El Gobierno ultima una oferta récord de empleo público de más de 24.000 plazas
Función Pública eleva su propuesta de oferta de empleo público en la Administración del Estado a más de 24.000 plazas este año y otras 3.787 de estabilización
Fin de la negociación para la esperada Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022. El Ministerio de Hacienda y Función Pública cierra esta semana las negociaciones para lanzar en el mes de junio una oferta de empleo público récord de cerca de 25.000 plazas en la Administración General del Estado (AGE), sin contar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a 3.784 plazas de estabilización.
Así lo confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales y de la negociación, que apuntan a que se va a realizar una última propuesta de oferta para este año que supondrá una nueva mejora respecto a la última realizada en los últimos días de reuniones.
En concreto, el Gobierno está afinando los datos para elevar su propuesta a una oferta de empleo de cerca de 25.000 plazas, de ellas 15.000 de libre ingreso y algo más de 9.000 plazas de promoción interna, lo que supondría una oferta sin precedentes, superior a la del año pasado, que ya fue la mayor de la historia.
Según los cálculos de Función Pública, las bajas en 2021 fueron 9.795, por lo que al aplicarse unas tasas de reposición correspondientes del 110% a nivel general y del 120% a sectores prioritarios se configuraría una oferta de entre 11.000 y 12.000 puestos de trabajo solo para la AGE, si bien ha decidido elevarlo a unas 15.000
A esta oferta de empleo público se sumarían las plazas para la estabilización de puestos interinos, que según las estimaciones realizadas por el Gobierno se concretará en 3.784 plazas. Así las cosas, el Gobierno configurará una oferta de cerca de 28.000 plazas en total, por encima de su anterior propuesta de 26.686 plazas –22.902 plazas (13.855 de acceso libre y 9.047 de promoción interna) y las 3.784 de estabilización–.
Fuentes de la negociación avanzan a Economía Digital que que el acuerdo se cerrará previsiblemente el martes y se podría suscribir en la Mesa General de Negociación de la AGE (Menage) a finales de semana o principios de la siguiente, con la posible asistencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Oferta récord
A finales de julio del año pasado el Gobierno aprobó una oferta de 23.491 plazas (13.982 de nuevo ingreso y 9.509 de promoción interna), que sumadas a los decretos previos para las Fuerzas armadas (1.920 plazas) y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.034 puestos), se totalizó una oferta de empleo público para 2021 récord de 30.445 plazas, un 8,5% más que las 28.055 plazas del año 2020.
Así las cosas, las más de 24.000 plazas de este año, sin incluir las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidas a las 3.784 plazas de estabilización sitúan en cerca de 28.000 las plazas, por lo que cuando se sumen las de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado es «casi seguro» que se registrará otra oferta récord por segundo año consecutivo, anticipan desde el Gobierno.
Los sindicatos valoran la mejora de la oferta pero exigen celeridad en las convocatorias ante la ralentización en la ejecución de las ofertas, ya que en la correspondiente al año 2019 se han finalizado los procesos de 7.796 plazas, en torno al 40% del total del 16.364 ofertadas; en la OEP de 2020 unas 2.038 plazas, el 11% del total de 15.603 vacantes, y en la oferta del año pasado todavía no se puede contabilizar ningún proceso finalizado.
En CCOO ven «inasumible» cualquier propuesta que no suponga la recuperación del empleo público perdido en los últimos años, con 40.000 efectivos menos desde 2011, aunque coinciden en las cifras de la oferta planteada. El portavoz de UGT en la A GE, Antonio. González, valora el «esfuerzo realizado, si bien el sindicato pide un plan plurianual ante el déficit «anacrónico» de más de 43.000 empleados en la última década. Según UGT-Servicios Públicos, en en los últimos años la AGE ha perdido 43.467 efectivos (de 241.142 en 2010 a 197.675 en 2020), lo que supone una destrucción de empleo del 18% en el sector.
En la misma línea, CSI reclamaba un plan plurianual para reforzar la Administración General del Estado con al menos 43.700 nuevos efectivos. Según sus cálculos, la Administración del Estado ha perdido más de 54.000 empleos en 10 años, una cuarta parte de su plantilla.
3.784 plazas de estabilización: la mitad para el CSIC
Según el documento elaborado por Función Pública sobre el personal funcionario, laboral indefinidos no fijos, al que ha tenido acceso Economía Digital, se calcula en 3.784 personas el número de interinos.
La última norma aprobada por el Gobierno estableció que las plazas que hayan estado ocupadas con carácter temporal desde el 1 de enero de 2016 deberán hacer se fijas si se supera el límite de tres años que marca el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para interinidades, ya que estarían en fraude de ley y, por tanto, se debe proceder a su estabilización tras la indicación que dio Bruselas al Gobierno.
La ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público para reducirla por debajo del 8%, que emanó del acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, estableció un nuevo escenario al fijar que todos los trabajadores públicos que ocupen una plaza de forma interina e ininterrumpida desde hace entre 3 y 5 años en el mismo puesto, podrán obtener una plaza fija como funcionario.
Estos tendrán que realizar unas pruebas de oposición que supondrá el 60% de la calificación final, mientras que el 40% restante de la baremación provendrá de la experiencia acumulada mediante méritos profesionales (un 90% como máximo de la puntuación) y méritos académicos (un mínimo del 10% de la puntuación). Las plazas ocupadas por interinos desde el 1 de enero de 2016 por un periodo de más de cinco años tendrán un sistema de concurso de méritos.
Subida salarial del 2% y «parche» para el teletrabajo
El ‘melón’ de la oferta de empleo público se sumará en junio el de la subida salarial, previsiblemente en torno al 2% al plantear el Gobierno moderación salarial, tal y como adelantó este medio.
Además, Hacienda ha aplazado de nuevo la aprobación del real decreto que fija los criterios generales del teletrabajo con tres días de esta modalidad hasta el mes de octubre. Hasta entonces, Hacienda utilizará un ‘parche’ en el plan de ahorro energético en la Administración que aprobará este martes en el Consejo de Ministros, recogiendo la modalidad de trabajo a distancia y flexibilizando algunos puntos respecto a la regulación inicial
En concreto, se va a flexibilizar lo recogido para el futuro decreto, ya que se permitirá combinar la opción de elegir de forma voluntaria tres días de teletrabajo y dos a distancia como estaba previsto, y también tres a distancia y dos de teletrabajo como pedían los sindicatos para aquellos funcionarios que así lo deseen.
Otro cambio importante decidido es el de aplazar al 31 de diciembre de 2024 el periodo transitorio para el aprovisionamiento de equipos informáticos y conexión por la Administración, con lo cual los funcionarios tendrán que encargarse del material ya que la Administración no estará obligada a ello hasta 2025.
Eso sí, se flexibiliza la exigencia de una antigüedad mínima de un año en un puesto para poder optar al teletrabajo como pedían los sindicatos: los trabajadores que sean del mismo organismo a la hora de trasladarse se rebaja la exigencia a seis meses y aquellos con las mismas funciones no tendrán requisito alguno de antigüedad.