El Gobierno ultima un mecanismo para controlar que las empresas morosas no reciben dinero público
El Gobierno bloquea desde hace 19 meses el régimen sancionador contra la morosidad, que acumula 61 prórrogas en el Congreso
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa en Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
La coyuntura económica actual de incertidumbre marcada por el impacto de la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania, la inflación o el fin de la moratoria concursal hacen presagiar un aumento de la morosidad empresarial y los problemas de liquidez y ante ello el Gobierno está ultimando nuevos mecanismos para evitar estas consecuencias.
El Gobierno aprobó el pasado 29 de marzo el Plan nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania con medidas fiscales, ayudas y nuevas líneas ICO por importe de 16.000 millones de euros, pendiente de convalidación la próxima semana, si bien está ultimando un nuevo mecanismo para controlar que las empresas morosas no reciben dinero público en aras de persuadir la tentación de aumento de los plazos de pago y promover el cumplimiento.
En concreto, el Gobierno está preparando un mecanismo de control para garantizar que no exista ninguna empresa que cobre dinero público si no cumple con los periodos que marca la ley de pagar en un plazo inferior a 60 días tanto a proveedores principales como a subcontratistas, según confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales.
Este será uno de los principales cambios que el Ejecutivo tiene previsto incluir vía enmiendas en laLey Crea y Crece’, impulsada por Nadia Calviño y aprobada por el Gobierno a finales de noviembre del año pasado para fomentar la creación y el crecimiento empresarial. Moncloa está diseñando nuevos cambios a introducir en la proposición de ley con el fin de hacerla más eficaz.
Y es que aunque en la norma se excluye el acceso a subvenciones y de la condición de entidad colaboradora de gestión a las empresas privadas que incurran en morosidad, solo se exigía una declaración responsable por lo que en la práctica no se llevaba a cabo una comprobación fehaciente del cumplimiento de los plazos para poder acceder a los recursos públicos, sin embargo finalmente el Gobierno ha accedido a las peticiones de la PMcM y otras asociaciones e instituciones y va a incluir un mecanismo de control para poder cotejar que se cumplen los requisitos de plazos de pago.
El propio secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, trasladó este compromiso a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en el marco de su participación en su asamblea. Fuentes gubernamentales confirman esta decisión y avanzan que se van a introducir otras enmiendas para mejorar el texto de la ley de crecimiento empresarial, actualmente en tramitación parlamentaria.
El Gobierno bloquea desde hace 19 meses el régimen sancionador: 61 prórrogas
Entre tanto, el Gobierno mantiene bloqueado desde hace 19 meses el régimen sancionador contra la morosidad, ya que la Mesa del Congreso acumula 61 prórroga para enmiendas en medio de la presión de grandes empresas y bancos, según admiten a Economía Digital en fuentes parlamentarias. Lo cierto es que las empresas y organizaciones llevan reclamando más de una década la puesta en marcha de un régimen sancionador que frene la morosidad y penalice las demoras en los pagos a proveedores por parte de las grandes empresas y administraciones.
Fuentes parlamentarias avanzan la previsión de que se siga demorando pero se pueda abordar en el Parlamento antes de que finalice la presente legislatura, es decir, antes de diciembre de 2023. Además, el PDeCAT y otros partidos van a presentar en dicha ley enmiendas con la posibilidad de incorporar el régimen sancionador en la Ley ‘Crea y Crece’, de forma que se podría transaccionar la ley del régimen sancionador con esta otra ley.
A finales del año pasado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rechazó en el Congreso la proposición de ley impulsada por el PDeCAT por la que se pretende establecer un régimen sancionador para la morosidad empresarial, al considerar que sería «excesivamente burocrático e ineficaz» y optar por otras vías a explorar con las que atajar el problema de la morosidad en España.
Una de esas vías alternativas es la prohibición de acceder a los contratos públicos y las subvenciones públicas a las empresas morosas, así como finalizar los contratos con las compañías que caigan en la morosidad, según se recoge en la Ley ‘Crea y Crece’. Esta norma permite crear empresas con un euro, eliminar obstáculos, poner coto a la morosidad empresarial y facilitar la entrada de inversores a las pymes, potenciando el crowdfunding.
La ley establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (60 días) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión. A su vez, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.
Igualmente, preveía la creación en el plazo de seis meses un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Las críticas desde CEOE vienen por el hecho de que no se ponga el mismo interés en combatir la morosidad de las administraciones públicas, ante casos flagrantes de ayuntamientos y otras corporaciones que más que triplican los plazos máximos de pago de 30 días con el fin de mejorar la liquidez de las empresas.
Riesgo de cierre de 600.000 empresas
De cualquier forma, la PMcM, que lleva años exigiendo la aprobación del régimen sancionador, ve insuficientes las últimas medidas que está preparando el Gobierno, como el proyecto de Ley “Crea y Crece” y el nuevo plan de pago a proveedores de ayuntamientos, por lo que insta a incluir un “pacto de pagos” dentro del Pacto de Rentas.
Según la PMcM, la inflación, los cambios en las condiciones de la nueva línea del ICO y el fin de la moratoria concursal el próximo 30 de junio están creando una «tormenta perfecta» para disparar los problemas de impagos y llevar al posible cierre de más de 600.000 empresas en España, incluso por encima del volumen de quiebras registrado en la anterior crisis financiera del año 2008.
La organización reclama la ampliación inmediata de la moratoria concursal y también del plazo de amortización de los nuevos avales del ICO, y que sea aplicable, así como el desatasco del régimen sancionador que lleva exigiendo desde hace años.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, urge dedicar los recursos públicos a salvar la actividad económica y no destinarlos a empresas con una situación de inviabilidad por sus problemas de liquidez, como pueden ser las empresas ‘zombies’ que teme que repunten ante la coyuntura actual si no se adoptan medidas.
