Hacienda abre el melón con los funcionarios: exigen jornada de 35 horas y subida salarial del 3,5%

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ya ha puesto fecha para arrancar las negociaciones con los sindicatos de los empleados públicos tras meses de exigencias por parte de las organizaciones, con las que se citará finalmente el próximo martes 23 de noviembre, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

La cita supone la apertura de una nueva negociación de envergadura para el Gobierno en medio de las complicadas negociaciones sobre la reforma laboral y las pensiones, y el nuevo proceso negociador también se tornará fácil ante las exigencias de los sindicatos de mejoras laborales, como la fijación de una jornada semanal de 35 horas, o una subida salarial del 3,5% para 2022, superior al 2% recogido en los Presupuestos.

También se tendrá que abordar el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV para que los interinos con una antigüedad desde 2016 en la misma plaza (cinco años) pasen a ser fijos sin opositar mediante solo un concurso de méritos, lo que ha despertado las dudas al otorgarse a las comunidades autónomas la competencia para su establecimiento, con los consecuentes posibles agravios territoriales.

Con todo, el departamento de María Jesús Montero está dispuesto ya a proceder a la reactivación del diálogo social para negociar mejoras laborales dirigidas al colectivo de 2,6 millones empleados públicos que, según el último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, conforman la plantilla del sector público en España.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, trasladó estos días a los sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) el compromiso para fijar “un calendario de reuniones en las que tratar aquellas cuestiones que supongan una mejora en las condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas”.

Subida salarial: prioridad ante la tramitación de los Presupuestos

Los sindicatos no desisten en su propósito de elevar el salario de los funcionarios más allá del 2% recogido por el Gobierno en los Presupuestos de 2022 y, ante la tramitación actual de las nueva cuentas en el Congreso, este será uno de los primeros puntos que reclamarán en las reuniones con el Ministerio.

De hecho, los sindicatos se han movilizado ya con la celebración de protestas por parte de CCOO y la presentación de enmiendas también por CSIF y UGT a las nuevas cuentas públicas para exigir un alza retributivo del 3,5% el próximo año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumió el pasado 10 de julio también la cartera de Función Pública y con ello heredó los problemas y reivindicaciones salariales por la pérdida de poder adquisitivo y merma de condiciones de los últimos años.

El Gobierno avanzó a primeros de octubre en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas la decisión de incluir en los Presupuestos una subida del 2% del sueldo para los 2,71 millones de empleados públicos existentes en España.

Sin embargo, los sindicatos ven “insuficiente” el incremento retributivo del 2% como para compensar la inflación, ya que el IPC ya alcanzó en octubre un 5,4% y la media anual ronda el 2,3% o 2,4%. Las estimaciones de Funcas apuntan a que podría concluir el año en un promedio del 2,7%, y para 2022 estima una inflación media del 2,2%, que se situaría en diciembre en el 1,4%.

“No nos gusta nada, no está a la altura ya la dedicación de los empleados públicos en esta pandemia”, señalan desde CSIF a Economía Digital. Desde UGT Servicios Públicos también rechazan la propuesta por “ahondar en la pérdida de poder adquisitivo” de los empleados públicos, en tanto que CCOO no ha acudido directamente a la reunión por considerar una “farsa” la negociación.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden sin embargo que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, tras las subidas aprobadas del 2,25% en 2019, el 2% en 2020 y del 0,9% en 2021.

Pérdida de poder adquisitivo por la inflación

Los sindicatos exigen una subida superior al 2% bajo el argumento de que este año los funcionarios van a perder poder adquisitivo por primera vez desde 2013 por la subida generalizada de los precios. En los últimos año años los trabajadores del Estado han ganado un 5,14%, pero el repunte de la inflación, que en octubre escaló al 5,5%, ha revertido la situación.

En concreto, la pérdida rondará el 1% tras haber visto incrementado su salario en un 0,9% a principio del año, muy por debajo de las previsiones para IPC del Gobierno, que las sitúa en el 1,9% para el conjunto del año.Leer más: Los funcionarios perderán poder adquisitivo por primera vez en ocho años por la subida de precios

CCOO estima que se perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra durante la crisis anterior, y solo se han recuperado 4 hasta ahora. El portavoz del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, precisó que el sindicato demanda para la actual legislatura un marco plurianual de una subida del 2% anual más un 3% en dos años, es decir, un alza de al menos un 3% en 2022 y en 2023.

CSIF también demanda un incremento retributivo del 3,5% para 2022, fijando además una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB con efectos a 1 de enero
de 2022. También exige la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En UGT plantean un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante una fórmula como en el anterior acuerdo con distintas variables, como podrían ser el PIB o la evolución del empleo.

Mejoras laborales: estabilización del empleo y jornada de 35 horas

Además de la subida salarial, los reclamarán en el primer encuentro que el Ejecutivo cumpla el compromiso de trasladar un calendario de reuniones que había prometido para el mes de septiembre, así como las mejoras laborales.

En materia de empleo, los sindicatos reclaman la supresión de la tasa de reposición y CSIF exige la supresión del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. En la misma línea, CCOO pide recuperar el empleo público perdido y acometer el rejuvenecimiento de las plantillas, en la actualidad con un alto porcentaje en edad próxima a la jubilación.

Los sindicatos piden eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos. En materia de derechos laborales, reclaman la implantación de la jornada de 35 horas y CSIF pide la flexibilización de la promoción interna con un curso selectivo, la movilidad voluntaria como sistema de cobertura de puestos de trabajo y el desarrollo de la carrera profesional.

También ven urgente los sindicatos acometer el resto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pendiente desde su publicación en 2007, tanto en lo relativo a la garantía de cumplimiento de los acuerdos, como a la mejora para el acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público (OEP) o la agilización de los procesos selectivos.

Acuerdo en temporalidad

El Gobierno cerró a primeros de julio con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT un acuerdo para la reforma de la temporalidad en las administraciones con el fin de estabilizar el empleo en las administraciones públicas, por el que se harán fijas las plazas de más de 300.000 interinos antes de que acabe el ejercicio 2024.

Otras medidas contemplan que se limitarán los contratos temporales a tres años y se indemnizará con 20 días por año trabajado si se supera ese límite. Una vez que finalice la relación de servicios del personal interino por el cumplimiento del término máximo de tres años para permanecer como tal, esa plaza solo podrá cubrirse por personal funcionario de carrera, salvo en el caso de que el correspondiente proceso selectivo hubiera quedado desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento por interinidad.

Los Presupuestos de 2022 elevan también la tasa de reposición por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios, por lo que se cubrirán todas las sustituciones por cada jubilación o baja y además se creará de nuevo empleo público neto.

En detalle, contempla una tasa ordinaria de reposición del 105%, que se elevaría al 115% en sectores prioritarios, y al 120% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración local. Fuentes gubernamentales confirman también la intención de avanzar en la negociación de un tercer acuerdo de mejora de empleo público para el periodo 2022-2023, tras los alcanzados con el PP para el periodo 2018-2021.

El acuerdo para que interinos que lleven 5 años sean fijos sin opositar

Fuentes gubernamentales confirman a este medio que en las negociaciones también se abordará el acuerdo suscrito entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV para que todos los trabajadores públicos que ocupen una plaza de forma interina e ininterrumpida desde antes de 2016, es decir, con una antigüedad de más de cinco años en el mismo puesto, podrán obtener una plaza fija como funcionario sin realizar oposiciones y solo con un concurso de méritos.

La medida ha abierto dudas sobre su implementación, ya que el acuerdo establece que podrán “ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

De esta forma, las comunidades autónomas serán las encargadas de concretar en buena medida la regulación, lo que podría producir agravios comparativos entre regiones con distintas especificiades y acabar en recursos ante la justicia.

El acuerdo se sustentó la semana pasada en unas enmiendas acordadas por estas cuatro formaciones políticas para su inclusión al proyecto de ley para la regularización de interinos en las administraciones púbicas, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

A los interinos de tres a cinco años de experiencia en la misma plaza se les exigirá un concurso-oposición en los que los ejercicios de la fase de oposición no podrán ser eliminatorios, mientras que aquellos con más de cinco años en la plaza dispondrán de un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 del EBEP.

Todo ello es extendible tanto a las sociedades mercantiles públicas, como a las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público y los consorcios del sector público.

Prisiones y Justicia

Fuentes de UGT señalan a Economía Digital que llevarán a la mesa de negociación los “numerosos asuntos pendientes” en la Administración General del Estado (AGE) en lo relativo a Prisiones o Justicia, actualmente paralizados.

Los sindicatos buscan avanzar en la negociación colectiva para resolver las situaciones de conflicto existentes en algunos ámbitos, como en Justicia por el incumplimiento de lo acordado en Mesa de Negociación o la Ley de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias que precisa de un impulso definitivo para su regulación y reconocimiento a la labor del personal de dicho ámbito.

Precisamente CSIF Prisiones inició el martes un encierro en la sede de Instituciones Penitenciarias ante la situación de abandono de las plantillas.