El Gobierno da tres meses a las empresas para que adapten sus contratos a la reforma laboral
El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva normativa acordada con los agentes sociales, aunque todavía tiene en el aire la consecución de los apoyos parlamentarios
El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la reforma laboral que permitirá implantar cambios en materia de temporalidad y de negociación colectiva con respecto a la normativa vigente desde 2012. El Consejo de Ministros ha aprobado el texto, que ha sido consensuado con los agentes sociales, y que dejará un margen de tres meses a las empresas para poder adecuar sus contratos a las nuevas exigencias.
La norma entrará en vigor un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin embargo el Ministerio de Trabajo ha decidido incorporar un plazo adicional (vacatio legis) para que los implicados tengan algo de margen. En un trimestre deberán haber aplicado ya todos los cambios que afectarán fundamentalmente a los contratos temporales en sectores con alta temporalidad como la construcción.
Entre las grandes novedades de la reforma laboral está la limitación de la contratación temporal que servirá durante un máximo de un año y bajo dos causas debidamente justificadas La primera, cuando se trate de motivos de sustitución bien definidos, como bajas médicas, embarazos o procesos selectivos. La segunda, se aplicará cuando la empresa argumente razones productivas, pero solo para realizar tareas ocasionales durante 90 días. Si no se cumplen estos casos el contrato por norma general será indefinido.
«Vamos a un único contrato temporal, en el que recuperamos la causalidad, tiene que ser motivada y está muy restringido», ha comunicado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El contrato por obra y servicio desaparecerá en seis meses
Otro de los cambios más sonados es la desaparición del actual contrato por obra y servicio. Gobierno y agentes sociales han acordado poner fin a esta alternativa que permitía mantener a los empleados en una situación temporal con una duración de hasta cuatro años. En este caso, se ha establecido un plazo de seis meses para que los que estén todavía en vigor se extingan y den paso a uno definido.
Yolanda Díaz ha cifrado en ocho millones los contratos que España tiene bajo esta modalidad, lo que implicará un importante cambio en materia laboral en toda España. «Era un gran reclamo la expulsión de uno de los contratos que más fraude causaba», ha explicado la vicepresidenta.
«El contrato ordinario en nuestro país hora mismo es el indefinido»
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno
Para poder encajar las piezas tras estos dos cambios, el Gobierno sí que ha preparado cambios normativos en un nuevo modelo de contrato fijo dedicado especialmente para la construcción o en el mantenimiento de los denominados como fijos-discontinuos que dejan de trabajar en verano por motivos de estacionalidad pero que incorporarán algunos derechos adicionales.
Las recuperación de la ultraactividad o la aplicación del convenio sectorial en las subcontrataciones son otras de las dos grandes novedades en este texto de 44 páginas que es el resultado de un acuerdo a tres bandas entre Gobierno, sindicatos y patronal. Aunque todavía no goza de una mayoría parlamentaria afianzada para salir aprobado cuando llegue al Congreso.
Lo que la ministra de Trabajo no ha querido aclarar es si el texto finalmente se presentará en forma de decreto o como proyecto de ley, después de que algunos de sus socios por excelencia como Esquerra Republicana (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) o EH Bildu hayan mostrado su descontento con el contenido.