incremento de morosidad […] Hay que poner en marcha un régimen que penalice y sancione a las administraciones que están incumpliendo la ley.
Cañete denuncia los incumplimientos de pago a proveedores por parte de las entidades locales cuando estas, recuerda, tienen unos remanentes de 15.000 millones de euros, al tiempo que denuncia también el retraso en la ley de morosidad en el Congreso donde acumula 30 prórrogas.
A este respecto, Cañete denuncia que una encuesta realizada a las empresas por la PMcM refleja que las administraciones pagan a proveedores con una media de 77 días. El presidente de la PMcM y vicepresidente de Conpymes remitió una carta al Banco Central Europeo para preguntar por qué solo se financiaba las grandes empresas y no las pequeñas y entonces Christine Lagarde les respondió que se debía a que estas compañías estaban cotizadas y contribuían a la parte comercial de las pymes.
Sin embargo, al analizar la liquidez de 2019 de las empresas cotizadas se constató que pasó del 15% al 25%, cobran a 64 días y pagan a 193 días de media. Además, estas empresas tienen 80.000 millones de euros pendientes de pago fuera del plazo legal marcado por Europa y España, por lo que Cañete pidió en el Congreso que estas empresas no cobren fondos europeos e inyectar ese montante a pymes y autónomos.
