El gran error del SEPE que le costó 17.000 euros a un beneficiario

Después de renovar la ayuda económica dirigida a personas con una edad superior a los 52 años y que se encuentren en situación de desempleo, concedida a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Francisco Hernández, fue notificado de que debía desembolsar 17.000 euros a la Administración Pública por el subsidio que venía percibiendo desde hacía cuatro años.

Hernández cobraba desde el año 2000 una pensión por incapacidad permanente, ya que tenía dos hernias discales. No obstante, en 2018, después de encontrarse desempleado y sin la posibilidad de trabajar completamente a causa de dos hernias discales comenzó a percibir la ayuda para personas desempleadas mayores de 55 años, puesto que en ese año aún se concedía a las personas con esta edad.

Uno de los requisitos para seguir cobrar el subsidio es tener rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A pesar de que, por la venta de una parte de una vivienda heredada percibió 3.000 euros, el SEPE no le puso ningún impedimento para continuar percibiendo la ayuda, si bien ya no cumplía el requisito de carencia de rentas, según apunta el portal noticiastrabajo.com.

Después de estar ingresado en el hospital por una neumonía y no sellar la renovación de la ayuda económica, se vio obligado a realizar este trámite unos días más tarde. A pesar de que la Administración volvió a permitirle percibir el subsidio, unos días más tarde dejó de cobrar el importe. Por ese motivo, se dirigió al SEPE, donde le informaron que estaba denunciado por una cuantía que ascendía a los 16.888 euros y debía devolver el importe íntegro que había estado cobrando durante cuatro años. 

El motivo, según el SEPE, es que ya percibía una pensión de incapacidad permanente absoluta que provenía de sus últimos quince años cotizados, y el subsidio para mayores de 52 años también se extraía de estos mismos años. Hernández asegura que el funcionario confundió el tipo de incapacidad que cobraba, que es total y no absoluta, y que le permite trabajar y cobrar una prestación al mismo tiempo.

Tras presentar ante la justicia toda la documentación entregada en la oficina de empleo, en la que consta que la discapacidad es total, Hernández habrá de esperar hasta el 2 de octubre del año que viene, cuando las dos partes están citadas para ver la decisión que se toma en el juicio.