La guerra en Ucrania sentencia las previsiones del Gobierno y obliga a rebajarlas más de lo previsto

Las perturbaciones económicas de la invasión militar de Ucrania por Rusia en energía y exportaciones provocarán un ‘efecto cascada’ que terminará por dar la estocada final a los cálculos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a las previsiones del Gobierno, ya de por sí cuestionadas desde hace meses por los organismos, de forma que se revisarán a la baja en el mes de abril en mayor medida de lo que ya se contemplaba hacer.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya asumía antes de la invasión militar de Ucrania por Rusia que cada vez había más probabilidades de que tendría que rebajar sus previsiones de crecimiento del cuadro macroeconómico, que apuntan a un avance del PIB del 7% este año, debido a la menor inercia del crecimiento de 2021 de la que preveía y en función de las evolución de las incertidumbres actuales referidas a la alta inflación, los precios energéticos, la crisis de suministros y la capacidad de ejecución de las administraciones de los 26.000 millones de fondos europeos consignados para 2022.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que la rebaja del crecimiento ya será «irremediable» tras desatarse la guerra en Ucrania, ya que aunque España no está tan expuesta como otros países de Europa al impacto de la contienda, habrá «repercusiones económicas» aún «difícil de determinar», ya que dependerán del recrudecimiento y, sobre todo, de la duración del conflicto.

Así las cosas, desde Moncloa señalan que no está previsto adelantar la revisión del cuadro macroeconómico, de forma que la rebaja de previsiones se producirá son con motivo de la remisión del Programa de Estabilidad a Bruselas, «en torno al 30 de abril«, tal y como establece la normativa comunitaria.

El equipo de Nadia Calviño y la Oficina Económica de Moncloa siguen muy de cerca la evolución de los distintos indicadores diarios de actividad, de los que dispone desde hace un tiempo para intentar ajustar sus estimaciones de cara al Programa de Estabilidad, y aunque confiaban en en estos tres meses de margen para que la economía pudiese acelerarse al calor de los fondos europeos y la corrección progresiva de las incertidumbres, entierran esa posibilidad ante el «inevitable» impacto de la guerra.

Aunque por ahora «no hay ninguna cifra» de rebaja concretada porque el «escenario de incertidumbre es muy voluble», las mismas fuentes apuntan a que ésta podría ser incluso superior a los dos puntos en función de la magnitud del conflicto, toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya venía asumiendo la estimación media de los organismos de entorno al 5%, obviando por completo el 7% de su cuadro macroeconómico.

Los distintos organismos económicos y analistas rechacen también sus previsiones en una coyuntura de incertidumbre total. Los últimos trabajos apuntaban en torno a un 5,6% de crecimiento, según el Panel de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que aglutina las previsiones de 20 de los principales organismos y analistas. Giraba en ese en torno el pronóstico de FMI (5,8%), Comisión Europea (5,5%), OCDE (5,5%), BBVA Research (5,5%) o la Cámara de Comercio (5,5%).

El Gobierno pide «cautela» pero presiona en la UE para mitigar los efectos

Por el momento desde el Ejecutivo tratan de lanzar un mensaje de tranquilidad y cautela a nivel nacional respecto a la participación de España en el conflicto, una vez que el viernes la OTAN anunció el despliegue de fuerzas de respuesta ante la invasión rusa de Ucrania pero, a diferencia de otros países, España no contempla por ahora aumentar sus despliegues en el este de Europa.

Sobre las posibles repercusiones desde Moncloa señalan que es «pronto y precipitado aventurarse a calibrar el impacto», al desconocerse cuánto durará y cómo irá evolucionando un conflicto que podría implicar incluso a fuerzas mundiales. De cualquier forma, señalan, tal y como apuntó el viernes en Bruselas en el marco de Ecofin reunido para discutir las consecuencias económicas para Europa de la invasión la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que España tiene una «menor exposición» a la economía rusa que otros miembros de la UE, ya que las relaciones se circunscriben sobre todo al ámbito de los hidrocarburos, pero con una menor dependencia en comparación a otros países.

Sánchez asumió que «sin duda» el conflicto provocará consecuencias económicas en España y la UE, sobre todo en materia energética, pero parece garantizado que la UE lleva un tiempo preparando la respuesta para tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto económico y energético. España está presionando a las autoridades europeas para reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad con el fin de que las subidas del gas y el petróleo derivadas del conflicto no repercutan en la factura de la luz que sufragan los consumidores.

Lo cierto es que en Moncloa no tienen una estimación aproximada de en qué medida podrá afectar a la economía española la contienda en Europa del este pero dan por seguro el impacto en el precio del gas y, con ello, en el precio de la electricidad, a lo que se sumará la incidencia en el comercio bilateral con las 8.700 empresas españolas que el año pasado vendieron por 3.000 millones a alguno de los dos países y de forma especial las consecuencias de las sanciones históricas que está fijando la UE a Rusia.

La Comisión ya ha adoptado paquetes de sanciones históricas contra Rusia por el ataque «injustificado» a Ucrania, que pasan por la prohibición de la entrada a territorio comunitario de una serie de altos cargos europeos o el veto a bancos rusos por el respaldo financiero a la operación. El 70% del sistema bancario ruso y empresas estatales ven restringido el acceso al mercado de capitales y se limitan las transferencia de tecnología, como refinado de petróleo.

Se dilucida una de las mayores posibles sanciones para Rusia, como se ría el cierre del llamado SWIFT, el sistema internacional de pagos para transferencias. El Consejo Europeo acordó el jueves ampliar sanciones individuales y se expanden las sectoriales, con medidas restrictivas que reducirán aún más la capacidad de financiación de instituciones públicas y privadas rusas, limitando los movimientos, transacciones y depósitos y estableciendo un férreo control de las exportaciones, en particular de material de doble uso y tecnológico.

Para poder evaluar el impacto, Economía sigue al dedillo el conjunto de indicadores sintéticos desarrollado por el departamento con datos de actividad diaria reúnen información sobre el uso de tarjetas de crédito, ventas de grandes empresas, ventas minoristas, empleo o consumo de electricidad, entre otros.

El ‘efecto cascada’: del impacto energético al IPC, el consumo y el crecimiento

Las perturbaciones económicas que se deriven de la propia guerra en sí y de las consecuencias de las históricas sanciones que han fijado e impondrán la Unión Europea y Estados Unidos son por ahora imposibles de cuantificar al desconocerse la magnitud, extensión y prolongación del conflicto, pero los expertos consultados por Economía Digital ya hablan de un posible «efecto cascada» en la economía española en caso de que la contienda dure más en el tiempo.

Una de las consecuencias más inmediatas ha sido el aumento exponencial del precio del petróleo, hasta los 100 dólares por. barril, muy por encima de los 63 dólares de media que pronosticaba en Gobierno en su cuadro macroeconómico, que sustenta el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022. Dado que España consumen 1,3 millones de barriles de petróleo solo en ese punto se produciría un desfase de alrededor de 20.000 millones respecto a lo contemplado en el cuadro macro de las cuentas públicas, según cálculos realizados por este medio.

Tal y como explica la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, si las empresas privadas tienen que pagar más por el petróleo que importan, tendrán que cobrar más por la gasolina que luego producen con ese petróleo. El precio del petróleo es solo una de las muchas hipótesis sobre las que se sustentan las previsiones del Ejecutivo, lo que deja ya entrever a a su vez que la inflación será mayor que la esperada por el Gobierno, y por tanto el consumo será menor y el PIB crecerá menos.

Fernández explica también que los impactos sobre el déficit podrían venir por diversas vías, ya que si los consumidores consumen menos bienes y servicios porque la energía se ha encarecido, el Estado recaudará menos por IVA, puesto que aunque pueda recaudar más por IVA de la gasolina, eso es compensado por menos IVA en otros bienes y servicios que los consumidores dejan de consumir, a lo que se suma que los ciudadanos gastarán menos gasolina y bajará la recaudación por el Impuesto sobre hidrocarburos. Al mismo tiempo, muchas empresas pueden recortar su producción porque no les es rentable producir a esos costes.

En paralelo, dicha bajada del consumo unido a este último efecto significa que «se produce menos PIB y por tanto se contrata menos empleo y las empresas tienen menos beneficios, y como consecuencia, el Estado recauda menos por IRPF, por Impuesto de Sociedades y por otros impuestos«, avisa Fernández. En este ‘movimiento de dominó’ también hay que tener en cuenta que las pensiones se actualizan con la inflación, y la subida del petróleo eleva la inflación.

La amenaza de una disrupción en las exportaciones de energía de Rusia está teniendo ya reflejo en los mercados energéticos. Y es que los precios en el mercado a plazo del gas se han disparado cerca de un 30%, algo que, de mantenerse, entraña un encarecimiento de la electricidad y no una desaceleración como se prevé en el escenario central.

Esto, unido al alza del precio del petróleo, redundaría en un incremento del IPC del 5,6%, un punto más que la previsión realizada por Funcas antes del conflicto de Ucrania, pero en el caso de que el riesgo incrementado de que los precios actualmente observados se perpetuara, el IPC se incrementaría hasta el 6,5%, casi dos puntos más que en la previsión pre-conflicto.

Ante el alza del IPC, el Estado gastará más en pensiones, y probablemente también en sueldos porque aumentará los sueldos de los funcionarios. Además, los costes de las compras que realiza el Estado también aumentan, puesto que el Estado también tiene que pagar facturas de la luz y comprar gasolina.