Hacienda descarta la reforma fiscal que pide Podemos en los Presupuestos de 2022

El Ministerio de Hacienda descarta incluir la reforma fiscal «en profundidad» en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 pese a la petición realizada por uno de los miembros de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, aunque ello no será óbice para que puedan añadirse medidas fiscales «puntuales» en las nuevas cuentas públicas.

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes del departamento de María Jesús Montero, que recuerdan que hay un comité de expertos creado desde el pasado mes de febrero y la intención de Hacienda es esperar a sus conclusiones para poder acometer a futuro una reforma tributaria de calado que podría responder en mayor medida a las peticiones de Unidas Podemos.

El Gobierno dio de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 al Comité de 17 expertos configurado para la reforma fiscal para que presenten sus conclusiones con el fin de impulsar la reforma del modelo tributario español y del sistema de financiación económica.

Medidas puntuales

En todo caso, las mismas fuentes de Hacienda confirman a este medio que las nuevas cuentas públicas de 2022 podrían incluir ya algunas medidas fiscales «puntuales» y es que el Ejecutivo irá recibiendo ya a lo largo de este año algunas recomendaciones del comité de expertos, por lo que previsiblemente se introducirán cambios menores durante las negociaciones y la tramitación de los nuevos Presupuestos.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya descartó también recientemente que se vaya a incluir en los Presupuestos de 2022 la reforma fiscal. “No vamos a abrir en los Presupuestos de 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año”, aseveró.

Algunas de las medidas fiscales que se podrían introducir en los Presupuestos de 2020 podrían pasar por algunos ajustes en los principales impuestos, retomar la intención de rebajar el tipo de gravamen de las pymes del 25% al 23%, la rebaja de los productos de higiene femenina, entre otros, así como un incremento de las cotizaciones sociales que se abordará en el marco del diálogo social en el segundo semestre del año.

Podemos exige incluir la reforma fiscal

Por su parte, los socios minoritarios del Gobierno de coalición han exigido al Partido Socialista avanzar en una reforma fiscal y aplicar el impuesto de sociedades mínimo del 15 %, como acordó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y tienen previsto mantener su petición durante las negociaciones presupuestarias, según señalan fuentes de la formación ‘morada’.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, exigió esta semana que el PSOE siga cumpliendo con el acuerdo de Gobierno suscrito por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en diciembre del año 2019, de forma que se acometa una reforma fiscal que eleve ya el Impuesto de Sociedades, en línea con el consenso internacional en la OCDE y el G-20.

“No hay justicia social si no hay justicia fiscal”, advirtió Serra, en línea con el discurso defendido por Unidas Podemos, que denuncia que la presión fiscal se carga sobre trabajadores, pequeñas y los autónomos, mientras que las grandes empresas «logran escaparse». Las grandes rentas y los grandes grupos empresariales son el principal objetivo en la diana fiscal de Unidas Podemos.

Tipo mínimo del 15% en Sociedades

Por ello, la formación minoritaria de la coalición de Gobierno exige que se traslade el «histórico» pacto alcanzado recientemente por la OCDE para fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a nivel global.

El pasado 1 de julio, 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE suscribieron un compromiso «histórico» para fijar un tipo mínimo del 15% a empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros. 

El consenso contempla aplicar una nueva fiscalidad a las multinacionales, con el fin de evitar que se establezcan en paraísos fiscales y rehuyan de pagar impuestos. No obstante, agunos países como Argentina piden elevar el impuesto al 21%. Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 debaten este viernes y sábado en Venecia este acuerdo de la OCDE y si hay margen para incrementar ese tipo del 15%. 

España apoya como miembro del G20 de Finanzas en Venecia el respaldo al mecanismo de fiscalidad consensuado en el marco de la OCDE, algo que la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cree que puede servir de base para continuar las negociaciones en la Unión Europea (UE). 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho hincapié estos días que la orientación internacional de la fiscalidad “avala y da la razón” a las iniciativas del Gobierno, como la de fijar un tipo mínimo en Sociedades y su defensa de una fiscalidad “progresiva”. 

Armonización fiscal: Ayuso irá a los tribunales

Otro de los asuntos que generarán mayor debate en los próximos meses es el referido a la armonización fiscal, un tema que causó polémica en febrero cuando Montero dejó entrever en el momento de la constitución del comité de expertos que el Gobierno armonizaría al alza los impuestos de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones. 

Una de las regiones más beligerantes contra la pretendida armonización fiscal del Gobierno es la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya avisó el pasado viernes tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa que la región acudirá al Tribunal Constitucional “y donde haga falta” para evitar dicha armonización. 

Ayuso defiende que si hay presidentes autonómicos que se quejan de los bajos impuestos de Madrid, que sean ellos los que reduzcan los impuestos, y rechaza una “fiscalidad a la carta para contentar a los independentistas”. 

Tras las palabras de Ayuso, Montero defendió la política fiscal pretendida por el Ejecutivo en línea con la corriente internacional, y sostuvo que la autonomía fiscal es “intrínseca” al Estado de las autonomías pero ello es compatible con “cierta armonización” que “en ningún c aso supone una subida o bajada de impuestos”. 

Según Montero, las CCAA mantendrán su autonomía fiscal en los impuestos fijados y, eso sí, pide “lealtad institucional” y no caer en la “incoherencia” de acometer una política de bajos impuestos pero luego exigirle al Estado más dinero y por consiguiente una subida de impuestos. 

Fuentes gubernamentales señalan que será en el marco de la financiación autonómica que el Gobierno prevé acometer tras el verano donde se decidirán cuáles son las figuras fiscales que los territorios van a tener cedidas y las otras que se incluirán en un marco de armonización, como Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. La batalla entre el Estado y la Comunidad de Madrid se dirimirá previsiblemente en los tribunales. 

El acuerdo de Podemos y PSOE: los cambios pendientes

Pero más allá del tipo mínimo del 15% en Sociedades que fijará el Gobierno en algún momento, desde Unidas Podemos exigen que se avance en lo acordado en el acuerdo de coalición suscrito en diciembre de 2019, del que ya se han cumplido algunos puntos como la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude o la ampliación del listado de deudores, así como las denominadas tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, el mayor control sobre las ‘sicav’ o el 15% sobre los beneficios no distribuidos de las ‘socimis’.

Sin embargo, en Unidas Podemos subrayan que quedan pendientes la tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos, así como mejoras en la fiscalidad para las pymes, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

También exigen en Podemos seguir incrementando la fiscalidad de las grandes fortunas y continuar avanzando en la nueva fiscalidad verde para desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente, evitando que recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos o pymes. Aquí se encuadra el establecimiento a nivel europeo de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones.

Otro de los puntos pendientes del acuerdo de coalición es el referido a la reducción del tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina, que si bien se llegaron a contemplar para las últimas cuentas públicas, finalmente quedó descartado.